Situación de los derechos humanos en Nicaragua

53° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Actualización oral sobre la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua

Declaración de Nada Al-Nashif
Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos

Distinguido Vice- Presidente,
Excelencias,
Señoras y Señores,

Es un honor para mí presentar esta actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, según lo dispuesto por resolución 52/2.

Desde la última actualización del Alto Comisionado al Consejo el 3 de marzo de este año, nuestra Oficina ha documentado casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionariado del Estado en el contexto de un deterioro constante de la situación general de los derechos humanos. Las restricciones del espacio cívico, junto con el progresivo desmantelamiento del Estado de derecho, siguen impidiendo el pleno ejercicio y disfrute de los derechos humanos, en particular de quienes tienen opiniones disidentes de las del Gobierno.

Persiste el silenciamiento de las voces críticas en un contexto de miedo y hostigamiento generalizados por parte de las autoridades, que prácticamente no deja espacio para ningún debate público abierto e inclusivo. En abril y mayo se produjeron nuevas oleadas de privaciones arbitrarias de libertad, entre ellas de personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas, miembros del movimiento campesino y personas vinculadas a la Iglesia católica. El 3 de mayo se informó de la detención arbitraria de 63 personas en todo el país. Esa misma noche, 55 de ellas fueron acusadas de "conspiración para atentar contra la integridad nacional" y "difusión de noticias falsas". Estos delitos son utilizados habitualmente por las autoridades para criminalizar a la oposición política y la labor legítima de las personas defensoras de los derechos humanos, utilizando para ello el sistema judicial.

En los últimos meses, nuestra Oficina también ha documentado la prohibición de reingreso de al menos 6 nacionales nicaragüenses, así como obstáculos para la obtención de pasaportes nacionales por parte de familiares de cualquier persona opositora o percibida como opositora al Gobierno. Estas medidas han dado lugar a separaciones familiares, con un impacto significativo en los niños y niñas afectados. Otras medidas, como la confiscación de bienes, incluidas propiedades privadas, pensiones de jubilación, cuentas bancarias, han afectado negativamente a más de 300 personas privadas de su nacionalidad, así como a sus familiares.

Desde marzo, se ha cancelado la personalidad jurídica a un total de 119 organizaciones de la sociedad civil y 8 universidades. Además, se ha intensificado la persecución de los miembros de la Iglesia católica. Ésta reportó que seis de sus miembros fueron expulsados del país y otros cuatro detenidos sólo este año. El caso del obispo Rolando Álvarez es emblemático de esta tendencia. Actualmente cumple una condena de 26 años, impuesta sin juicio previo, en la cárcel "La Modelo" de Tipitapa (cerca de Managua), y sigue sometido a condiciones de detención que violan las normas y estándares internacionales de derechos humanos, como la prohibición de visitas y unas condiciones higiénicas y sanitarias inadecuadas. Las cuentas bancarias de al menos tres diócesis fueron congeladas después de que la Policía Nacional acusara a la institución de lavado de dinero.

Además, durante las celebraciones de Semana Santa, los agentes de policía habrían hostigado e intimidado a sacerdotes y participantes en procesiones de al menos cuatro iglesias de todo el país. Este hostigamiento tuvo el mismo efecto que una prohibición de facto, ya que éste llevó a la Iglesia Católica a cancelar la mayoría de las procesiones y reuniones por temor a represalias.

La libertad religiosa es un elemento fundamental de las sociedades democráticas. Seleccionar y promover ciertas confesiones que el Gobierno percibe como políticamente favorables, mientras se persigue a otros, constituye una violación de una serie de derechos, entre ellos el derecho a la libertad de religión o creencia.

Los pueblos indígenas siguen siendo víctimas de ataques y hostigamiento, según informes, por parte de colonos. El 11 de marzo, cinco personas fueron asesinadas en la comunidad indígena Mayangna Wilú. El 24 de abril también fue asesinado un líder indígena de la comunidad Alal, en la reserva de Bosawas. Unas 60 familias de esta comunidad abandonaron sus hogares a consecuencia del asesinato, al menos la mitad de ellas han regresado desde entonces. Al igual que en anteriores ataques contra pueblos indígenas, el Gobierno no ha condenado públicamente los ataques ni ha facilitado información sobre las investigaciones.

Nuestra Oficina pide a las autoridades competentes que tomen todas las medidas necesarias para investigar todos los ataques y asesinatos en las comunidades indígenas de la Costa Caribe, de conformidad con las normas y estándares de derechos humanos. Las autoridades también deben prevenir los abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas, tomando medidas adecuadas de protección.

Excelencias,

El sistema internacional de derechos humanos se construyó para proteger a todas las personas cuando su vida y el disfrute de sus derechos corren peligro; y éste es el caso de Nicaragua en la actualidad. Cinco años después del inicio de la crisis, Nicaragua aún no ha abordado los problemas expuestos en esta actualización y en anteriores informes al Consejo.

Reitero mi llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que restablezcan un diálogo significativo con nuestra Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas; y para que cumplan sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y sus compromisos voluntarios de garantizar que todos los y las nicaragüenses puedan disfrutar de sus derechos humanos.

A tal fin, insto a las autoridades a:

1. Poner fin y revertir todas las medidas en vigor, medidas que están erosionando el Estado de derecho, el espacio cívico y los derechos humanos.
2. Liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad, restableciendo los derechos de las personas privadas de nacionalidad.
3. Cesar la persecución contra la Iglesia católica y los actores de la sociedad civil, y restaurar la personalidad jurídica de todas las asociaciones, medios de comunicación y universidades canceladas arbitrariamente desde 2018.
4. Garantizar la rendición de cuentas por las violaciones presentes y pasadas, también para preservar el camino hacia un diálogo nacional, inclusivo y participativo.
5. Anclar cualquier proceso político en los derechos humanos, de acuerdo con los principios de participación, transparencia y rendición de cuentas.
6. Aprovechar su examen nacional ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, previsto en octubre, para volver a colaborar de forma constructiva con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Distinguido Presidente,

Excelencias,

Al conmemorar el 75th aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en este espíritu de compromiso constructivo, invito a Nicaragua a presentar, en el marco de estas celebraciones, compromisos que signifiquen un cambio de rumbo hacia la superación de la crisis de derechos humanos en el país y el logro de avances en la realización de tales derechos para todos y todas las nicaragüenses, y todas las personas que viven en el país. Más concretamente, hago un llamamiento a las autoridades para que ratifiquen los instrumentos de derechos humanos de los que Nicaragua aún no es parte, en consonancia con los compromisos adquiridos en el último Examen Periódico Universal que realizó en 2019.

Nuestra Oficina está dispuesta a apoyar a Nicaragua a través de un diálogo significativo y constructivo y mediante la provisión de cooperación técnica extendida a instituciones tanto nacionales como locales para asegurar una protección efectiva de los derechos humanos de todos y todas las nicaragüenses.

Gracias.