Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua

Distinguido Presidente,
Excelencias,

Presento mi informe sobre Nicaragua, de conformidad con la resolución 46/2, cubriendo el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Las preocupaciones expresadas en nuestra actualización oral del 14 de diciembre de 2021 siguen siendo válidas y se reflejan en este informe. Lamento que las recomendaciones que hemos hecho al Gobierno desde 2018 no se hayan implementado.

Reconozco los esfuerzos del gobierno para alcanzar algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en favor de la igualdad de género y respecto al gasto en salud y en educación.

Sin embargo, poder cumplir con la Agenda 2030 también requiere construir sociedades pacíficas, justas, tolerantes, abiertas e inclusivas, que brinden igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los derechos humanos. Faltan avances en este sentido.

Me preocupa que siga sin garantizarse la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018. La rendición de cuentas es el núcleo del Estado de derecho.

Mi Oficina ha documentado que al menos 43 personas continúan detenidas en el contexto de las elecciones de 2021, que estuvieron caracterizadas por restricciones a los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política. Lamento la muerte en detención el mes pasado de Hugo Torres, un destacado líder de la oposición que fue arrestado antes de las elecciones. Varios detenidos sufrieron un deterioro de su salud en los últimos meses.

Al menos 29 de estos detenidos continúan recluidos en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, en violación de las garantías al debido proceso y presuntamente en condiciones inhumanas. El contacto con sus abogados ha sido indebidamente restringido, lo que ha impedido su defensa. También han sido privados de todo contacto o comunicación con sus hijos menores de edad.

Asimismo, observo con profunda preocupación la reciente reanudación de los juicios contra algunos de estos hombres y mujeres durante el mes pasado y las duras sentencias de prisión aplicadas a al menos 34 personas, sin respetar el debido proceso. Deben establecerse garantías para asegurar la realización de juicios justos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.    

Al mismo tiempo, también hemos seguido documentando detenciones arbitrarias y hostigamiento por parte de agentes estatales contra defensores de derechos humanos, periodistas y abogados. Durante 2021, mi Oficina documentó el hostigamiento a 20 mujeres y 6 hombres, y al menos cuatro defensoras de derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente. También se han documentado cuarenta casos de intimidación, amenazas, criminalización y campañas de desprestigio por parte de funcionarios del Estado contra trabajadores de los medios de comunicación.

Se deben tomar medidas urgentes para asegurar su pronta liberación y garantizar la integridad física y psíquica de las personas detenidas arbitrariamente, incluido otorgar acceso a mi Oficina para visitarlos. Las autoridades deben cesar, condenar públicamente y sancionar cualquier ataque o acoso contra activistas políticos, periodistas y defensores de derechos humanos

También me preocupan las actuales cancelaciones de la personalidad jurídica de varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil. En los primeros dos meses de 2022, la personalidad jurídica de 12 Universidades y 26 organizaciones no gubernamentales han sido canceladas por la Asamblea Nacional, sin posibilidad de que sus representantes pudieran ejercer el derecho a la defensa. En 2021, 54 organizaciones sin fines de lucro fueron canceladas y prohibidas de la misma manera.

Insto encarecidamente a Nicaragua a derogar las leyes aprobadas desde 2018 que restringen indebidamente el espacio cívico y democrático, en particular la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042); Ley 1040 de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. También recomiendo armonizar la legislación penal y electoral en línea con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Los pueblos indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas territoriales, la mayoría de ellos en total impunidad. En 2021, el ACNUDH recibió información de al menos seis ataques e incidentes violentos, que resultaron en al menos 11 hombres indígenas asesinados, una mujer y una niña violadas y siete personas heridas, incluidos dos niños. Es urgente garantizar la rendición de cuentas en estos casos para evitar que se repitan.

También son necesarios mayores esfuerzos para respetar los derechos de las mujeres nicaragüenses, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos. Fuentes de la sociedad civil reportaron 38 feminicidios en la primera mitad de 2021, un aumento del 81 por ciento con respecto al mismo período en 2020. Nicaragua también continúa teniendo el mayor número de embarazos adolescentes de la región.

Excelencias,

El temor a la acción represiva de las autoridades en respuesta al ejercicio de las libertades fundamentales es profundamente perjudicial para los derechos humanos del pueblo nicaragüense.

Los y las nicaragüenses continúan buscando vidas dignas y seguras fuera de su país. El número de solicitantes de asilo en terceros países durante 2021 habría sido el más alto desde el año 2018. Al menos 144.000 nicaragüenses salieron del país.

Señor Presidente,

Con elecciones municipales programadas para noviembre de 2022, resulta urgente que el Gobierno tome medidas para restablecer un proceso electoral creíble, justo y transparente, como se recomienda en nuestros informes. Todos los nicaragüenses deben poder ejercer libre y plenamente sus derechos civiles y políticos, independientemente de su afiliación política.

También insto al Gobierno a iniciar un diálogo nacional, como ofreció el Presidente en enero de 2021. El diálogo debe ser inclusivo desde todo punto de vista y debe tener como objetivo garantizar una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos que continúa afectando profundamente al país. Animo a las autoridades a elaborar una hoja de ruta de compromisos claros basados en la buena fe y en las normas y estándares internacionales de derechos humanos, y a garantizar que el proceso de diálogo pueda ser observado por garantes internacionales imparciales. Mi Oficina está lista y disponible para acompañar este proceso.

Nuestra Oficina también está lista para ayudar al Gobierno y al pueblo de Nicaragua a promover los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Otorgar acceso al país a nuestro personal y a los titulares de mandatos de Procedimientos Especiales constituiría un importante gesto de apertura de cooperación con el sistema de Naciones Unidas.

En el contexto actual, debo instar al Consejo a continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Nicaragua y considerar todas las medidas para promover los derechos humanos y la rendición de cuentas.

Gracias, Señor Presidente.