Comentario de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la muerte de al menos nueve manifestantes en Sudán

Estoy muy preocupada por la muerte ocurrida ayer de al menos nueve manifestantes a manos de los cuerpos de seguridad del Sudán -entre ellos, un joven de 15 años- incluso después de que la policía anunciara que no usaría fuerza letal para dispersar las manifestaciones.

Según los informes, las fuerzas conjuntas de seguridad emplearon munición real, gas mostaza y cañones de agua contra los manifestantes que protestaban por millares en ciudades y pueblos de todo el país.

Las últimas muertes, que ocurrieron en un periodo en el que las comunicaciones móviles y el acceso a Internet estaban bloqueados en el país, hicieron aumentar a 113 el número de fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado del año pasado. Hasta el momento, nadie ha tenido que rendir cuentas por estos hechos.

Según fuentes sanitarias, la mayoría de los fallecidos presentaban heridas de bala en el pecho, la cabeza o la espalda. Las fuerzas de seguridad también han arrestado al menos a 355 manifestantes a lo largo y ancho del país, comprendidas unas 39 mujeres y una cifra considerable de niños.

He insistido de nuevo ante las autoridades sudanesas en que la fuerza solo debe usarse cuando sea estrictamente necesaria y siempre en cumplimiento cabal de los principios de legalidad, necesidad, precaución y proporcionalidad. En ningún caso es admisible el uso de la fuerza para disuadir o intimidar a los manifestantes para que no ejerzan sus derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica, o para amenazarlos con represalias si tratan de ejercerlos. La fuerza letal es una medida de último recurso y solo debe aplicarse ante una amenaza inminente a la vida o el peligro de sufrir lesiones graves.

Los derechos a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación en los asuntos públicos están amparados por el derecho internacional de los derechos humanos y figuran en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual el Sudán es Estado Parte.

Insto a las autoridades a que lleven a cabo una investigación independiente, transparente, exhaustiva e imparcial acerca de la respuesta de las fuerzas de seguridad, de conformidad con los criterios internacionales pertinentes, entre otros el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas, y que lleven a los responsables ante los tribunales. Las víctimas, los supervivientes y sus familias tienen derecho a la verdad, la justicia y las reparaciones.