Crisis medioambiental: La Alta Comisionada reclama liderazgo por parte de los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos

العربية | English | Русский

48º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
 Tema 2: actualización mundial por parte de la Alta Comisionada
 Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

13 de septiembre de 2021

Distinguido Presidente,
Excelencias,
Colegas y amigos, 

Mi declaración de esta mañana pondrá al día al Consejo sobre una serie de cuestiones y temas  en materia de derechos humanos que son motivo de preocupación para mi Oficina. Durante el desarrollo de este período de sesiones también se tratarán las siguientes situaciones específicas: Afganistán; Belarús; Camboya; República Democrática del Congo; la región de Tigray en Etiopía; Georgia; Myanmar; Nicaragua; el Territorio Palestino Ocupado; Filipinas; Sudán meridional; Sri Lanka; Sudán, Siria; Ucrania; Venezuela; y Yemen.

Señora Presidenta, 

Un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es la base de la vida humana.  Pero actualmente, debido a la acción humana, y a la inacción humana, la triple crisis planetaria del cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad está afectando directa y gravemente a una amplia serie de derechos, que incluye los derechos a una alimentación adecuada, agua, educación, vivienda, salud, desarrollo e incluso a la vida misma.

Durante los últimos meses se han producido sucesos climáticos extremos y fatales para las personas de todas las regiones: incendios de enormes proporciones en Siberia y California; inundaciones repentinas de gran magnitud en China, Alemania y Turquía; olas de calor en el Ártico que ocasionaron emisiones de metano sin precedentes; además de la persistencia de una sequía interminable, desde Marruecos y Senegal hasta Siberia, que potencialmente condujo a millones de personas a la miseria, hambre y desplazamiento.

Mientras tanto, la contaminación, que se alimenta de los mismos patrones de consumo y producción insostenibles que produce el cambio climático, se calcula que es responsable de 1 de cada 6 muertes prematuras, a la vez que la crisis de extinción también ocasiona perjuicios devastadores para los derechos humanos y los modos de vida. 

Las crisis interrelacionadas de contaminación, cambio climático y biodiversidad actúan como multiplicadores de amenazas, intensificando los conflictos, tensiones y desigualdades estructurales, además de arrojar a las personas a situaciones cada vez más vulnerables.  Conforme estas amenazas medioambientales cobran más fuerza, acabarán por convertirse en el mayor desafío de nuestra era para los seres humanos. 

Este panomara es ahora dolorosamente palpable.  La mayor incertidumbre sobre estos desafíos es saber qué van a hacer los responsables políticos para solucionarlo.

En Madagascar, cientos de miles de personas se enfrentan a una hambruna extrema tras cuatro años sin lluvias, lo que ha llevado al Programa Mundial de Alimentos a advertir sobre «la primera hambruna mundial provocada por el cambio climático».       Al menos 1,14 millones de personas de la región meridional necesitan alimentos de emergencia, y está previsto que esta crisis que sufre el pueblo de Magadascar y su desarrollo sigan empeorando.

La emergencia humanitaria en los países del Sahel se ve agravada también por el cambio climático, el cual según el informe del mes pasado del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ha sido más intenso y rápido en África que en cualquier otra parte del mundo.   Una desertificación en incremento; largas sequías seguidas de inundaciones repentinas; y un acceso desigual a los recursos naturales hacen aumentar las vulnerabilidades existentes, en especial la inseguridad alimentaria. Agravadas por una deficiente gestión de los recursos naturales; patrones tradicionales de pobreza y desigualdades; acceso inadecuado a servicios básicos; además de altos índices de desempleo juvenil y discriminación contra las minorías, mujeres y niñas, estas tendencias empujan a las personas al desplazamiento, empeoran los conflictos y la inestabilidad política, además de provocar el reclutamiento por parte de grupos extremistas violentos.  En esta situación debe quedar claro que no puede existir una solución meramente militar para los conflictos de esta región. 

Hasta la fecha, cuatro millones de personas en todo el Sahel han sido desplazadas, según cálculos de ACNUR, y la emergencia humanitaria se está convirtiendo en una «crisis excepcional», según  la OCAH.

El sostenimiento de la paz exige de enfoques con base en los derechos humanos.  Para poder ayudar a estas respuestas, la Oficina está implementando un proyecto en la región del Sahel, con especial atención a Mauritania, Níger y Nigeria, con el propósito de identificar las lagunas en protección que sufren las comunidades afectadas por el cambio climático y la migración, reforzando la capacidad de los agentes locales, nacionales y regionales para identificar medidas que hagan realidad los derechos de estas comunidades.   En Mauritania, esto incluye la colaboración con familias de migrantes que huyeron de inundaciones y deslizamientos de tierras en Sierra Leona en 2017, así como con comunidades de pescadores que se han desplazado desde Senegal debido al descenso de las poblaciones de peces. En Níger, estamos trabajando con una comunidad rural de la que ha salido un número excepcional de migrantes; mientras que en Nigeria, estamos buscando soluciones en localizaciones que son a la vez lugares de origen, tránsito y destino para migrantes que se desplazan como respuesta a fenómenos metereológicos extremos, tierras degradadas y conflictos provocados por los recursos.   

Es urgente que en este contexto los estados que se encuentran negociando actualmente el Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020 integren acuerdos explícitos para incluir enfoques basados en los derechos humanos en las medidas en favor de la biodiversidad. 

Los paises de Asia Central son también especialmente vulnerables al cambio climático y a fenómenos meteorológicos extremos, cuyas consecuencias se ven agravadas por las deficiencias en la protección de los derechos humanos.   La escasez de agua está llevando en la actualidad a un riego insuficiente y a una pérdida de cosechas, lo que perjudica a la seguridad alimentaria.  El impacto para las personas en situaciones de pobreza se ve aumentado por la insuficiente participación pública en la toma de decisiones, en especial, a nivel local; el apoyo insuficiente por parte del Estado a los agricultores, incluyendo los esfuerzos de planificación estratégica a niveles central, local y de gobierno autónomo; así como por una escasa rendición de cuentas por el desarrollo rural y respuesta ante los riesgos.   Las personas afectadas han de enfrentarse de forma rutinaria a dificultades en el acceso a protección social y otros servicios públicos y a la hora de comunicar sus necesidades. 

Estos factores son todos puntos de partida para reformas políticas que podrían lograr un cambio transformador para las vidas y esperanzas de millones de personas en toda la región, ayudando a resolver reivindicaciones y manteniendo a comunidades y sociedades en el buen camino para lograr los ODSs.

El desplazamiento debido al desastre medioambiental es un fenómeno particularmente grave en Asia, donde el Observatorio de Desplazamiento Interno ha informado que en 2019, China, Bangladesh, India y Filipinas presenciaron un mayor desplazamiento por desastres que todos los demás países juntos, lo que ascendió a un 70 por ciento del total mundial. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático del mes pasado describe unas previsiones preocupantes para el Asia meridional en concreto.

En Bangladesh, un informe ha calculado que para antes de 2050, el 17% del país estará sumergido debido al aumento del nivel del mar, dejando a 20 millones de personas sin hogar. Las Maldivas, donde más del 80 por ciento de su superficie terrestre se encuentra a menos de un metro por encima del nivel del mar, ya sufre daños graves que irán empeorando según sube el nivel del mar.  Asimismo, en muchas partes de Asia sudoriental, que incluye a Indonesia, Malasia, Myanmar, Tailandia y Vietnam, las previsiones señalan que antes de 2050 las mareas altas diarias podrían inundar zonas donde viven en la actualidad más de 48 millones de personas, a la vez que las inundaciones anuales afectarían como promedio los hogares de más de 79 millones de personas. 

El acceso al agua está especialmente en peligro en Oriente Medio y el Norte de África. Se deben tomar medidas inmediatas para lograr políticas medioambientales y de gestión de recursos que sean más sostenibles con el objeto de hacer frente a este problema constante.  Con una proyección de descenso de la precipitación en la región de entre un 20 y un 40 por ciento en un planeta que ya es 2ºC más caliente, y que puede alcanzar el 60 por ciento si el calentamiento alcanza los 4 ºC, este es un reto a largo plazo de gran magnitud. 

Ningún responsable político de ninguna parte del planeta puede ignorar unas previsiones de esta gravedad y repercusión, incluyendo para los desplazamientos.  Dichas previsiones tendrán efectos económicos, sociales, culturales y políticos en cascada que afectarán a cualquier sociedad del mundo. 

Nuestra Oficina Regional en el Pacífico ha venido alertando a los implicados sobre la necesidad de tomar medidas inmediatas de corte global, regional y nacional, que incluyan esfuerzos más decisivos para proteger a los más vulnerables.  También hemos realizado esfuerzos conjuntos a través del programa de Seguridad Humana, Migración y Cambio Climático en el Pacífico, el cual tiene como objeto respaldar un nuevo marco político regional para el Pacífico para la movilidad ocasionada por el cambio climático, ya se trate de desplazamiento interno o de migración entre fronteras, de manera forzada o voluntaria.   Animo a todos los países de la región, en especial a los estados miembros del Foro de las Islas del Pacífico, a que apoyen el desarrollo de un marco regional basado en los derechos humanos para abordar la movilidad por razones climáticas, con ayuda de las Naciones Unidas.

La región del Corredor Seco en América Central – en especial en Guatemala, El Salvador y Honduras – supone un ejemplo llamativo del impacto del cambio climático para la pobreza, desplazamiento y derechos humanos fundamentales.  La disminución de las precipitaciones y la mayor frecuencia de los huracanes están provocando una crisis humanitaria que avanza con rapidez.  Según informa la OCAH, se calcula que casi 8 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria grave en 2021 en el norte de Centroamérica, y que casi 8,3 millones de personas necesitan de asistencia humanitaria, un aumento del 60% desde comienzos de 2020.   El Banco Mundial ha sugerido que si no se toman medidas para prevenir los efectos del cambio climático, 3,9 millones de personas en América central y México podrían verse obligadas a abandonar sus hogares antes de 2050. 

La recuperación de los ecosistemas del Corredor Seco y el reconocimiento de los derechos de sus habitantes ayudará a sustentar los medios de vida y a prevenir el desplazamiento. En Honduras, mi Oficina ha respaldado las iniciativas por parte de la comunidad Reitoca para disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales a la vista de las graves repercusiones que conlleva el cambio climático y la sequía.  En Guatemala mi Oficina ha dado su apoyo entre otros a la ratificación e implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en abril y compromete a los Estados a proteger a los defensores de derechos humanos medioambientales y el derecho a un medioambiente saludable.

Cuando las personas se ven obligadas a desplazarse debido a que su medioambiente ya no puede sustentar una vida con dignidad, el obligarles a volver a esta situación no solamente es un acto sin principios, es también completamente insostenible.  Además de adoptar enfoques basados en los derechos humanos para el desplazamiento interno, insto a todos los países a trabajar conjuntamente para ampliar las rutas para una migración segura y regular para aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus países en el contexto de la degradación medioambiental.  Es necesario considerar los visados humanitarios cuando no es posible la adaptación en los países de origen; cualquier devolución debe cumplir con el principio de no-devolución, además de regirse por un carácter de voluntariedad, seguridad y sostenibilidad. 

Señora Presidenta, 

La Resolución 40/11 del Consejo reconoce firmemente la contribución de los defensores de derechos humanos medioambientales al disfrute de los derechos humanos, la protección medioambiental y el desarrollo sostenible.  No obstante, en numerosas regiones, los defensores de derechos humanos medioambientales son amenazados, acosados e incluso asesinados, a menudo con total impunidad. En varios países, parece que las transformaciones económicas resultantes de la pandemia han provocado un aumento de la explotación de los recursos minerales, los bosques y las tierras, con las consiguientes amenazas. El mayor riesgo de abusos y violencia lo corren los pueblos indígenas, cuyos derechos, conocimientos y usos tradicionales son críticos en los esfuerzos globales para detener la degradación medioambiental, además de las mujeres jóvenes y niñas que luchan por defender los derechos medioambientales. 

En Brasil, estoy consternada por los recientes ataques contra miembros de las poblaciones Yanomami y Munduruku por parte de mineros ilegales en el Amazonas.   También resultan bastante preocupantes los intentos por legalizar la entrada de empresas en territorios indígenas, y de limitar la demarcación de tierras indígenas, de manera especial a través de un proyecto de ley que está siendo estudiado en la Cámara de Representantes. Insto a las autoridades a dar marcha atrás en las políticas que afectan de manera negativa a los pueblos indígenas, y de abstenerse de retirarse del Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Mi Oficina está también preocupada por el nuevo proyecto de legislación anti-terrorista en Brasil, la cual incluye disposiciones excesivamente vagas y generales que conlleva un riesgo de abusos, en especial contra activistas sociales y defensores de derechos humanos. 

Tal como ocurre en muchos otros países, los defensores de derechos medioambientales en varios estados de Asia sudoriental continúan enfrentándose a criminalización, acoso, vigilancia y otras restricciones indebidas de sus derechos.  Activistas medioambientales han sido detenidos por protestar por las concesiones de tierras que provocan una deforestación masiva y que tienen el objeto de crear espacio para la agricultura industrial. Existen muchas cuestiones preocupantes relacionadas con desafíos estructurales, institucionales y legales de larga data para el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas.  Incluso en los casos en que los gobiernos se han esforzado por conservar los bosques, estas iniciativas han sido a menudo insuficientes ante el nivel de conservación sostenible y basado en los derechos humanos que se necesita.

Excelencias,

Enfrentarnos a la triple crisis medioambiental que sufre el planeta es un imperativo humanitario, un imperativo de los derechos humanos, un imperativo para la consolidación de la paz y un imperativo para el desarrollo. 

Y también es un objetivo factible. 

La lucha y la recuperación ante la pandemia de COVID-19 exigirá del gasto de miles de millones de dólares para volver a construir y respaldar las economías nacionales.  Las decisiones políticas pueden orientar ese gasto hacia nuevas direcciones sostenibles que aborden las desigualdades y estimulen soluciones innovadoras y medioambientales que también defiendan y promuevan los derechos humanos.  De hecho, varios estados han suscrito nuevos e importantes acuerdos climáticos en los últimos meses.  Además, en junio, la Unión Europea aprobó una nueva Ley del Clima que establece la obligación legal de lograr la neutralidad climática antes de 2050, y que exije una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE en comparación con los niveles de 1990.  Este objetivo no será fácil en sí mismo: supone que los países de la UE tengan que reducir las emisiones en los próximos 8 años en un grado superior al conseguido en las tres décadas anteriores. Y con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, será necesario adoptar medidas aun más ambiciosas. 

La inversión en una recuperación justa puede suponer una contribución vital para lograr un futuro prometedor.  Pero este es un cambio que desgraciadamente no se está llevando a cabo de un modo sistemático y firme. Lamento profundamente que según un reciente  estudio realizado por el FMI, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros, solamente el 18,0% del gasto para la recuperación de la pandemia anunciado por las 50 economías más importantes del mundo puede considerarse como «ecológico».   

A través de la Agenda 2030, el Acuerdo de París y otros instrumentos, los estados se han unido en torno a una visión transformadora en favor de un desarrollo sostenible y centrado en las personas, aunque muchos de ellos no han cumplido a la hora de financiar y ponerlo en práctica. 

Debemos fijar el listón más alto; ciertamente, nuestro futuro común depende de ello. Mi Oficina se encuentra desarrollando nuevas directrices para los enfoques de recuperación, conservación y financiación climática basados en los derechos humanos, y colabora con Estados miembros para apoyar una transición justa a una economía sostenible y basada en los derechos humanos.

El daño medioambiental generalmente perjudica más a los menos protegidos —las personas más pobres y marginadas, y las naciones más pobres, que suelen tener la menor capacidad de respuesta—. Según un estudio de la Organización Meteorológica Mundial , más de dos tercios de las muertes por desastres de tipo meteorológico e hídrico desde 1970 se han producido en los países menos adelantados. Un informe publicado por UNICEF el mes pasado constató que 33 países expuestos a un ‘riesgo sumamente elevado’ de amenazas climáticas y ambientales, tales como la contaminación del aire, olas de calor o sequías, solo emiten colectivamente el 9 por ciento de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, aunque casi la mitad de los 2,2 mil millones de niños del mundo viven en ellos.

La explotación histórica y décadas de prácticas económicas insostenibles por parte de agentes en países desarrollados sostienen ampliamente estas realidades. Por tanto, hace seis años en París, los Estados reafirmaron que los países desarrollados deberían proporcionar una mayor asistencia financiera y técnica para la acción climática a las economías en desarrollo. Ello también resulta clave para el ODS 17, relativo a la revitalización de la alianza mundial.
Las obligaciones de derechos humanos de los Estados les exigen cooperar para el cumplimiento gradual de los derechos humanos a escala mundial, y esto debería incluir claramente una financiación adecuada, por quienes mejor puedan costearla, de la mitigación, la adaptación, así como de las pérdidas y los daños del cambio climático. Mi Oficina y otros tantos socios, en las negociaciones sobre el cambio climático de la COP26, defenderemos con firmeza una acción climática más ambiciosa, basada en los derechos e inclusiva, e insto en especial a los Estados miembros del Consejo a demostrar su liderazgo a este respecto.

Tampoco hay que olvidar el gran riesgo de exposición de las mujeres y niñas a los daños climáticos y ambientales que se ha construido económica, social y culturalmente durante décadas y generaciones. Junto con la repercusión desproporcionada de la COVID-19 en mujeres y niñas, el PNUD estima que, para finales de este año, habrá 118 mujeres de 25 a 34 años de edad que viven en la pobreza extrema por cada 100 hombres, lo cual aumentará a 121 mujeres por cada 100 hombres para 2030. Esta situación resulta intolerable para toda medida de derechos humanos.  

Señora Presidenta, 

La ley internacional de derechos humanos protege los derechos a la participación, el acceso a la información y el acceso a la justicia. Garantiza a todas las personas los derechos a beneficiarse de la ciencia y sus aplicaciones, y a compartir de forma equitativa los beneficios del desarrollo, lo cual exige que protejamos las condiciones básicas necesarias para la vida —entre ellas, un clima estable y seguro, aire y agua limpios, biodiversidad y ecosistemas saludables, y un medio ambiente no tóxico—. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se basa en los derechos humanos, constituye una hoja de ruta para obtener soluciones que puedan ayudar a sanar nuestro planeta y a garantizar que la humanidad prospere.

El Llamamiento a la Acción en favor de los Derechos Humanos del Secretario General compromete a todos los órganos de las Naciones Unidas al trabajo conjunto para ayudar a los Estados a abordar estas y otras cuestiones cruciales para nuestro medio ambiente. Nuestra Oficina seguirá colaborando con nuestros socios en todo el sistema de las Naciones Unidas y fuera del mismo para apoyar con urgencia esta labor. El Llamamiento a la Acción ha servido como un impulso fundamental para profundizar la alianza del ACNUDH con el PNUMA, y me complace anunciar el próximo lanzamiento del Programa conjunto de Derechos Ambientales en los siguientes meses para mejorar la protección de los defensores de derechos humanos en relación con el medio ambiente y el espacio cívico, integrar los derechos humanos, entre ellos, el derecho a un medio ambiente adecuado, satisfactorio y saludable, en todas las negociaciones relevantes y los procesos de las Naciones Unidas, además de ayudar a desarrollar la capacidad nacional de fomentar y proteger los derechos humanos.

Los órganos de tratados también desempeñan un papel normativo importante en este ámbito. Tras la declaración conjunta de gran alcance sobre los derechos humanos y el cambio climático realizada por cinco comités en 2019, el Comité de los Derechos del Niño se pondrá en contacto con Estados, expertos y cientos de niños para preparar una Observación general relativa a los derechos de los niños y el medio ambiente. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también continúa su labor en torno a las Observaciones generales sobre el desarrollo sostenible y sobre la tierra.

Las instituciones nacionales de derechos humanos también están respondiendo a la necesidad urgente de acción. La Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en su conferencia anual de diciembre del año pasado, se centró en el cambio climático y se comprometió a adoptar acciones concretas orientadas a apoyar la acción climática basada en los derechos y a mejorar el seguimiento y la presentación de informes sobre estas cuestiones. Mi Oficina y otros agentes, en el marco del Llamamiento a la Acción, colaboran estrechamente con las INDH para apoyar el cumplimiento de estos compromisos.

Asimismo, proseguiremos con nuestra labor de ayudar a los Estados a promover una economía de derechos humanos que invierta en salud, protección social y otros derechos económicos y sociales fundamentales, y que apoye el desarrollo sostenible para beneficiar a las personas y a su planeta. Y reforzaremos aún más nuestra labor con las empresas y los derechos humanos a escala regional y nacional, mediante la colaboración con las empresas y los interesados afectados para desarrollar la capacidad de hacer frente a los riesgos que atañen a las personas en actividades comerciales perjudiciales, incluidas las relacionadas con el cambio climático y la degradación medioambiental.

Señora Presidenta, 

Junto con este debate sobre las crisis medioambientales urgentes que enfrenta la humanidad, también me gustaría señalar a la atención del Consejo un número de situaciones específicas y que evolucionan rápidamente.

En Chad, una hoja de ruta formal para la transición adoptada en julio por el gobierno de transición incluye disposiciones para establecer un diálogo nacional, una nueva Constitución y referendo constitucional, reformas jurídicas importantes, así como elecciones nacionales para septiembre de 2022. Asimismo, menciona un mapeo planificado de la situación de derechos humanos en Chad como un paso hacia la adopción de una política y un plan de acción nacional sobre derechos humanos. También se hace referencia al establecimiento de una comisión para verificar detenciones ilegales o arbitrarias, y a la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. Estas son señales alentadoras en un país que se enfrenta a amenazas graves y cada vez mayores relacionadas con el clima y el conflicto, incluidas las actividades extremistas violentas y los enfrentamientos violentos entre agricultores y pastores. La Oficina está dispuesta a ayudar a las autoridades a aplicar sus compromisos en materia de derechos humanos.

En Malí, tras el golpe de estado de mayo —el segundo en 10 meses— actividades extremistas violentas y graves abusos y violaciones de derechos humanos continúan con la misma intensidad, y se propagan también a zonas anteriormente no afectadas en el sur del país.  Al menos 948 civiles han resultado asesinados, heridos y secuestrados entre enero y junio a manos de grupos armados, o desaparecidos por las fuerzas de defensa y de seguridad de Malí. La impunidad de los autores de esos delitos constituye un factor de importancia que contribuye a esta situación deteriorada.

Al igual que el Secretario General, sigo de cerca la situación en Guinea, donde lamento la imposición de otra transición de poder no democrática a la población del país. La población de Guinea, como la de Malí, Chad y, en realidad, de todo Estado, merece una gobernanza sólida por parte de representantes de su elección que afronten sus necesidades e inquietudes. Insisto en que las nuevas autoridades de facto en Guinea, a todos los niveles —y en todos los sectores del servicio público, incluido el militar— deben respetar las obligaciones del país conforme al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Me inquieta el deterioro considerable de la situación de derechos humanos en la República Centroafricana. De febrero a junio de 2021, nuestro personal ha registrado un aumento del 76 por ciento de incidentes, entre otros, asesinatos, que los perpetraron en su mayoría grupos armados; la cantidad de víctimas registradas aumentó en un 88 por ciento respecto al mismo periodo del 2020. Los patrones de larga data de impunidad son motivo de preocupación en el país debido en parte a la debilidad de las instituciones nacionales y a la falta de sistemas judiciales independientes y operativos. Algunos tribunales se han reanudado y los magistrados se han redistribuido, aunque la inseguridad sigue obligando a numeroso personal judicial a huir por motivos de seguridad. No obstante, el Tribunal Penal Especial sigue operativo y requiere mayor apoyo financiero.

En Haití, el terremoto del mes pasado ha añadido más sufrimiento a la profunda crisis de derechos humanos del país. Animo a todos los agentes involucrados en las iniciativas de reconstrucción a enfocarse en la necesidad de desarrollar una mayor capacidad de recuperación para el país, con un avance sostenible en los derechos económicos y sociales, y con especial atención a mujeres y niñas. El asesinato del presidente Moise muestra la inseguridad desenfrenada del país. Nos preocupan especialmente los ataques continuados al personal judicial y a los defensores de derechos humanos.

En la República Checa, acojo con agrado la legislación adoptada el mes pasado que permite a mujeres y hombres recibir compensación por haberles esterilizado ilícitamente y sin consentimiento. Durante más de 45 años y hasta 2012, cientos de personas —en particular, las mujeres romaníes— fueron víctimas de esterilización forzada. Confío en que este reconocimiento importante sea el preludio de esfuerzos mayores por parte del gobierno para combatir la discriminación contra el pueblo romaní.

Tomo nota con gran interés del nuevo Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos 2021-2025 de China, el cual se emitió este mes, junto con su enfoque en el cambio climático, el medio ambiente, la privacidad digital y las prácticas empresariales responsables. Espero examinarlo en busca de posibles áreas de compromiso y cooperación. Lamento no poder informar de ningún progreso en mis esfuerzos por conseguir un acceso significativo a la región autónoma de Xinjiang Uyghur. Mientras tanto, mi Oficina está finalizando su evaluación de la información disponible sobre denuncias de graves violaciones de derechos humanos en esa región, con vistas a hacerla pública para finales de año.

Las restricciones de las autoridades indias a las reuniones públicas, los cortes de comunicación temporales y frecuentes, persisten en Jammu y Cachemira, mientras cientos de personas siguen detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y los periodistas se enfrentan a una presión cada vez mayor. El uso continuado de la Ley (de prevención) de actividades ilegales en toda India es preocupante, y Jammu y Cachemira presentan el número más elevado de casos del país. Aunque reconozco los esfuerzos del gobierno por luchar contra el terrorismo y fomentar el desarrollo en la región, esas medidas restrictivas pueden ocasionar violaciones de derechos humanos y fomentar más tensiones y descontento.

En Nepal, espero que el nuevo gobierno adopte medidas tempranas para restaurar la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de un proceso transparente en consonancia con los Principios de París. El compromiso de las autoridades de priorizar la enmienda de la ley sobre la justicia de transición brinda una oportunidad para que los enfoques nuevos revitalicen el proceso, en consulta con las víctimas y en conformidad con la normativa internacional.

En Iraq, la falta de depuración de responsabilidades por las violaciones de derechos humanos contra los manifestantes —y contra otras personas que expresan críticas— facilita la repetición de esos delitos. Dicha impunidad, y los ataques violentos continuados contra las personas que han criticado asesinatos, secuestros, torturas y otras violaciones graves, plantean graves cuestiones de cara a las elecciones del próximo mes. Nuestro reciente informe conjunto con la UNAMI describe testimonios creíbles de tortura en muchos lugares de detención, lo que hace temer que las salvaguardas para prevenir la tortura no se cumplen rutinariamente.  La tortura no solo es ilegal y sin escrúpulos, también alimenta los discursos de extremistas violentos, por lo que insto a la adopción de medidas urgentes para poner fin a esta situación. Asimismo, recomiendo un cambio y la plena aplicación de la Ley de las supervivientes yazidíes, aprobada en marzo, que dispone la reparación, el cuidado y la rehabilitación para las supervivientes de delitos selectivos cometidos por el grupo EIIL, los cuales pueden considerarse crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Siete años después, muchas yazidíes siguen desaparecidas, las supervivientes aún se enfrentan a grandes retos, y muchas permanecen en campamentos de desplazados. En la región del Kurdistán, la UNAMI ha observado obstáculos continuados a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluso el procesamiento de periodistas por acusaciones dudosas y sin el debido proceso.

En Túnez, donde la Oficina ha trabajado durante una década para apoyar el compromiso de la población con la democracia, la justicia y la dignidad, la suspensión del Parlamento por parte del presidente y el despido del Primer Ministro plantean interrogantes constitucionales para la protección efectiva de los derechos humanos en el futuro. Aunque los esfuerzos para combatir la corrupción son significativos, los procedimientos judiciales independientes, con pleno respeto de las garantías de un juicio justo, resultan necesarios para resolver estas acusaciones contra las personas. Además, animo a que se adopten medidas reformistas encaminadas a respetar plenamente el principio de separación de poderes. La libertad de expresión —incluido el derecho a criticar a las autoridades— y la libertad de prensa resultan fundamentales para toda sociedad sólida y no deberían menoscabarse. La Oficina seguirá prestando asistencia a las medidas de la justicia de transición y trabajará en pro de las aspiraciones del pueblo tunecino a los derechos económicos y sociales y las libertades fundamentales, entre otros, pidiendo a la comunidad internacional un apoyo continuado.

En Líbano, las crisis sociales, económicas y políticas conjuntas están dejando repercusiones graves y profundas en los derechos humanos. Los cortes de electricidad y la escasez de combustible dificultan gravemente los servicios esenciales, incluido el funcionamiento de hospitales, colegios y los servicios de agua. La pobreza sigue aumentando: en marzo, se estimó que el 78 por ciento de la población libanesa vivía en la pobreza, y un 36 por ciento en la extrema pobreza. El precio de los alimentos y bebidas básicos aumentó un 670 por ciento entre abril de 2019 y abril de 2021. En este contexto, las tensiones entre las comunidades y dentro de estas son un motivo de preocupación creciente. Además, aunque debería elogiarse a Líbano por acoger a un gran número de refugiados sirios, ahora se enfrentan a una situación humanitaria particularmente extrema. Me inquietan los informes continuos de detenciones y deportaciones de sirios sin el debido proceso y las salvaguardas de no devolución adecuados, así como las dificultades y la vulnerabilidad sufridas por trabajadores migratorios, un 75 por ciento de los cuales son mujeres, agudizados por el sistema de patrocinio kafala.

En el Territorio Palestino Ocupado, lamento los casos constantes y en aumento del uso excesivo y totalmente injustificado de la fuerza contra los civiles palestinos por parte de las fuerzas de seguridad israelíes. Las fuerzas israelíes han asesinado a 54 palestinos, entre ellos, 12 niños, en la Ribera Occidental en lo que va de año; más del doble que todo 2020. Más de 1.000 personas han resultado heridas con munición real. El recurso habitual de la fuerza letal contraviene claramente la normativa internacional. Asimismo, me preocupan sumamente las represiones a la oposición por parte del gobierno del Estado de Palestina en los últimos meses. Las fuerzas de seguridad palestinas, durante las protestas que siguieron al asesinato del activista Nizar Banat en junio, hicieron un uso injustificado de la fuerza contra los manifestantes pacíficos. Un miembro de mi personal que estaba supervisando las protestas se encontraba entre los numerosas personas que resultaron golpeadas. El arresto de docenas de activistas en agosto sugiere que la represión se está intensificando. Insto a las autoridades a garantizar la seguridad de los manifestantes y a respetar las libertades fundamentales.

En Eswatini, me preocupan las noticias del uso excesivo e injustificado de la fuerza contra personas que se habían manifestado de forma pacífica en pro de reformas democráticas en los últimos meses. Además de las muertes y las palizas, las protestas también han tenido por respuesta arrestos y detenciones arbitrarias masivas, incluso de niños. Solicito la realización de las investigaciones pertinentes y la rendición de cuentas por estas violaciones de derechos humanos. En términos más amplios, me inquietan las restricciones legislativas del espacio cívico, y el uso de la legislación antiterrorista contra críticos y manifestantes. La detención continuada de manifestantes sin cargos también resulta inquietante. Un mayor respeto de las libertades fundamentales fomentaría más confianza en las autoridades, incluso en el contexto de las iniciativas gubernamentales hacia un diálogo nacional. Debería hacerse una evaluación clara de las causas principales de esta crisis, entre otras, las desigualdades y deficiencias en los derechos económicos y sociales. Mi Oficina está dispuesta a ofrecer su apoyo.

En Zambia, valoro la transferencia pacífica de poder del mes pasado, así como el compromiso expreso del nuevo gobierno de reforzar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho con un enfoque diverso e inclusivo. Las políticas que se basan en los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo, ayudarán al país a superar las cuestiones críticas, tales como la pobreza y las desigualdades que deberían atajarse.

Excelencias,

La semana pasada el Secretario General presentó un plan estructurado para abordar las crisis a las que se enfrenta nuestro planeta y para garantizar una mayor paz y bienestar a nuestros pueblos. El Programa común representa una iniciativa de solidaridad y un planteamiento a largo plazo que cumple nuestros principios y puede recuperar la confianza de las personas en el futuro. Sus doce compromisos alimentan las esperanzas de un mundo que, en lugar de tambalearse de una crisis a la calamidad, consigue sobrevivir y resolver las amenazas con la orientación del principio y el ejercicio de la previsión y la solidaridad.

Está en nosotros decidir.

Gracias, señora Presidenta.