Declaración Conjunta: Personas con Discapacidad y COVID-19 por el Presidente del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en representación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Enviada Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad

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1. La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es un tratado internacional de derechos humanos, cuyo marco, desarrollado por el Comité, proporciona a los Estados una estructura jurídicamente vinculante para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas relacionadas. Este no es solo el caso para aquellas metas que se refieren explícitamente a personas con discapacidad, sino para todos los objetivos y metas. También incluye medidas para garantizar que las vidas y los derechos de las personas con discapacidad estén adecuadamente protegidos frente a la pandemia de COVID-19.

2. El artículo 11 de la CDPD establece que los Estados partes tomarán todas las medidas posibles para garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad en la respuesta nacional a situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Esto comprende medidas en todas las áreas de la vida de las personas con discapacidad, incluida la protección de su acceso al más alto nivel posible de salud sin discriminación, bienestar general y prevención de enfermedades infecciosas, medidas para garantizar la protección contra actitudes negativas, aislamiento y estigmatización que pueden surgir en medio de la crisis.

3. La Agenda 2030 establece metas destinadas a responder a las epidemias, especialmente mediante el logro de la cobertura sanitaria universal, asegurando el acceso a medicamentos y vacunas, promoviendo la salud mental y el bienestar, reforzando la capacidad de todos los países en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de riesgos para la salud nacional y mundial.

4. Al implementar sus obligaciones bajo la CDPD y cumplir con los compromisos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, los Estados estarán en condiciones de salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Al hacerlo, los Estados deben considerar la diversidad entre las personas con discapacidad, con un enfoque particular en el género, la edad, y la situación de las personas con discapacidad que enfrentan privaciones y adversidades.

5. Los Estados deben garantizar la seguridad e integridad de las personas con discapacidad y acelerar las medidas de desinstitucionalización de las personas con discapacidad de todo tipo de instituciones. La pandemia de COVID-19 ya ha afectado a hogares de personas mayores, hospitales psiquiátricos y otros centros de detención, donde existen mayores riesgos para las personas con discapacidad que aún se encuentran en ellos.

6. El Presidente del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad exhortan a todas las autoridades pertinentes a adoptar medidas para responder adecuadamente a la pandemia de COVID-19, asegurando la inclusión y la participación efectiva de las personas con discapacidad.

7. Los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud y proporcionar a las personas con discapacidad la  misma variedad, calidad y nivel de atención médica que se brinda a otras personas, incluidos los servicios de salud mental. Los estados también deben continuar brindando a las personas con discapacidad los servicios de salud requeridos por las personas con discapacidad específicamente debido a su discapacidad. Durante la actual pandemia de COVID-19, el Estado debe impedir la denegación discriminatoria de atención médica o servicios que salvan vidas, alimentos o líquidos por motivos de discapacidad.

8. Los Estados deben garantizar que las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, sean consultadas e involucradas activamente en la planificación, implementación y monitoreo de las medidas de prevención y contención de COVID-19.

9. Los Estados deben salvaguardar la provisión de alimentos, medicamentos y otros suministros para personas con discapacidad en situaciones de aislamiento y cuarentena. La gama de apoyo en la comunidad, incluido el cuidado domiciliario y de asistencia personal, y los servicios de rehabilitación, cuando sean necesarios, deben garantizarse y no discontinuarse, ya que son esenciales para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Todos los servicios relacionados con la crisis de COVID-19, incluido el asesoramiento médico remoto / telefónico, las instalaciones de cuarentena, la información pública, incluida la información sobre suministros y servicios esenciales, deben ser accesibles para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás y deben proporcionarse en plataformas accesibles en varios  formatos, modos y métodos alternativos de comunicación.

10. Hacemos un llamado a los Estados para que garanticen que se otorgue prioridad a las situaciones de pobreza y privación de las personas con discapacidad en sus planes de gestión de crisis. Los Estados deben garantizar que las dificultades económicas durante la crisis se aborden también con respecto a las personas con discapacidad, quienes  pueden enfrentar la pérdida de empleos y barreras adicionales para satisfacer las necesidades básicas esenciales.

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