Declaración de Michelle Bachelet sobre las recientes sanciones impuestas a Venezuela

Ginebra, 8 de agosto 2019

“Estoy profundamente preocupada por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos de las personas en Venezuela del nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos de América esta semana. Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales.”

La economía venezolana sufrió una contracción del 47,6 por ciento entre 2013 y 2018 según las cifras oficiales. Con las nuevas sanciones que restringen aún más la actividad económica, me preocupa que las compañías y las instituciones financieras puedan preferir ser cautelosas y detener completamente las transacciones relacionadas con el Gobierno de Venezuela, en vez de de correr el riesgo de ser penalizadas por infringir las sanciones.

Como he insistido antes, las causas de la crisis económica en Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas. Sin embargo, las sanciones económicas impuestas en agosto de 2017 y enero de 2019 han exacerbado los efectos de la grave crisis –y por extensión de la situación humanitaria- dado que la mayoría de las divisas externas provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están relacionadas con el mercado de los Estados Unidos.

Tomo nota de que las recientes sanciones técnicamente no se aplican a las “transacciones relacionadas con las provisiones de artículos, tales como alimentos, ropa y medicinas que buscan dar respuesta al sufrimiento humano”. Sin embargo, es posible que aun así lleguen a exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas, debido especialmente a la existencia de un escrutinio excesivo (over-compliance) por parte de las instituciones financieras en el mundo que tienen relaciones comerciales con los gobiernos de los Estados Unidos y de Venezuela.

Existe evidencia suficiente que muestra que las sanciones unilaterales con efectos amplios pueden terminar afectando negativamente los derechos fundamentales de las personas, incluyendo sus derechos económicos, así como sus derechos a la alimentación y salud, y que pueden implicar obstáculos para el acceso a la asistencia humanitaria. Incluso las sanciones más dirigidas y concretas, deben de contener garantías estrictas de protección de los derechos humanos.

Llamo a aquellos actores que pueden tener influencia–tanto en Venezuela, como en la comunidad internacional- para que trabajen de manera conjunta y constructiva en la solución política de esta prolongada crisis en el país, colocando en primer plano los derechos humanos de las personas que sufren en Venezuela.

FIN

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