Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el asesinato de un líder indígena en Amapá (Brasil)

El asesinato de Emrya Wajãpi, líder del pueblo indígena wajãpi, es un hecho trágico y reprobable en sí mismo. También es un síntoma perturbador del creciente problema que plantea en Brasil la invasión de las tierras de los indígenas –en particular, de los bosques- por parte de mineros, leñadores y granjeros. 

La política propuesta por el gobierno brasileño de abrir a la minería nuevas zonas de la Amazonia podría propiciar más actos de violencia, intimidación y homicidio como los que se perpetraron contra el pueblo wajãpi la semana pasada. 

Es indispensable que las autoridades reaccionen con celeridad y eficacia a fin de investigar este incidente y que presenten a sus responsables ante los tribunales, con arreglo a la ley. Además, es preciso tomar medidas para salvar las vidas y preservar la integridad física del pueblo wajãpi, incluso haciendo que las autoridades protejan su territorio. 

La protección de los pueblos indígenas y de sus tierras ha sido un asunto importante en el mundo entero, no solo en Brasil. Aunque en los últimos años se han logrado algunos progresos, también hemos visto que las leyes y políticas vigentes se han aplicado sin mucha energía y, en algunos casos, se han desmantelado los marcos institucionales y medioambientales indígenas que ya existían, como ahora parece que ocurre en Brasil.

Insto al gobierno de Brasil a que proceda decididamente a frenar la invasión de los territorios de los pueblos indígenas y a que les garantice el ejercicio pacífico de sus derechos colectivos a la tierra. Cuando los pueblos indígenas son desplazados de sus tierras, no se trata únicamente de una cuestión económica. Tal como expresa claramente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas*, ese desarraigo afecta a la totalidad de sus modos de vida.

Exhorto al gobierno de Brasil a que reconsidere sus políticas relativas a los pueblos indígenas y a sus tierras, de manera que el asesinato de Emrya Wajãpi no sea el preludio de una nueva ola de violencia orientada a atemorizar a esa comunidad para obligarla a abandonar sus tierras ancestrales y permitir así una destrucción más amplia del bosque tropical, con todas las repercusiones, científicamente demostradas, que eso podría tener en la intensificación del cambio climático.

FIN

*La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada en 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, hace hincapié en los derechos de esos pueblos a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, usado o adquirido, así como a su derecho “a no ser desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados” (Artículo 10). Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer sus relaciones espirituales con sus tierras y otros recursos, y a defender sus responsabilidades hacia las generaciones futuras en este sentido. Los pueblos indígenas también tienen el derecho de conservar y proteger el medio ambiente y la capacidad productiva de sus tierras. En este aspecto, les asiste el derecho de decidir y determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el uso y desarrollo de sus tierras. De conformidad con la Declaración, los Estados deben otorgar reconocimiento jurídico y protección a esas tierras, territorios y recursos.  Además, el Convenio 169 de la OIT, que Brasil ratificó en 2002, estipula que, en virtud del artículo 16, “los pueblos interesados no deberán ser trasladados de las tierras que ocupan. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa”.