Discurso inaugural de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

Distinguido Presidente,
Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
Excelencias,
Colegas y amigos:

Es un honor para mí que me hayan conferido este mandato de asistir a los Estados en la defensa de los derechos humanos de sus pueblos, en este año en que celebramos el 70º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Declaración Universal es un compromiso con valores y políticas que han generado enormes beneficios a millones de personas. Este Consejo, mi Oficina y cada Estado Miembro de las Naciones Unidas deben seguir persistiendo en esta labor. El futuro mismo de nuestro mundo depende de esta tarea.

Quiero reconocer el coraje y los logros de mi predecesor, el Alto Comisionado Zeid. Su activismo, su humanidad y su formidable inteligencia han hecho progresar la causa de los derechos humanos y han ampliado la capacidad de acceso y la repercusión de nuestra Oficina. Zeid llegó a ser un auténtico vocero de quienes no tienen voz: las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Las necesidades y los derechos de esas personas deberían ser siempre el eje principal de nuestra labor. Los derechos humanos expresan el propósito fundamental de las Naciones Unidas: sólo podremos alcanzar la paz, la seguridad y el derecho sostenible para todas las sociedades si fomentamos la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos. Tengo el propósito de honrar, en el desempeño de mi cometido, tanto el espíritu como las prácticas establecidas por mis predecesores.

Aporto a este mandato mi experiencia en el servicio público y la dedicación de toda mi vida a contrarrestar el odio y velar por la igualdad y el respeto para todos.

Yo he sido presa política y mis padres fueron presos políticos. He sido refugiada y médico –incluso he tratado a niños que fueron víctimas de la tortura y la desaparición forzosa de sus padres. He dirigido un organismo de las Naciones Unidas y he tenido el honor de ejercer en dos ocasiones la presidencia de mi país.

Estamos en vísperas del día en el que los chilenos conmemoramos el golpe de Estado ocurrido hace 45 años y su secuela de lustros de brutal opresión y derramamiento de sangre. Mi país ha conocido el dolor y el terror que genera la tiranía. Puedo decir con orgullo que hemos sido capaces de superar las divisiones y afrontar retos considerables, y hemos creado instituciones que permiten una participación más amplia y más libertad, justicia y dignidad para nuestro pueblo.

De modo que aporto a la causa de los derechos humanos la diversidad de culturas que han enriquecido mi enfoque del servicio público. Aporto mi compromiso de salvar las diferencias entre comunidades y promover el respeto, el bienestar y la libertad.

Aporto mi adhesión esencial al valor, la dignidad y la abnegación de todos los activistas y defensores de derechos humanos.

Aporto mi convicción absoluta de que la colaboración entre todos los actores, por conducto de las instituciones multilaterales, puede solucionar los complejos desafíos que afronta el mundo y que mediante la defensa de los derechos humanos, mi Oficina –al igual que este Consejo- puede garantizar la existencia de sociedades más justas y respetuosas, que convivan en un contexto de seguridad y desarrollo sostenible.

La buena gobernanza se basa en la identificación y corrección de los déficits en materia de acceso a la justicia, la dignidad y la igualdad, de modo que todos podamos vivir en sociedades más respetuosas y armoniosas, y disfrutar de un desarrollo más dinámico y sostenible.

La medicina idónea se basa en fomentar la resiliencia: fortalecer el proceso de curación e intervenir para interrumpir los síntomas patológicos.

Y los derechos humanos son una medicina poderosa, que cura heridas y fomenta la resiliencia.

Excelencias:

Las diferencias políticas quizá dividan a algunos de los países aquí presentes. Pero la defensa de los derechos humanos cumple a los intereses de todos los Estados. Sus pueblos tratan de realizar un programa común: derechos, desarrollo sostenible y paz.

Sólo si actuamos concertadamente lograremos progresar hacia ese horizonte. Si socavamos las instituciones multilaterales como ésta, fracasaremos ante los retos que afrontan nuestros pueblos.

Yo he admirado profundamente gran parte de la labor realizada por este Consejo, con sus mecanismos y expertos. El Examen Periódico Universal garantiza un escrutinio novedoso de la actuación de cada Estado en materia de derechos humanos. Las pesquisas que llevan a cabo las misiones de investigación y los Procedimientos Especiales de este Consejo han revelado hechos esenciales que es preciso abordar y han puesto de relieve la necesidad de aplicar determinadas recomendaciones.

La ampliación de la agenda de este Consejo y el incremento de su labor no sólo constituyen un testimonio de los fracasos del mundo en la defensa de los derechos humanos, sino que son un distintivo de su importancia.

Estoy convencida de que este Consejo debe buscar el consenso. Creo que debería existir un mayor compromiso por parte de todos los Estados Miembros –nada de disputas estériles, nada de retiradas, sino un trabajo colectivo, coordinado y colaborativo para sostener los principios esenciales y los objetivos comunes-.

Kofi Annan, por quien sentí el más profundo respeto, solía decir que en nuestro mundo, complejo y globalizado, “ningún país, por rico o poderoso que sea” puede aspirar a solucionar por sí solo los problemas que afrontan los Estados. Y cito: “Los gobiernos tienen que mostrar el coraje y la lucidez necesarias para mirar más allá de sí mismos en busca de soluciones y para establecer nuevos marcos de trabajo y nuevas normativas”.

Las soluciones más eficaces se basan en los principios y la transparencia, en acuerdos colectivos y acciones mancomunadas.

Y yo sé que el consenso es posible.

Sé que los jefes militares pueden comprometerse a poner fin a la intervención de las fuerzas armadas en la política democrática y que pueden trabajar en pro de la reconciliación con las víctimas de la opresión.

Sé que siglos de prejuicio y discriminación –contra las mujeres, contra los pueblos del Hemisferio Sur y contra muchos otros grupos discriminados y explotados- pueden revertirse. En el pasado se lograron avances en esta tarea y ahora debemos impulsarla de nuevo.

Excelencias:

Corresponde a los Estados la responsabilidad principal en la defensa de los derechos de sus pueblos. Yo siempre prestaré atención a las preocupaciones de los Gobiernos. Por haber sido Jefe de Gobierno y Jefe de Estado, he compartido algunas de esas preocupaciones y he afrontado algunos de los mismos desafíos.

Pero, sobre todo, promoveré los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que son prerrogativas inherentes de todas las personas. Trataré de ser su voz y su firme defensora, con total objetividad, sin miedo y sin favoritismos, y exhortaré a todos los Estados a que protejan y promuevan todos los derechos humanos, sin distinción.

También este Consejo tiene la responsabilidad de pronunciarse contra toda violación de derechos humanos, sin discriminación por motivo de sexo, identidad de género, raza o etnia, religión, discapacidad, condición migratoria u otra característica. Cualquiera que sea el régimen político de un país, el Consejo de Derechos Humanos tiene el deber de promover la defensa de todos los derechos y de contribuir a mejorarla.

Estos derechos abarcan desde las fronteras del universo digital hasta la pobreza abyecta de las salas donde las madres mueren de parto, porque no se han asignado los recursos suficientes para atenderlas.

Abarcan también la prevención de conflictos, a menudo causados por la discriminación, la desigualdad y la injusticia.

Asimismo abarcan la protección ante los efectos del cambio climático y su atenuación, el trabajo orientado a defender los derechos de los niños, los derechos a la salud y a los servicios básicos, y las medidas que propicien el desarrollo, mediante la defensa del derecho de las personas a participar libremente en la adopción de decisiones en todos los asuntos que les atañen.

No podemos escoger sólo unas cuantas prerrogativas del conjunto de derechos inalienables de nuestros pueblos. Esos derechos se refuerzan mutuamente.

Las medidas encaminadas a promover la igualdad impulsan un desarrollo económico poderoso y sostenible, al que cada miembro de la sociedad puede contribuir plenamente.

El acceso a una educación de mejor calidad y a los derechos económicos y sociales contribuye a reducir la desesperación, la desconfianza y el extremismo violento.

Al propiciar el acceso a todos los derechos humanos, la sociedad se hace más fuerte y más capaz de resistir a conmociones imprevistas.

Y aunque pueden existir discrepancias legítimas en cuanto a las mejores formas de lograr estas transformaciones, los principios que las sustentan siguen siendo absolutamente nítidos e invariables.

Señor Presidente:

Nuestra labor cuenta con bases sólidas. Ya se ha logrado mucho, gracias al trabajo de mi Oficina y sus 72 unidades fuera de la Sede, de este Consejo y sus mecanismos, de los Comités de los Órganos de Tratados y de los activistas de la sociedad civil representados en esta sala y en el mundo entero. 

Espero que logremos fortalecer nuestro común entendimiento. Podemos superar las fronteras nacionales. Podemos promover el multilateralismo, la cooperación, el diálogo, el consenso y la acción coordinada.

Podemos forjar nuevas estrategias e instrumentos más sólidos para la prevención, la intervención temprana y la rendición de cuentas. Creo firmemente que el poder de la justicia puede disuadir y prevenir incluso las violaciones y los delitos más graves.

Podemos –y debemos- impulsar la puesta en marcha de los compromisos contraídos por los Estados. Las leyes y las normativas son esenciales, pero es preciso aplicarlas. Estoy convencida de que, al reforzar las instituciones nacionales, podemos obtener un amplio apoyo popular para los derechos, lo que contribuiría a hacerlos realidad.

Excelencias:

Esta es una época de numerosos reveses para los derechos humanos. Pero también es una época de grandes oportunidades.

Nuestra postura se basa en un corpus legal y normativo sólido, vivo y dinámico, que refleja los valores universales que unen a la humanidad. Los Pactos Internacionales, los otros siete tratados básicos de derechos humanos y las recomendaciones de todos los órganos y expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas son contribuciones fundamentales a la labor de prevenir, atenuar y poner fin a las violaciones de derechos humanos –comprendidas las desigualdades y discriminaciones que atormentan a tantos de nuestros prójimos-.

La voz de la Oficina del ACNUDH resuena con la potencia que le confieren su autoridad, legitimidad y objetividad. Y no es la única que se alza en apoyo de los derechos.

Las nuevas reformas que se llevan a cabo en las Naciones Unidas ofrecen la oportunidad de promover, con toda la energía posible, la idea de que un enfoque basado en los derechos humanos debe ser el centro de la labor que realizan nuestros asociados.

Las recomendaciones de los Órganos de Tratados, los Procedimientos Especiales y el Examen Periódico Universal del Consejo se incorporan cada vez más a herramientas coordinadas, que facilitan su adopción por los Estados, los Equipos de País de las Naciones Unidas y otros agentes.

En las operaciones humanitarias, las Naciones Unidas están aplicando el “nuevo método de trabajo”, que trata de combinar las estrategias de desarrollo, la labor humanitaria y los derechos humanos en un enfoque aplicable a esas difíciles circunstancias.

La Agenda 2030 ha dejado perfectamente claro cuál es el camino directo para salir de la discriminación, la desigualdad y el subdesarrollo. Ese programa ofrece una gran oportunidad para aumentar la integración de los objetivos de derechos humanos, comprendidas las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos, en las políticas nacionales y en la labor de las Naciones Unidas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no progresarán si no se debate y se avanza en los denominados “temas sensibles” de derechos humanos. En mi condición de ex Jefe de Estado y de Gobierno, estoy convencida de que el desarrollo debe centrarse, sobre todo, en el bienestar y los derechos de las personas.

El Pacto Mundial sobre Migración, que deberá aprobarse en diciembre próximo, suscita la esperanza de lograr una coordinación mejor y más eficaz de las migraciones. Este tratado es un documento de derechos humanos equilibrado, que contiene políticas viables y detalladas para disminuir la vulnerabilidad de los 258 millones de migrantes del mundo y reducir al mínimo las violaciones de derechos humanos que con frecuencia los obligan a marcharse.

A lo largo de la historia, las personas siempre se han desplazado en busca de esperanza y oportunidades. Las medidas políticas consistentes en levantar barreras, orientar deliberadamente el temor y la ira hacia las comunidades de migrantes, negarles sus derechos fundamentales al limitar su derecho a formular apelaciones, vulnerar su derecho a no ser rechazados, separar y detener a las familias, y reducir los programas de integración, no ofrecen soluciones a largo plazo para nadie, y sólo aportan más hostilidad, sufrimiento y confusión.

Cumple al interés de todos los Estados la adopción de políticas migratorias basadas en la realidad, no en el pánico; políticas que ofrezcan oportunidades para el desplazamiento seguro y regular, y que no obliguen a las personas a asumir riesgos mortales.

Entre las mayores ventajas comunes de la Agenda 2030 y el Pacto Mundial sobre Migración está el hecho de que son compromisos contraídos por los Estados para trabajar –y cambiar- conjuntamente.

Señor Presidente:

En el momento en que comienza este periodo de sesiones del Consejo, el creciente número de personas que huyen de Venezuela y Nicaragua pone de manifiesto una vez más la necesidad de defender sin tregua los derechos humanos. Sí, es urgente que ayudemos a los Estados receptores a solucionar los múltiples problemas que plantean esos movimientos. Pero es también fundamental que abordemos las causas por las que esas personas se marchan. En lo que concierne a esos dos países, la Oficina insta al Consejo de Derechos Humanos a que adopte todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones de derechos humanos que han sido documentadas en informes recientes.

En lo que concierne a Venezuela, se calcula que 2,3 millones de personas habían abandonado el país hasta el pasado 1 de julio –cerca del 7 por ciento de la población total- debido sobre todo a la escasez de alimentos o de acceso a los medicamentos y cuidados sanitarios, la inseguridad y la represión política. Esta corriente migratoria se está acelerando. En la primera semana de agosto, más de 4.000 venezolanos entraron cada día en Ecuador; según se informa, 50.000 venezolanos llegaron a Colombia en un periodo de tres semanas durante el mes de julio y otros 800 entran ahora cada día en Brasil. Los movimientos transfronterizos de esta magnitud constituyen un hecho sin precedentes en la historia reciente del continente americano y también ha aumentado la vulnerabilidad de quienes emigran: ancianos, embarazadas, niños, incluso menores que viajan solos, y personas con trastornos de salud cruzan actualmente las fronteras en números que no cesan de aumentar.

Desde la publicación de nuestro último informe sobre Venezuela, en junio pasado, la Oficina ha seguido recibiendo información sobre vulneraciones de derechos sociales y económicos –tales como casos de muertes por desnutrición o enfermedades prevenibles- así como de violaciones de derechos civiles y políticos, incluso de detenciones arbitrarias, malos tratos y restricciones a la libertad de expresión. El Gobierno no se ha mostrado dispuesto a aceptar las medidas de rendición de cuentas en lo tocante a los temas documentados por nuestra Oficina durante las manifestaciones de protesta de 2017.

El número de personas que huyen de Nicaragua también aumenta exponencialmente, como consecuencia de la crisis que atraviesa ese país y el consiguiente deterioro de los derechos humanos. Hace dos semanas, nuestra Oficina publicó un informe en el que se documentó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la generalización de los arrestos arbitrarios o ilícitos, los malos tratos y los casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención, la obstrucción de la atención médica y la violación de las libertades de reunión y expresión pacíficas, en casos de penalización de defensores de derechos humanos, periodistas y manifestantes a quienes se consideraba críticos del Gobierno. Unas 400 personas han muerto y al menos 2.000 han resultado heridas. Lamentamos que el Gobierno decidiera la semana pasada expulsar del país a nuestro equipo de trabajo y pedimos al Consejo que refuerce la vigilancia sobre Nicaragua. Mientras tanto, nuestra Oficina seguirá documentando desde el extranjero las violaciones de derechos humanos que ocurran en ese país.

En tales circunstancias, el Pacto Mundial facilita la cooperación regional e internacional con miras a organizar la recepción rápida y humanitaria de todas las personas que lleguen a una frontera, con respeto hacia sus derechos humanos, y para elaborar mecanismos de admisión y acogida basados en la necesidad de proteger los derechos humanos. La Oficina del ACNUDH está deseosa de asistir a los Estados en la realización de estos compromisos mediante al aumento de las capacidades nacionales –comprendidas, por ejemplo, la capacitación de los guardias fronterizos y del personal encargado de hacer cumplir la ley que trabaja en las fronteras, a fin de que defiendan y respeten los derechos humanos de todos, y mediante el aporte de orientaciones prácticas para la aplicación de planes nacionales basados en nuestra labor de monitoreo y evaluación.

La decisión adoptada por Estados Unidos y Hungría de negarse a firmar el Pacto es sumamente lamentable. Australia, Estado Miembro de este Consejo que ha sugerido que podría retirarse, debería sumarse al consenso de la comunidad mundial, adherirse al Pacto y revisar sus políticas en lo tocante a las personas que llegan sin visado a sus fronteras. Los centros de procesamiento que Australia mantiene actualmente fuera de su territorio constituyen una afrenta a la protección de los derechos humanos.

En junio, el Gobierno de Hungría adoptó medidas adicionales para permitir que sus autoridades arrestaran, formularan cargos e inmediatamente expulsaran de las zonas fronterizas del país a cualquier abogado, asesor, voluntario o familiar con residencia legal sospechoso de ayudar a que una persona presentara una demanda de asilo, obtuviera un permiso de residencia o realizara cualquier otra gestión perfectamente lícita. Asimismo hemos recibido informes espeluznantes de que en las últimas semanas se les ha negado alimentos a los migrantes que se encuentran retenidos en zonas de tránsito en la frontera que Hungría comparte con Serbia.

Estados Unidos ha suspendido la inadmisible práctica de separar a los niños inmigrantes de sus familias. Pero las autoridades aún no han adoptado medidas para indemnizar a las familias que han sido víctimas de esta práctica y más de 500 niños migrantes que fueron separados de sus padres por funcionarios estadounidenses todavía no han sido devueltos a sus familiares. Una preocupación adicional es el anuncio realizado la semana pasada de que el Gobierno no acataría la decisión judicial que limitaba a 20 días el plazo de detención de los menores.

Debería alentarse a la Unión Europea para que establezca una operación humanitaria específicamente dedicada a la búsqueda y el rescate de personas que cruzan el Mediterráneo y a que vele por que se garantice el acceso al asilo y la protección de los derechos humanos en su territorio. El Gobierno de Italia ha venido denegando la entrada a los barcos de rescate de las ONG. Este tipo de postura política y otros sucesos recientes tienen consecuencias devastadoras para muchas personas que ya son vulnerables. Aunque ha disminuido el número de migrantes que cruzan el Mediterráneo, el índice de mortalidad entre quienes realizan esta peligrosa travesía ha sido en el primer semestre de este año más elevado que en periodos anteriores.

La prioridad otorgada al retorno de los migrantes que llegan a Europa, sin velar por que se cumplan las principales obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, no puede considerarse una respuesta protectora. La Oficina del ACNUDH se dispone a enviar un equipo a Austria para evaluar los acontecimientos ocurridos recientemente en este ámbito. También nos proponemos enviar a Italia a miembros del personal para evaluar los informes relativos al rápido aumento de actos de violencia y racismo contra migrantes, afrodescendientes y romaníes. Resultan preocupantes los recientes estallidos de violencia antiinmigrante ocurridos en Alemania, que parecen haber sido azuzados por expresiones de odio xenófobo. Recibimos con beneplácito el reconocimiento expresado recientemente por la Comisión de la UE de que Libia no es un destino seguro para devolver a los migrantes. Los migrantes que se encuentran en Libia siguen expuestos a ejecuciones ilícitas, privación de libertad, torturas, violencia sexual, trabajo forzado, extorsión y explotación por parte tanto de agentes estatales como no estatales, que actúan con total impunidad, y resulta indigno que cualquier Estado envíe deliberadamente a hombres, mujeres y niños para que se enfrenten a tales riesgos. Más adelante en este periodo de sesiones se informará al Consejo sobre la situación de derechos humanos en Libia.

En el contexto de los debates actuales que tienen lugar en la UE para establecer las llamadas “plataformas regionales de desembarco”, resulta inquietante la perspectiva de que la UE traspase la responsabilidad de gestionar la migración a Estados que cuentan con sistemas de protección débiles. Sin perjuicio de los debates en curso, las autoridades deberían recordar que es preciso garantizar el respeto de los derechos de todos los migrantes, incluso de los que se encuentran en las situaciones de mayor vulnerabilidad, y que se deben establecer procesos para garantizar que los agentes pertinentes rindan cuentas de sus actos, si incumplen las normas fundamentales del derecho internacional. 

Sobre todo, los Estados deberían adoptar un enfoque más reflexivo y buscar soluciones constructivas y sostenibles a largo plazo. Los Gobiernos deberían centrar su atención en ampliar las vías y los canales regulares que se usan para los desplazamientos. El argumento económico es nítido: la migración contribuye poderosamente al crecimiento económico así como a otros aspectos sociales y culturales del desarrollo. La existencia de una población que envejece y de bajos índices de natalidad hace que esas contribuciones sean esenciales.

Señor Presidente:

En este periodo de sesiones se informará al Consejo de las espantosas conclusiones alcanzadas por la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar. La misión ha decidido que muchas de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario perpetradas en los Estados de Kachin, Shan y Rakhine equivalen, en virtud del derecho internacional, a los peores crímenes de lesa humanidad jamás cometidos. Además de los delitos de lesa humanidad y de los crímenes de guerra –que, según se informa, se perpetraron en los tres Estados- hay pruebas sólidas que apuntan a que se cometieron actos de genocidio, exterminio y deportación contra los rohingyas. Es inquietante que algunos periodistas que documentaron esas masacres hayan sido imputados y reciban ahora severas condenas. Esos profesionales deberían ser puestos en libertad de inmediato. Al parecer, las agresiones y la persecución prosiguen en Rakhine: por lo menos 12.000 nuevos refugiados rohingyas han huido a Bangladesh en lo que va de año. En los Estados de Kachin y Shan, la misión de investigación halló indicios de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, torturas y otras formas de malos tratos ilícitos, ejercidos incluso contra niños; así como de violencia sexual, arrestos arbitrarios y trabajo forzado. La persistencia de estos esquemas de violaciones pone de relieve la total impunidad otorgada a las fuerzas de seguridad de Myanmar.

Hago hincapié aquí en la necesidad indispensable de que se haga justicia en Myanmar. He recibido con beneplácito la conclusión de la Cámara de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional que estipula que la Corte tiene jurisdicción sobre la presunta deportación de los rohingyas de Myanmar y posiblemente sobre otros delitos. Este es un paso de extraordinaria importancia hacia la erradicación de la impunidad, con miras a abordar el enorme sufrimiento del pueblo rohingya. Aplaudo también los esfuerzos de los Estados Miembros de este Consejo encaminados a crear un mecanismo internacional independiente para Myanmar, con el fin de reunir, consolidar, preservar y analizar las pruebas de los más graves delitos internacionales cometidos, con miras a facilitar la celebración de juicios rápidos e independientes en los tribunales nacionales e internacionales.  Este mecanismo complementaría el examen preliminar del fiscal de la CPI y le serviría de apoyo. Insto al Consejo a que apruebe una resolución al respecto y remita el asunto a la Asamblea General para que este órgano la ratifique y de este modo pueda establecerse dicho mecanismo.

En Bangladesh –un país digno de encomio por haber acogido a tantos refugiados y por sus buenos resultados en la reducción de la pobreza- los estudiantes que han protestado y los profesionales de la prensa han sido en los últimos meses víctimas de agresiones, arrestos, imputaciones por difamación y, según los informes, han recibido malos tratos. Es preciso que los responsables de esta violencia rindan cuentas de sus actos, a fin de evitar cualquier reiteración. El Gobierno debería hacer más para garantizar la libertad de expresión, que es indispensable para celebrar elecciones libres y equitativas. Algunos informes preocupantes indican además que una campaña en contra de los narcóticos ha causado más de 220 muertes y miles de detenciones, así como denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

Los problemas que plantean las drogas en el mundo entero se abordan mejor dando atención preferente a la salud, la educación y las oportunidades, y no mediante la pena capital o los escuadrones de la muerte. La Oficina del ACNUDH ha presentado en este periodo de sesiones un informe sobre medidas más eficaces y respetuosas de los derechos humanos, orientadas a abordar cuestiones relativas a los narcóticos.

En Camboya, los encomiables avances en la reducción de la pobreza, el salario mínimo, la protección social básica y la no discriminación contrastan con el grave deterioro de derechos civiles y políticos, lo que representa una amenaza considerable a dichos progresos. Las elecciones recientes se celebraron en medio de severas medidas contra los disidentes y la prensa independiente, y la disolución del principal partido opositor privó a mucha gente de verse representada por sus políticos preferidos. He recibido con agrado la puesta en libertad, el mes pasado, de un destacado defensor de derechos humanos, dos periodistas y varios miembros de la oposición, entre ellos Kem Sokha, líder del disuelto Partido Nacional para el Rescate de Camboya. Pero el Gobierno también debería poner en libertad a todos los demás políticos, periodistas y ciudadanos corrientes arrestados o condenados por haber ejercido sus derechos humanos. El desarrollo sostenible requiere que las autoridades protejan y amplíen el ámbito de la sociedad civil, lo que incluye a las ONG, los medios de comunicación y la oposición política, en un contexto de diálogo que permita que todos los camboyanos expresen sus opiniones, incluso las que sean críticas con las decisiones gubernamentales.

He aplaudido la decisión que la semana pasada adoptó el Tribunal Supremo de la India, de despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo. Las leyes que penalizan las relaciones consensuadas entre adultos son manifiestamente arbitrarias –como señaló el juez Misra- y constituyen una fuente de discriminación y acoso. Espero sinceramente que otros países del mundo tengan en cuenta el ejemplo dado por la India en este asunto.

En Cachemira, nuestro reciente informe sobre la situación de derechos humanos no ha sido seguido de mejoras significativas ni de un debate serio y abierto sobre cómo sería posible abordar los graves problemas planteados. El pueblo de Cachemira tiene exactamente los mismos derechos a la justicia y la dignidad que los demás pueblos del mundo e instamos a las autoridades a que los respeten. La Oficina del ACNUDH seguirá solicitando autorización para visitar ambas partes de la Línea de Control y, mientras tanto, proseguirá su labor de monitoreo y presentación de informes.

En Afganistán, la Oficina del ACNUDH documenta actualmente una cifra record de víctimas civiles. El número de civiles que han caído a causa de la violencia derivada del conflicto en el primer semestre de 2018 fue el más alto registrado en el mismo periodo desde que comenzamos la documentación sistemática, en 2009. Desde entonces, ha habido una ofensiva de los talibán contra Ghazni a mediados de agosto y ataques selectivos contra la comunidad chií. Instamos a todas las partes a que cumplan con el derecho humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y a que muestren más coraje y creatividad en la tarea de superar decenios de guerra y violencia.

El acercamiento que tiene lugar en la península de Corea ofrece una oportunidad histórica para abordar, desde el principio, las graves y prolongadas vulneraciones de derechos humanos en la República Democrática Popular de Corea. El debate sobre los derechos de millones de personas no puede aplazarse en aras de la conveniencia ni de otros factores. En lo relativo a la Resolución 34/24 de este Consejo, se trabaja actualmente para monitorear y documentar las violaciones que se cometen en la RDPC, a fin de crear un depósito central de casos y elaborar posibles estrategias para una futura rendición de cuentas. El Consejo recibirá un informe sobre esta tarea en el mes de marzo.

El examen de China, realizado el mes pasado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, sacó a la luz denuncias sumamente inquietantes sobre detenciones en gran escala de uigures y miembros de otras comunidades musulmanas, en los denominados campos de reeducación de Xinjiang. Las observaciones finales del CERD corroboran otros informes que habíamos recibido. Asimismo, hemos recibido informaciones sobre pautas de vulneraciones de derechos humanos en otras regiones. A la vista de estos informes, pediremos al Gobierno que autorice el acceso del personal de la Oficina a todas las regiones de China y confiamos en que podamos entablar un debate sobre estos temas.

En Sri Lanka, aunque las autoridades han procedido con gran lentitud en la aplicación de la agenda de justicia de transición, la Oficina de Personas Desaparecidas ya comenzó las consultas y el aumento de capacidades institucionales necesarios para cumplir con su mandato. Esperamos que esa oficina trabaje con celeridad y empiece a ofrecer respuestas a las familias de los desaparecidos. Asimismo se prepara actualmente la legislación en virtud de la cual se creará una Oficina de Reparaciones. Los nuevos avances en la promoción de la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad podrían ejercer una gran influencia a largo plazo en la estabilidad y prosperidad de la nación. Los reiterados incidentes de racismo y violencia intercomunitaria son factores de perturbación, así como los planes de reanudar la aplicación de la pena capital que ya se han anunciado.

Señor Presidente:

En Siria, estamos profundamente preocupados por las operaciones militares que se llevan a cabo actualmente en Idlib y zonas aledañas, y por su repercusión sobre unos tres millones de personas que viven allí. Recordamos a todas las partes en conflicto que deben cumplir estrictamente con todos los principios pertinentes del derecho humanitario internacional en la conducción de sus operaciones  y que no deberían ahorrar esfuerzos para reducir al mínimo la repercusión del conflicto armado sobre los civiles y para permitirles que abandonen con garantías de seguridad las zonas afectadas por la contienda, en caso de que decidan hacerlo. En gran parte del resto del país el conflicto armado ha disminuido o ha cesado y se calcula que el 80 por ciento de la población vive ahora en territorios controlados por el Gobierno. Es indispensable que se adopten medidas para abordar las causas profundas del conflicto y los derechos de todos los sirios –lo que incluye a los millones de personas que han sido heridas o detenidas, que han padecido la pérdida de sus familiares por fallecimiento o desaparición, o cuyos bienes y futuros han sido destrozados. La rendición de cuentas debe ser una piedra angular del porvenir del país. En cuanto a Yemen, insto a todas las partes a que tomen nota de la gravedad de las conclusiones formuladas por el Grupo de Expertos Eminentes. Este grupo ha identificado a determinado número de personas que, con arreglo al derecho internacional, podrían ser responsables de crímenes, y el listado confidencial de sospechosos obra ya en poder de la Oficina del ACNUDH. Es esencial que prosigan las investigaciones internacionales independientes sobre las denuncias de violaciones del derecho humanitario internacional y los crímenes de guerra –especialmente en vista de la aparente incapacidad de las partes en conflicto para llevar a cabo investigaciones imparciales. El aterrador ataque perpetrado el mes pasado contra un autobús escolar fue seguido de una serie de espantosos bombardeos aéreos que dejaron docenas de civiles y niños muertos y heridos en Al Hudaydah.  He tomado nota de la declaración que formuló recientemente la Coalición, en la que reconocía los errores cometidos en relación con el ataque contra el autobús en Sa’ada, y daré estrecho seguimiento a las medidas que puedan tomarse con miras a lograr que los responsables rindan cuentas de sus actos y proporcionar remedio e indemnización a las víctimas. Debería haber más transparencia en lo tocante a las normas de combate de la Coalición y las medidas adoptadas para velar por que tragedias como esas no se repitan. La orden dictada recientemente por la Casa Real saudí, que al parecer otorga un perdón general a los miembros de sus fuerzas armadas por los actos cometidos en Yemen, es motivo de honda preocupación.

En Arabia Saudita, la reciente represión contra los defensores de derechos humanos, en particular los defensores de la igualdad y los derechos de las mujeres, resulta muy inquietante. Según nuestras fuentes, Samar Badawi y Nassima Al-Sadah fueron arrestados el 30 de julio de 2018 y desde entonces permanecen incomunicados. También es sumamente preocupante la recomendación del fiscal de que se condene a la pena capital a Israa al-Ghomgham, presuntamente por cargos relativos a su participación en protestas. Estos y otros arrestos arbitrarios de activistas pacíficos que trabajan por el bien común contradicen agudamente el espíritu de las nuevas reformas proclamado por el país. Pedimos a las autoridades saudíes que pongan en libertad a todas las personas detenidas por haber ejercido sus libertades fundamentales. 

Iraq ha superado recientemente un traumático conflicto armado que arrasó las vidas de millones de sus ciudadanos y destruyó numerosas zonas del país. Tras la derrota militar del EIIL, Iraq puede centrarse ahora en el proceso de reconstrucción y reconciliación que debe tener lugar para que el país pueda poner fin definitivamente a los ciclos de violencia recurrentes. Una parte esencial de este proceso será el cuidado de los millares de víctimas de crímenes, violaciones y abusos de derechos humanos, especialmente de los cometidos por el EIIL. Además, el tratamiento de las causas profundas del conflicto, incluso de los abusos y las vulneraciones perpetrados durante décadas, será esencial para que el país pueda disfrutar de los beneficios de la paz y el desarrollo. En los últimos dos meses, al menos 25 personas han muerto y unas 500 han resultado heridas en el contexto de las protestas y la escalada de violencia en Basora y otros lugares. El Gobierno ha adoptado algunas medidas positivas en respuesta a las demandas económicas y sociales de larga data que están en la raíz de los disturbios. Pero el Gobierno debería también tomar medidas para velar por el derecho a la reunión pacífica y debería abordar la necesidad de garantizar que todas las personas, sin discriminación, tengan acceso a los servicios básicos, incluida la justicia y la protección de la violencia física y sexual. Sólo cuando los procesos de adopción de decisiones incluyan realmente a todos los sectores de la sociedad iraquí y a sus diversas comunidades, podrán garantizar soluciones pacíficas a los desafíos que el país afronta.

En Bahrein, se ha informado a la Oficina del ACNUDH de un gran número de casos de revocación de ciudadanía. La legislación que sustenta esas medidas debería ser revisada, de conformidad con las obligaciones de Bahrein en virtud del derecho internacional. También son inquietantes los informes sobre la posible exclusión de determinados ciudadanos de Bahrein de las próximas elecciones a la Asamblea Nacional. Todos los defensores de derechos humanos que en la actualidad se encuentran arbitrariamente detenidos deberían ser puestos en libertad, entre otros, Nabeel Rajab.

El diálogo de Irán con la Oficina del ACNUDH y su redoblado compromiso con los mecanismos internacionales de derechos humanos son motivo de beneplácito, junto con las enmiendas recientes a su legislación relativa al tráfico de narcóticos, que han abolido la obligación de imponer la pena capital por determinados delitos. Es preciso alentar al Gobierno a que vele por la transparencia en el examen de todos los casos y por las garantías del debido proceso, tales como la asistencia letrada eficaz. La continua aplicación de la pena capital a jóvenes delincuentes es muy inquietante y debería prohibirse en todas las circunstancias, así como deberían conmutarse las condenas de los que actualmente se encuentran en el corredor de la muerte. Lamento profundamente las ejecuciones de tres presos kurdos iraníes realizadas la semana pasada, a pesar de las serias dudas planteadas por varios titulares de Procedimientos Especiales acerca de que los reos no recibieron juicios justos y fueron víctimas de torturas. Los arrestos y malos tratos de los que fueron objeto recientemente varios abogados y defensores de derechos humanos son hechos deplorables. Todas las personas detenidas por haber ejercido pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y reunión deben ser puestas en libertad.

En cuanto a Egipto, estoy consternada por las 75 condenas a muerte dictadas el sábado pasado, tras un nuevo juicio colectivo en el que se incumplieron las normas internacionales que garantizan un proceso justo. El juicio de estos manifestantes contrasta marcadamente con una ley reciente que otorga inmunidad a altos mandos de las fuerzas de seguridad en relación con violaciones de derechos humanos que podrían haber cometido.

Las perspectivas de alcanzar la paz y el respeto de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado están socavadas por la continuidad de la ocupación. La crisis de derechos humanos en Gaza, que se agrava sin cesar, se debe a 11 años de bloqueo israelí, así como a la escalada sucesiva de las hostilidades. En este contexto, el elevado número de palestinos muertos y heridos este año en las protestas realizadas recientemente a lo largo de la cerca de Gaza plantea graves preocupaciones en lo relativo al uso excesivo de la fuerza. En la Ribera Occidental y el este de Jerusalén, la instalación de asentamientos israelíes –ilícita en virtud del derecho internacional humanitario- prosigue con toda intensidad. El contexto represivo generado por las demoliciones y las graves restricciones a la libertad de movimiento de los palestinos se mantiene en numerosas zonas de la Ribera Occidental y aumentan los actos de violencia cometidos por los colonos. En la actualidad, un motivo de honda preocupación es la posibilidad de demolición inminente que pesa sobre Khan al Ahmar abu Helu, una de las 46 comunidades de beduinos palestinos que corren el riesgo de ser trasladados por la fuerza en la Ribera Occidental. Asimismo estamos preocupados por la reciente aprobación de la Ley Básica del Estado Nación de Israel, que consagra la discriminación contra la población no judía del país.

Señor Presidente:

La Declaración Conjunta de Paz y Amistad suscrita en julio pasado por Eritrea y Etiopía ofrece la esperanza de que se ponga fin a décadas de parálisis entre los dos países, situación que ha tenido graves repercusiones para los pueblos de ambos lados de la frontera. La Oficina del ACNUDH está lista para apoyar a estos dos países en la protección de los derechos humanos. En especial, albergamos la esperanza de que en Eritrea se ponga fin al servicio militar obligatorio indefinido. En Etiopía, el personal del ACNUDH visitó recientemente varias regiones afectadas por la violencia étnica entre comunidades de gedeos y gujies; según se ha informado, en esas zonas los choques recientes han hecho que un millón de personas abandone sus hogares. Acogemos con beneplácito las medidas iniciales adoptadas por el Gobierno e instamos a que se realice una investigación exhaustiva, imparcial e independiente de las violaciones de derechos humanos que, según las denuncias, han tenido lugar y a que los responsables rindan cuentas de sus actos.

En Malí, especialmente en la zona central del país y en la región de Menaka, los derechos humanos y la seguridad básica se están deteriorando rápidamente como resultado de los actos de violencia intercomunitaria, los ataques de los grupos extremistas violentos, el uso de explosivos de fabricación casera y las operaciones antiterroristas que llevan a cabo las fuerzas nacionales e internacionales, que no siempre respetan los derechos humanos de la población. Se han formulado denuncias verosímiles en lo relativo a la ejecución extrajudicial de al menos 77 personas desde el inicio de 2018. El Gobierno ha iniciado investigaciones judiciales en la mayoría de estos sucesos y la Oficina del ACNUDH dará estrecho seguimiento a estos y otros casos.

La situación en Camerún ha empeorado en los últimos meses, a medida que en las llamadas regiones anglófonas se han recrudecido los combates entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados, que han causado un gran número de víctimas civiles y han obligado a más de 180.000 personas a buscar refugio lejos de sus hogares. Ahora estos desplazados necesitan ayuda humanitaria urgente. En esas regiones muchas actividades económicas están actualmente paralizadas. En este contexto de seguridad inestable, numerosas personas temen sufrir represalias si participan en las elecciones presidenciales previstas para el próximo mes. El Gobierno no ha tomado medidas para promover la conferencia sobre el diálogo que le habían sugerido los dirigentes religiosos y todavía no hay ningún dispositivo que pueda propiciar una suspensión de hostilidades a corto plazo. Condenamos enérgicamente los asesinatos y secuestros de docentes y alumnos, sobre los que hemos recibido información, así como la destrucción de escuelas que llevan a cabo elementos armados en las regiones del noroeste y el suroeste del país. Estos actos intimidatorios impiden que miles de niños asistan a la escuela. Hemos tomado nota de que el Gobierno ha incoado investigaciones en relación con varios crímenes atroces, al parecer perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, e instamos a que se proceda de forma rápida y eficaz, para garantizar que todos los responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas de sus actos. Asimismo, debe garantizarse que todos los detenidos en relación con actividades terroristas reciban el debido proceso judicial e instamos al Gobierno a que aborde las reclamaciones esenciales, a fin de propiciar una solución pacífica de esta crisis.

En Sudán, los choques ocurridos en Jebel Marra entre fuerzas de seguridad y grupos armados han causado nuevos desplazamientos de población en los últimos meses. Aunque en Darfur ha mejorado un poco la seguridad, las personas desplazadas siguen siendo víctimas de agresiones, incluso de asesinatos y violaciones, cuando se aventuran a salir de los campamentos. Muchos de esos ataques se atribuyen a las fuerzas de seguridad y las milicias progubernamentales, que siguen operando con impunidad en Darfur.

En Sudán del Sur, el acuerdo firmado el mes pasado por los contendientes ha suscitado nuevas esperanzas de alcanzar una solución pacífica y sostenible del conflicto. Instamos a las partes a que reconozcan su cuota de responsabilidad por las vulneraciones sufridas por tantas personas en todo el país, ayudando a crear y poner en marcha el tan esperado Tribunal Mixto –especialmente mediante la firma de su estatuto-. Estamos sumamente preocupados por la amnistía general anunciada en Jartum por el Presidente Kiir, que podría sustraer de la acción de la justicia a un gran número de responsables de graves violaciones y abusos de derechos humanos, tanto de las fuerzas gubernamentales como de los grupos armados. Recordamos a las autoridades que las amnistías no pueden evitar que la justicia actúe contra presuntos responsables de crímenes de guerra, genocidios, delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos, entre otras, las violaciones específicamente relacionadas con el género. La Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur sostendrá un diálogo interactivo con el Consejo, en una fecha posterior de este periodo de sesiones. Nos adherimos al criterio de la Comisión al lamentar el hecho de que, por regla general, en los esfuerzos de pacificación se haga caso omiso de la rendición de cuentas como palanca del cambio.

En Somalia, los continuos ataques contra la población civil, tanto por agentes estatales como no estatales, son motivo de profunda inquietud. En julio pasado, la UNSOM documentó el hecho de que 51 civiles murieron y otros 82 resultaron heridos, y señaló que las víctimas civiles atribuidas a Al-Shabaab habían aumentado un 309 por ciento desde junio, mientras que las atribuibles a la acción de agentes estatales habían crecido el 125 por ciento. La Oficina del ACNUDH también está sumamente preocupada por el exiguo ámbito de democracia existente en Somalia. Según un informe sobre violaciones de la libertad de expresión publicado este mes por la UNSOM, entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2018, al menos ocho periodistas y trabajadores de prensa murieron y 32 resultaron heridos; 94 personas sufrieron arrestos arbitrarios y/o estuvieron sujetos a detenciones prolongadas por cargos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión, y 19 medios de comunicación fueron clausurados, algunos de manera temporal. En un informe publicado conjuntamente por la UNSOM y el ACNUDH en agosto pasado se detallan numerosas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos durante los comicios de 2016 y 2017, entre otros, 44 casos de asesinatos de dirigentes comunitarios y delegados electorales.

En la República Centroafricana, los choques esporádicos entre grupos armados, que tienen lugar en los alrededores de las ciudades principales, siguen exponiendo a la población civil a delitos atroces y suscitan preocupaciones en materia de protección. Lamentamos los ataques recientes contra trabajadores humanitarios ocurridos en la región central del país. Los combates que libraron en agosto y septiembre los grupos ex seleka y anti balaka en la zona de Bria causaron numerosas víctimas civiles y, según se informa, destruyeron varias aldeas, con el consiguiente desplazamiento forzoso de sus habitantes. En el contexto de las actuales iniciativas de pacificación, hacemos hincapié en la importancia de velar por que todos los acuerdos cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos, aborden la importancia de la seguridad de la población y garanticen que los responsables de violaciones y abusos de derechos humanos rindan cuentas de sus actos. A quienes hayan azuzado la violencia y el odio entre comunidades también se les debería exigir responsabilidades. La Oficina del ACNUDH está preparada para apoyar la instauración de una justicia de transición inclusiva y centrada en las víctimas.

Burundi sigue aplicando restricciones cada vez mayores a un espacio cívico ya severamente amenazado, en medio de informes recurrentes sobre graves violaciones de derechos humanos. Otra novedad preocupante es que la milicia Imbonerakure, responsable de múltiples abusos, opera cada vez más como órgano encargado de hacer cumplir la ley. En la República Democrática del Congo, las violaciones generalizadas de derechos civiles y políticos amenazan la credibilidad del proceso electoral. El Consejo recibirá más información sobre estos dos países en fecha posterior a lo largo del actual periodo de sesiones.

Señor Presidente:

A principios del año en curso, nuestra Oficina Regional en Asia Central celebró su primer Foro de Defensores de Derechos Humanos en la región, con más de 80 participantes. Sin embargo, la Oficina no pudo invitar a activistas de Turkmenistán, ya que una simple invitación hubiera supuesto un peligro para las personas destinatarias. Tal como se debatió en el Foro, seguimos recibiendo informes sobre casos de intimidación, acoso, arresto y detención arbitrarios, a veces con malos tratos, infligidos a quienes de manera legal y pacífica manifiestan opiniones disidentes en otros países de Asia Central, especialmente en Tayikistán. Aunque la gravedad de los problemas es específica en cada país, las libertades de periodistas, defensores de derechos humanos, miembros de minorías étnicas y religiosas, así como de la sociedad civil en general, han disminuido considerablemente. También la tortura sigue siendo un problema acuciante en toda la región, donde predomina la impunidad para los responsables. Y al igual que ocurre en otras regiones, las medidas muy severas, que se aplican con el fin de evitar o contrarrestar el extremismo violento, probablemente resulten contraproducentes; instamos pues a las autoridades a que centren sus esfuerzos en promover los derechos humanos cuando elaboren y apliquen esas medidas.

Al igual que en otros lugares del mundo, nos preocupan también los numerosos informes sobre torturas y malos tratos cometidos por el personal encargado de hacer cumplir la ley y gestionar las prisiones en la Federación de Rusia. Tomamos nota de la rápida reacción del Gobierno ruso y el Defensor del Pueblo a las denuncias de torturas colectivas sufridas por un recluso a manos del personal de la prisión de Yaroslavl e instamos a que se investiguen exhaustivamente este y otros casos similares y se exija una rendición de cuentas.

Turquía suspendió recientemente el estado de emergencia en el país, pero nos alarma en grado sumo la ley antiterrorista que acaba de entrar en vigor, que conserva numerosas restricciones de emergencia y probablemente seguirá ejerciendo efectos negativos sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por ejemplo, la ley limita las garantías procesales, prolonga la duración de la detención preventiva y facilita el cese de funcionarios, incluso de jueces y fiscales, por presuntos vínculos con organizaciones terroristas. Este estado de emergencia de facto va acompañado de una mayor concentración de poder en el Ejecutivo y una represión intensa y permanente de periodistas y defensores de derechos humanos. La Oficina del ACNUDH sigue recibiendo un número muy alto de denuncias sobre deportaciones de ciudadanos turcos desde terceros países, así como de presuntos secuestros, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos.

Más adelante en este periodo de sesiones el Consejo recibirá un informe detallado sobre los sucesos ocurridos en Ucrania. El alto el fuego que comenzó el 29 de agosto para facilitar el inicio del curso escolar constituye otra oportunidad para que las partes demuestren la seriedad de su compromiso con la protección de la población civil y para poner fin al sufrimiento de 600.000 civiles que viven en ambos lados de la línea de contacto.

Señor Presidente:

Los defensores de derechos humanos en el continente americano afrontan riesgos cada vez más graves como resultado de sus legítimas actividades. Instamos a esos Estados a que fortalezcan las medidas de protección y prevención encaminadas a abordar rápidamente esta situación de deterioro. En Colombia, hasta el 1 de septiembre el ACNUDH había registrado 53 homicidios de notorios defensores de derechos humanos ocurridos durante el año en curso, y estamos verificando otros 57 casos. En México, ocho defensores de derechos humanos fueron asesinados en los primeros ocho meses de 2018 –más que en todo 2017-. Muchos más han sido víctimas de penalización, demandas abusivas, campañas de descrédito, vigilancia, amenazas de muerte y agresiones. El año 2017 fue también el más mortífero para los periodistas mexicanos desde que existe un registro al respecto, con al menos 12 asesinatos. En 2018 ya hemos registrado ocho muertes y una persona desaparecida. En Guatemala, hemos documentado 18 asesinatos de defensores de derechos humanos en lo que va de año, en comparación con los 12 que se registraron en todo 2017. Son deplorables las recientes decisiones presidenciales de no prorrogar el mandato de la CICIG más allá de septiembre de 2019 y de negarle la entrada al país a su director, Iván Velásquez. Esas decisiones anulan a un instrumento esencial en la lucha contra la impunidad y la corrupción.

Aplaudimos el nombramiento en Haití de un punto focal de alto nivel para los derechos humanos, pero resulta lamentable que ese país haya retirado recientemente su apoyo a una resolución que hubiera asignado recursos para la creación de un plan nacional de acción de derechos humanos. Instamos al Consejo a que reanude el examen de la asistencia técnica a Haití.

Señor Presidente:

Estas actualizaciones señalan múltiples situaciones problemáticas, pero también algunos avances en determinados ámbitos. Albergo la sincera esperanza de que podamos abordar esos desafíos y aprovechar los progresos realizados.

Dentro de pocos días llegará el equinoccio, el momento en que el día y la noche tendrán la misma duración.

Para quienes vivimos en el Hemisferio Sur, esta fecha marca el final del invierno y el comienzo de la primavera, y muchas de nuestras culturas lo celebran como un momento de esperanza y colaboración.

Yo me he comprometido con la tarea de velar por que juntos logremos fomentar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para todos, así como el derecho al desarrollo, y de ese modo garantizar la paz y el desarrollo sostenible en el mundo entero.

Muchas gracias, señor Presidente.