Declaración final de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz al concluir su visita a Guatemala

En mi calidad de Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, he llevado a cabo una visita a Guatemala del 1 al 10 de mayo de 2018. Quiero dar las gracias al Gobierno por su invitación al país y por su cooperación durante la visita. 

En el transcurso de mi visita, me he reunido con representantes de alto nivel de varios ministerios, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia,  la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), entre otros. También me reuní con autoridades indígenas, mujeres indígenas, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector empresarial, el Sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional.

He podido visitar comunidades indígenas, en donde mantuve reuniones a las que asistieron unas 10,000 personas de los pueblos maya Mam, Sipakapense, Chuj, Akateko, Q’anjob’al, Ixil, Kaqchikel, Tz’utujil, K’iche’, Ch’orti, Q’eqchi’, Poqomchi’,   Achi y comunidades multilingüísticas de Ixcán y Petén, en los departamentos de San Marcos, Chiquimula, Alta Verapaz y Santa Rosa, así como con representantes de los pueblos Xinka y Garífuna.

Durante mi visita, he analizado los avances en la puesta en práctica de las recomendaciones hechas por mis predecesores durante sus visitas oficiales al país en 2002 y 2010. También he considerado la multitud de recomendaciones emitidas por los órganos de los tratados y otros mecanismos internaciones y regionales de derechos humanos. 

En el ámbito internacional, Guatemala ha desempeñado un papel importante en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, y jugó un papel protagonista en la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en 2007. Sin embargo, subsisten serios obstáculos para la adecuada protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional. 

Durante la semana pasada, recibí una cantidad enorme de información oral y escrita que revisaré en los próximos meses para la preparación de mi informe final que presentaré al Consejo de Derechos Humanos en septiembre. En anticipación de este informe, quisiera aprovechar la oportunidad para compartir unas observaciones preliminares. 

En mis conversaciones con todos los actores, he sido informada de forma reiterada de la existencia de problemas estructurales que impiden que las acciones existentes a favor de los pueblos indígenas sean realmente efectivas. Es necesario que Guatemala identifique, confronte y comience a trabajar en la resolución de estos problemas estructurales como prioridad urgente. 

Entre estos problemas estructurales, quisiera referirme a la falta de garantía de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, el reconocimiento de sus propios sistemas de auto gobierno, sus derechos a las tierras, territorios y recursos naturales, al ejercicio de la jurisdicción indígena, así como el acceso a servicios básicos de salud, educación y alimentación con pertenencia cultural y lingüística. En general, he observado un persistente racismo, discriminación y exclusión de los pueblos indígenas a todos los niveles, que tiene como resultado una situación de segregación racial de facto, dentro de un contexto de institucionalidad débil del Estado, corrupción e impunidad. Esta situación ha sido identificada de manera reiterada por otros mecanismos de derechos humanos internacionales y regionales. 

La tasa de puesta en práctica  de los Acuerdo de Paz de 1996 en lo referente al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas  es de solo un 19%. La falta de cumplimiento de estos compromisos ha minado el progreso en la adopción de medidas en muchas áreas, incluida la reforma agraria, el reconocimiento de las autoridades y de la justicia indígena, la participación política y la educación bilingüe intercultural.

El Congreso no ha adoptado más de una docena de iniciativas legislativas relacionadas con estos compromisos. Aunque se establecieron algunas instituciones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, como CODISRA y la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), estas instituciones y las aproximadamente 30 unidades existentes en diferentes organismos del Estado carecen del presupuesto o personal necesario así como de influencia política y adecuada coordinación. La plena implementación de los Acuerdos de Paz debe ser una prioridad en la agenda del Estado para superar los problemas existentes que impiden el disfrute de los derechos de los pueblos indígenas. 

Tierras y territorios

He recibido alegaciones de serias violaciones de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. La protección adecuada de estos derechos continúa siendo un tema pendiente fundamental que ya se identificó como una cuestión crucial en los Acuerdos de Paz de 1996. 

Guatemala carece de un marco legal, o de mecanismos adecuados para la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales. Esto los sitúa en una situación de desprotección total frente a otros intereses. Los intentos de las comunidades indígenas de conseguir protección legal de sus derechos territoriales no han progresado, con pocas excepciones, en el sistema judicial.

En este contexto, las violaciones de derechos humanos se ven exacerbadas por la concesión de licencias para la extracción de recursos naturales, construcción de infraestructuras y otros proyectos en tierras tradicionales de los pueblos indígenas o cerca de ellas. La falta de coherencia de varias leyes sectoriales con las obligaciones del Estado en relación con los derechos de los pueblos indígenas es un problema añadido que genera incertidumbre legal. Es necesario armonizar la legislación con los estándares internacionales de derechos humanos. En este sentido, debe señalarse que la Constitución de Guatemala establece la preeminencia de las obligaciones internacionales de derechos humanos.

He escuchado numerosos testimonios sobre los efectos devastadores de ciertos proyectos sobre los pueblos indígenas afectados, que han tenido como resultado divisiones en las comunidades y graves impactos negativos sobre sus sistemas de gobierno, medios de subsistencia, salud, y derechos a la alimentación y al agua. Se presentaron alegaciones, en particular, en relación con las hidroeléctricas, las plantaciones de monocultivos, y las operaciones de extracción de mineras y proyectos de infraestructuras con impactos sobre las tierras y recursos de las comunidades indígenas y realizadas sin consulta adecuada ni consentimiento.

Los pueblos indígenas no están en contra del desarrollo pero sí rechazan a los proyectos de “desarrollo” que les han sido impuestos. Quisiera enfatizar que, de acuerdo con el artículo 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas tienen el derecho de sentar sus propias prioridades para el desarrollo.

Un ejemplo de la gravedad de esta situación son los desalojos forzosos de comunidades indígenas de tierras reclamadas por otras partes y de áreas protegidas, que, según la información recibida, se realizan sin que se consideren o investiguen adecuadamente los potenciales derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre las tierras de las que son desalojados.

Algunas de estas comunidades se encuentran en una situación de mozo colonato. Además, no se elaboran planes de reasentamiento de las comunidades antes de su desalojo, lo que provoca situaciones de emergencia humanitaria y violaciones añadidas de sus derechos humanos. Según la información recibida, varias comunidades recientemente desalojadas fueron también desplazadas hace años durante el conflicto armado interno, y se ven obligadas a experimentar el mismo dolor que en el pasado, que sigue vivo en su memoria colectiva. 

Me reuní con mujeres indígenas desalojadas de la comunidad de La Cumbre en Alta Verapaz y de la comunidad de Chabilchoch en Izabal, que me describieron el excesivo uso de la fuerza utilizado durante los desalojos y la devastación causada en sus comunidades, incluidos los impactos sobre la niñez. Las precarias condiciones humanitarias de estas y otras comunidades desalojadas recientemente, incluida la comunidad de Laguna Larga en Petén, han llevado al otorgamiento de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ninguna agencia gubernamental parece haber asumido la responsabilidad de proporcionar asistencia humanitaria urgente a estas comunidades.

Criminalización y defensa de los derechos humanos

En las regiones que visité se me planteó repetidamente como principal preocupación la incidencia del abuso de los procedimientos criminales contra las personas indígenas que defienden sus tierras y recursos. En la mayoría de los casos, la causa subyacente es la falta de seguridad en la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas. 

En mis viajes por el país he podido observar la reiteración de patrones similares en relación con estos delitos, que a menudo incluyen acusaciones como usurpación agravada, asociación ilícita, secuestro, robo, coerción, instigación al crimen e incluso asesinato. Me preocupa que el delito de usurpación agravada es considerado un crimen in flagrancia, lo que implica restricciones en el derecho a la defensa garantizada en los estándares internacionales de derechos humanos.

El inicio de procesos penales contra autoridades y dirigentes indígenas que defienden sus derechos sobre sus tierras suelen ir precedidos de campañas de difamación, incluso en las redes sociales, que los tildan de criminales violentos que buscan el conflicto – campañas que se desarrollan con el objetivo de desacreditar el ejercicio legítimo de sus derechos.

En muchos de estos casos las empresas o grandes propietarios participan como querellantes adhesivos contra las defensoras y defensores indígenas y tienen un papel fundamental en que procedan los casos de criminalización.

Recibí preocupantes alegaciones sobre colusión, a nivel local, de fiscales y jueces con compañías y terratenientes en estos casos. Se me informó sobre órdenes de captura emitidas a partir de evidencias débiles y de testimonios de testigos sin corroborar. Me preocupan también la reiterada suspensión de audiencias y los largos plazos de prisión preventiva en estos casos.

Durante mi misión, visité a representantes indígenas en prisión por cargos similares. En Ciudad de Guatemala me reuní con Abelino Chub Caal. Abelino Chub es un defensor de los derechos humanos del departamento de Izabal, en un área en la que se han establecido grandes plantaciones de palma africana y banano. Abelino ha estado 15 meses en prisión preventiva, a 320 km de su familia. Me preocupa que hace dos días el Tribunal de Mayor Riesgo “A” decidió ligar a Abelino al proceso.

Visité también a los representantes indígenas encarcelados en la prisión de Cobán, Alta Verapaz, entre ellos Bernardo Caal Xol, que presentó la solicitud de amparo a la Corte de Constitucionalidad por las comunidades indígenas afectadas por la hidroeléctrica Oxec. Fue arrestado en enero 2018 con cargos de robo agravado y detención ilegal agravada. Previo a su captura, hubo actos de intimidación y una campaña de difamación en las redes sociales en su contra.  

Tanto Abelino como Bernardo me señalaron que temen por su seguridad. Insto al gobierno a tomar medidas para asegurar la protección de la integridad física de estos defensores privados de libertad. 

Quisiera reiterar las obligaciones de Guatemala bajo el Convenio 169 de la OIT que establece en su artículo 10 que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento cuando se impongan sanciones penales a miembros de los pueblos indígenas.

La situación de criminalización ha resultado en un aumento de tensiones y de una falta de confianza por parte de los pueblos indígenas en el sistema de justicia. Recibí información sobre las repercusiones de la criminalización en las comunidades y en de las familias indígenas.  

También se me informó sobre varios asesinatos de personas indígenas que se oponían a proyectos en sus tierras tradicionales. Recibí información sobre la intimidación y amenazas que sufren los dirigentes comunitarios de manera habitual en el contexto de actos en defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales. Es alarmante la información recibida sobre el asesinato ayer de un defensor de la organización campesina CODECA y el asesinato hoy en la mañana de un defensor de la comunidad Choctún en Alta Verapaz.

Considero positivo que el Estado esté avanzando en el desarrollo de una Política Pública de protección de defensoras y defensores de derechos humanos e insto a que asegure que las medidas de protección sean culturalmente apropiadas, incluyendo medidas para la protección colectiva de comunidades indígenas en riesgo. 

Lamento que en algunas reuniones, las autoridades del gobierno realizaran comentarios estigmatizadores sobre los líderes indígenas, alegando su involucramiento en actividades criminales. Quisiera subrayar el derecho de los pueblos indígenas a defender pacíficamente sus derechos a las tierras, territorios y recursos naturales y a expresar su oposición a proyectos impuestos. 

Un problema relacionado es la criminalización de las radios comunitarias, que a menudo involucra el allanamiento de sus estaciones y la confiscación de equipos. Las radios comunitarias indígenas que transmiten en idiomas indígenas constituyen un medio clave para acceso a la información para los pueblos indígenas especialmente en las áreas rurales. Urge la adopción de las reformas a la ley actual de telecomunicaciones para asegurar el acceso de las radios comunitarias indígenas a las frecuencias de radio autorizadas por el Estado. 

Consulta  y consentimiento libre, previo e informado

A pesar de la gravedad de estos problemas estructurales, el centro de la atención en relación con los pueblos indígenas en Guatemala parece girar alrededor de la cuestión de la consulta. He mantenido reuniones con representantes de la Corte de Constitucionalidad, del Congreso de la República y del Ejecutivo en relación con este tema. Se me ha informado de diversas iniciativas existentes dirigidas a regular el proceso de consulta con los pueblos indígenas. Me preocupa que estas iniciativas parecen haberse elaborado sin participación, y mucho menos consulta a los pueblos indígenas desde sus inicios, como exigen los estándares internacionales.

De manera preliminar, me gustaría subrayar que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas no debería enfocarse como un derecho aislado. Por el contrario, este derecho deriva de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas, y está diseñado para salvaguardar dichos derechos, en particular los derechos de libre determinación y los derechos asociados sobre tierras, territorios y recursos naturales.

Quisiera igualmente subrayar que el cumplimiento con las obligaciones del Convenio 169 de la OIT no se limita a la regulación del derecho a la consulta, sino que exige la aplicación de toda la gama de derechos afirmados en dicho instrumento. Más aún, el Convenio 169 debe interpretarse de acuerdo con otras obligaciones internacionales de Guatemala en relación con los derechos de los pueblos indígenas, en particular los estándares contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En mi capacidad como Relatora Especial, debo asegurarme de que cualquier medida legal o administrativa relativa a los derechos a la consulta y el consentimiento cumple con estos estándares internacionales.

Me preocupa que las discusiones sobre la consulta parecen centrarse únicamente en aspectos de procedimiento, más que en garantizar la protección de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas, y que se vinculan únicamente con proyectos de extracción de recursos naturales, lo que podría conducir, en último término, a que la consulta se convirtiera en un mecanismo para limitar y no para proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Es importante subrayar que, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, las consultas deben ser de buena fe, libres, y previas a la iniciativa en consideración. En este sentido, las consultas post facto, especialmente en el caso de proyectos que siguen en operación, no cumplen con dichos estándares internacionales de derechos humanos.

Es necesario construir un consenso entre el Estado y los pueblos indígenas sobre la sustancia y los procedimientos de la consulta. Sin ese consenso, existe el riesgo de que cualquier medida que se adopte tenga como resultado un aumento de la desconfianza mutua y de la confrontación. Soy plenamente consciente que, en el contexto general que he descrito, es difícil construir un clima de confianza, como pude observar en mis conversaciones con diferentes actores. 

En mi opinión, el Gobierno de Guatemala debería demostrar avances efectivos en la protección y realización de los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras y territorios, su desarrollo libremente determinado, el acceso a la justicia y el reconocimiento de sus autoridades para poder comenzar a construir una nueva relación con los pueblos indígenas.

Acceso a la justicia y justicia indígena

Los pueblos indígenas de Guatemala continúan enfrentando serios obstáculos para acceder a la justicia ordinaria, en particular en relación con los estándares aplicables a los pueblos indígenas en esta materia según el derecho internacional de derechos humanos. He escuchado quejas reiteradas sobre discriminación en el sistema de justicia ordinario y sobre la falta de atención  adecuada y ágil de las denuncias de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos presentadas por los pueblos indígenas. Pese a ello, he constatado que los pueblos indígenas recurren asiduamente al sistema de justicia ordinario para la protección de sus derechos.

Se me informó de algunos avances positivos que se han adoptado en este tema, como la adopción de una política pública sobre acceso a la justicia para pueblos indígenas enel Ministerio Público y la creación de una Secretaría a cargo de su implementación. Espero que la recién nombrada Fiscal General continúe apoyando estas importantes iniciativas.

Quisiera también subrayar la importante responsabilidad de las Altas Cortes de resolver los casos sobre derechos de los pueblos indígenas presentados ante ellas. Se observan algunos avances en la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en relación con la protección de estos derechos, en relación con los temas de consulta, derechos territoriales, jurisdicción indígena y educación bilingüe intercultural, entre otros. Sin embargo, se me ha comunicado preocupaciones porque algunas de estas sentencias, como la emitida el año pasado en el caso Oxec, no han podido resolver adecuadamente los problemas que generaron el caso. Confío en que la futura sentencia sobre el caso de la mina San Rafael aplicará adecuadamente todos los estándares internacionales relevantes sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como en todos los demás casos pendientes de resolver en esta materia.

Otro asunto importante es el reconocimiento efectivo del pluralismo legal y la jurisdicción indígena, así como armonización con el sistema de justicia ordinario. Estoy convencida de que esto tendrá un impacto positivo en la gobernabilidad del país. Se me ha informado de que en las áreas en las que se aplica la justicia indígena, las tasas de crímenes violentos son las más bajas del país, como en los departamentos de San Marcos, Sololá, Totonicapán, Baja Verapaz y Quiche, donde no se registró ningún homicidio en muchos municipios en 2017. En esta tarea es crucial el fortalecimiento de la Secretaria de Pueblos Indígenas del Organismo Judicial.                                        

Autogobierno y participación política

Las instituciones de gobierno propias de los pueblos indígenas no están adecuadamente reconocidas en la legislación de Guatemala. A pesar de haberse diseñado con la intención de mejorar el desarrollo a nivel local, el sistema de Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) ha contribuido al debilitamiento de las estructuras tradicionales de los pueblos indígenas y  a la intrusión de intereses políticos locales a veces ajenos al interés real de las comunidades. He recibido también alegaciones de presunta corrupción. El Estado debería adoptar medidas para reconocer y apoyar adecuadamente los sistemas de autogobierno de los pueblos indígenas.

Quisiera añadir que he sido también informada sobre la denegación del derecho a la auto identificación, en particular en el caso del pueblo xinca. Quisiera enfatizar la necesidad de que el gobierno apoye a los propios procesos de los pueblos indígenas de fortalecimiento de sus culturas e identidades. 

He observado además que los derechos de los pueblos indígenas a participar en la vida política del país se ven afectados por el racismo y discriminación estructural y la ausencia de medidas afirmativas que ayuden a asegurar la participación democrática.

Pobreza

Me preocupan los indicadores que reflejan a la falta de mejoras de los derechos de los pueblos indígenas. En los últimos años, la economía nacional ha seguido creciendo, pero los niveles de desigualdad han aumentado. Los pueblos indígenas de Guatemala siguen siendo los más desfavorecidos de la sociedad.

Aproximadamente el 80% de los indígenas viven en la pobreza, mientras que para la población no indígena la tasa es del 46%. Alrededor del 40% de las personas indígenas viven en la pobreza extrema. Si no se adoptan medidas radicales, esta situación hará imposible que Guatemala logre los compromisos que asumió en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar a nadie atrás”. 

Esta situación se ve agravada por la corrupción sistemática y uno de los niveles más bajos de recaudación tributaria en el mundo. Se reporta que el gasto público dirigido a pueblos indígenas es menos de la mitad que para el resto de la población. 

Salud 

Es alarmante que la mayoría de la población continúe sin acceso a la salud primaria y que Guatemala tiene el segundo nivel más alto de mortalidad materna de América Latina. El papel de las comadronas indígenas es indispensable para proporcionar servicios de salud materno-infantil accesibles y culturalmente apropiados. Me pude reunir con comadronas que compartieron conmigo experiencias de discriminación racial en el sistema de salud. Considero como positiva la adopción de una Política Nacional para Comadronas Indígenas e insto al Gobierno a asegurar el presupuesto necesario para su implementación – una tarea que sigue pendiente. 

Me reuní con varias personas indígenas con discapacidades que contaron sobre la discriminación múltiple que enfrentan y la falta de políticas y servicios apropiados, especialmente en las áreas rurales. Afirmaron que se sienten invisibles e incapaces de participar en la sociedad debido a su marginación.

Durante mi visita también me contaron sobre los impactos negativos sobre la salud y la seguridad alimentaria causados ​​por las limitaciones en el acceso a la tierra para el cultivo de cultivos básicos y por el desvío y la contaminación de los ríos por proyectos mineros, hidroeléctricos y monocultivos.

Guatemala tiene la tasa más alta de desnutrición crónica en América Latina. Las estadísticas indican que el 46,5% de todos los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. Sin embargo, las tasas de desnutrición crónica casi duplican a las de los niños no indígenas. Entre los niños indígenas, la tasa es superior al 60%, mientras que para los niños no indígenas la tasa es de solo alrededor del 34%. Estos son para mí indicadores claros de que el Estado no aborda los problemas estructurales, incluida la exclusión y el racismo, que a su vez contribuyen a la malnutrición crónica
Durante mi visita a Camotán, recibí información sobre la grave situación de desnutrición infantil, a pesar de la existencia de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad para confrontar esta situación en la región, y la lamentable muerte de una niña el año pasado que tenía medidas de protección otorgados por la Corte a su favor. 

Mujeres y niñas indígenas 

Llevé a cabo reuniones separadas con mujeres indígenas en todas las comunidades que visité. Compartieron conmigo información sobre las múltiples formas de discriminación que sufren, a pesar de la existencia de normas nacionales sobre violencia doméstica, violencia sexual, trata, explotación sexual y femicidio así como la falta de respeto a sus tejidos. Recibí información sobre abusos contra las mujeres durante los desalojos, y las obligaciones especiales que recaen sobre ellas en esta situación, como la construcción de los campamentos provisionales, las dificultades para cuidar a sus hijos y a los ancianos en esas condiciones inhumanas que sufren tras los desalojos.

A la vez, me alegró poder hablar con varias mujeres que ocupan cargos de autoridad en las comunidades indígenas, que también compartieron conmigo sus problemas y los de sus comunidades. Me impresionó su fuerza y compromiso. 

Las esposas de los hombres criminalizados hablaron de las dificultades para enviar a sus hijos a la escuela y para alimentarlos. También informaron sobre varios casos de violaciones y asesinatos de niñas indígenas. Existe una situación de impunidad de los perpetradores de estos crímenes.

Quisiera expresar mi preocupación por la situación de las niñas indígenas víctimas del incendio en el Hogar Seguro de la Virgen de la Asunción el año pasado y enfatizo la necesidad de implementar medidas de atención y reparación a favor de las niñas sobrevivientes y las familias de las niñas fallecidas. 

Educación

Aunque el Artículo 76 en la Constitución establece el derecho a educación bilingüe de los pueblos indígenas, esto está lejos de cumplirse. En julio de 2016, la Corte Constitucional falló que, en el plazo de seis meses, el Ministerio de Educación tenía que desarrollar y poner en marcha la educación bilingüe intercultural, pero se me ha informado de que aún no se han adoptado  medidas concretas al respecto. Estoy seriamente preocupada por el retroceso en esta cuestión.

El acceso a la educación para los niños y niñas indígenas sigue siendo limitado. La mitad de los niños indígenas no van a la escuela. Otros problemas documentados incluyen el hacinamiento, la calidad inferior de la educación, el mal estado de las instalaciones y el racismo y la discriminación.

En mis visitas a las comunidades indígenas  se me informó reiteradamente acerca de cuotas a pagar en la escuela, que obligaban a los niños indígenas a abandonarla, y también sobre la falta de educación en idiomas indígenas. La situación de las niñas indígenas es especialmente alarmante, ya que reciben solamente 2 años de educación en promedio comparado los 6 años para las niñas no-indígenas. 

Fui también informada de que el currículo nacional no incluye información sobre el impacto del conflicto armado sobre los pueblos indígenas. Considero que es indispensable que se incorpore esta temática para que los niños no indígenas entiendan el legado del conflicto y sus consecuencias.

Responsabilidad y reparaciones para crímenes del conflicto armado interno

Antes de concluir, quisiera abordar las heridas del conflicto armado interno que, en mi opinión, aún no se han sanado. El conflicto produjo el desplazamiento forzoso de más de un millón y medio de personas, mayoritariamente indígenas, y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de más de 200’000 personas, de las cuales se estimas que el 83% eran del pueblo maya.

A pesar de que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la ONU concluyó que los grupos estatales y paramilitares fueron responsables de alrededor del 93% de las violaciones, la asunción de responsabilidades por sus acciones ha sido muy limitada.

En febrero de 2016, en el caso Sepur Zarco, se condenó a dos ex militares por asesinato, violación y esclavitud sexual de mujeres q'eq'chi, a las que pude conocer entonces y con las que he podido hablar de nuevo en esta visita. Espero que se cumpla con celeridad con las medidas de reparación pendientes recogidas en la sentencia.

En otros casos claves, especialmente en el caso del Genocidio ixil y el caso CREOMPAZ, los procedimientos se han retrasado repetidamente debido a diversas tácticas, como el uso excesivo de amparos. Pude reunirme con víctimas de estos y otros casos de masacres y graves violaciones. Me hablaron de su sufrimiento y humillación, agravados por la falta de responsabilidad y reparación del Estado. En este sentido, creo que es esencial que se proporcionen los fondos necesarios al Programa Nacional de Resarcimiento establecido en 2003 para que pueda cumplir con su mandato y proporcionar a las víctimas una reparación integral. 

Conclusión

Para concluir, quisiera reiterar mi agradecimiento al Gobierno de Guatemala por la invitación y la plena cooperación que me brindó, y por permitirme realizar mi visita libremente y manera independiente. También quisiera expresar mi agradecimiento a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y Ginebra para su apoyo para asegurar el éxito de la visita. 

Finalmente, ofrezco mi profundo agradecimiento a los pueblos indígenas que me han recibido en sus territorios y a todos aquellos que viajaron para compartir sus historias y preocupaciones conmigo. Me siento inspirada por su fortaleza y determinación para continuar defendiendo sus derechos y buscando la justicia.