Declaración conjunta de los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas para el Día Mundial del Medio Ambiente

English | Français

(5 de junio de 2021)
El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano es clave para abordar la crisis ambiental y proteger los derechos humanos

GINEBRA (4 de junio de 2020) - En la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente, un grupo de más de cincuenta expertos de las Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a los Estados para que tomen medidas urgentes y sin demora a fin de reconocer y aplicar el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como respuesta vital a la actual crisis multifacética del medio ambiente.

El mundo se enfrenta actualmente a una emergencia climática, a una contaminación tóxica generalizada, a una dramática pérdida de biodiversidad y a un aumento de las enfermedades infecciosas emergentes de origen zoonótico, como el COVID-19. La crisis medioambiental tiene un impacto negativo en el disfrute de múltiples derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, al agua, al saneamiento, a la alimentación, al trabajo digno, al desarrollo, a la educación, a la reunión pacífica y a los derechos culturales, así como el derecho a vivir en un entorno saludable. 

Los efectos adversos tienen un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas y en los derechos de miles de millones de personas, especialmente las que ya son vulnerables a los daños ambientales, como las personas que viven en la pobreza, las minorías, las personas mayores, las personas LGBT, los grupos racial y étnicamente marginados, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, los desplazados internos y los niños.¹.

Los pueblos y comunidades históricamente explotados, incluidos los afrodescendientes, siguen siendo los más afectados por la contaminación, la degradación del medio ambiente y el cambio climático, incluso en algunas acciones aparentemente destinadas a proteger el medio ambiente. Además, los defensores de los derechos humanos medioambientales se han enfrentado a un escandaloso índice de asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, acoso e intimidación a causa de su legítima labor en materia de derechos humanos y medio ambiente.

Se necesitan urgentemente acciones transformadoras, no sólo para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, sino para proteger el medio ambiente y los derechos humanos, y para hacer frente a los factores que provocan los trastornos climáticos, la contaminación tóxica, la pérdida de biodiversidad y las enfermedades zoonóticas, incluso exigiendo a las empresas que respeten los derechos de las comunidades afectadas y el medio ambiente.

En nuestra calidad de expertos en derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, pedimos que los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente sano, se coloquen en el centro de los procesos de toma de decisiones relacionados con las transformaciones necesarias. Tenemos que abordar las causas profundas de los desastres medioambientales interrelacionados y aprovechar esta oportunidad para "construir mejor" con el fin de lograr un futuro justo y sostenible y no dejar a nadie atrás.

La aplicación de un enfoque basado en los derechos a la crisis medioambiental no sólo aclara lo que está en juego, sino que cataliza una acción ambiciosa, hace hincapié en la prevención, se centra en las necesidades de los más afectados y aumenta la responsabilidad. El enfoque basado en los derechos ayudaría a abordar la desigualdad y garantizaría la protección de todos los miembros de la sociedad, haciendo especial hincapié en las personas en situación de vulnerabilidad.

Uno de los elementos clave para garantizar una respuesta basada en los derechos humanos es el reconocimiento y la aplicación a nivel mundial del derecho a un medio ambiente limpio, seguro, saludable y sostenible. Si este derecho se respetara, protegiera y cumpliera, supondría una importante salvaguarda para las personas y el planeta.
En la actualidad, el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido legalmente por 156 Estados (de 193) en constituciones, legislaciones y tratados regionales.² Sin embargo, la ONU aún no ha reconocido formalmente este derecho.

El primer paso hacia el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano se produjo hace casi 50 años, cuando los Estados miembros de las Naciones Unidas se reunieron en Estocolmo, Suecia, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, y declararon que: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y las condiciones adecuadas de vida, en un entorno de calidad que permita una vida digna y de bienestar.”³ 

Desde entonces, los Estados miembros de las Naciones Unidas han adoptado una serie de resoluciones sobre las interrelaciones entre el medio ambiente y el disfrute de los derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos adoptó su primera resolución sobre los derechos humanos y el medio ambiente en 2011, y nombró a un experto independiente (el profesor John H. Knox) para articular los vínculos entre los derechos humanos y el medio ambiente.⁴ 

Décadas de experiencia han aclarado que el derecho a un medio ambiente sano incluye aire limpio, agua segura y suficiente, saneamiento, alimentos sanos y sostenibles, un medio ambiente libre de tóxicos, un clima seguro y ecosistemas y biodiversidad sanos. También incluye el derecho a la información medioambiental, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia con recursos efectivos.

El grupo central sobre derechos humanos y medio ambiente (Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza) declaró en septiembre de 2020 su intención de presentar una resolución sobre el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano en el Consejo de Derechos Humanos.⁵ En una reciente declaración conjunta respaldada por 69 Estados durante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el grupo central sobre derechos humanos y medio ambiente afirmó lo siguiente: "Creemos que un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible es parte integrante del pleno disfrute de los derechos humanos. Por lo tanto, el posible reconocimiento de este derecho a nivel mundial tendría numerosas e importantes implicaciones sobre lo que dejamos a las generaciones futuras."

Además, el Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió que se promoviera el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible al lanzar un Llamamiento a la Acción por los Derechos Humanos. ⁶ 

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha dicho que: "Es hora de que se reconozca a nivel mundial el derecho humano a un medio ambiente sano, un reconocimiento que puede conducir a políticas más sólidas, a todos los niveles, para proteger nuestro planeta y a nuestros hijos. El derecho a un medio ambiente sano se basa en medidas que garanticen un clima seguro y estable; un medio ambiente libre de tóxicos; aire y agua limpios; y alimentos seguros y nutritivos. Abarca el derecho a una educación respetuosa con la naturaleza; a la participación; a la información; y al acceso a la justicia [...] ⁷ 

En una reciente declaración conjunta, 15 organismos de las Naciones Unidas afirmaron que "nos hemos reunido en el marco del Llamamiento a la Acción en favor de los Derechos Humanos del Secretario General de las Naciones Unidas, gracias a la inspiración proporcionada por el Consejo, y en respuesta al urgente llamamiento a la acción realizado desde todos los rincones del mundo, para declarar que ha llegado el momento del reconocimiento, la aplicación y la protección a escala mundial del derecho humano a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible".⁸

Más de 1.100 organizaciones de la sociedad civil, de niños, de jóvenes y de pueblos indígenas se han unido para pedir a los Estados miembros que reconozcan el derecho a un medio ambiente sano lo antes posible. ⁹

Nosotros, en nuestra calidad de expertos en derechos humanos, instamos a los Estados a que aprovechen esta oportunidad de cara a la crisis medioambiental mundial para apoyar la adopción de resoluciones clave de la ONU que reconozcan que toda persona tiene derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible, tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Resoluciones similares adoptadas por las Naciones Unidas en 2010 y en 2016 que reconocen los derechos al agua y al saneamiento han servido de catalizador para el reconocimiento constitucional de estos derechos, leyes más sólidas y mayores recursos para prestar estos servicios esenciales. Se espera que el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano a través de las resoluciones de las Naciones Unidas produzca beneficios similares.

En un mundo en el que la crisis medioambiental global causa más de nueve millones de muertes prematuras cada año y amenaza la salud y la dignidad de miles de millones de personas, las Naciones Unidas puede marcar la diferencia reconociendo que todo el mundo, en todas partes, tiene derecho a vivir en un entorno saludable. El momento del reconocimiento y la acción mundial es ahora.

Los siguientes expertos independientes de la ONU respaldaron esta declaración:

Iniciativa: David R. Boyd, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente;

E. Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de racismo;

Saad Alfarargi , Relator Especial sobre el derecho al desarrollo;

Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento;

Mohamed Abdelsalam Babiker , Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea;

Karima Bennoune, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales;

Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación;

Elizabeth Broderick (Presidenta), Melissa Upreti (Vice Presidenta), Dorothy Estrada-Tanck, Ivana Radačić, y Meskerem Geset Techane, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas;

Francisco Calí Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas;

Alice Cruz, Relatora Especial para la eliminación de la discriminación contra las personas afectadas por la lepra y sus familiares;

Dominique Day (Presidenta), Ahmed Reid , Michal Balcerzak, Sabelo Gumedze, Ricardo A. Sunga III, Grupo de Trabajo de Expertos sobre las personas de ascendencia africana;

Olivier de Schutter , Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos;

Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías;

Isha Dyfan, Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia;

Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación;

Felipe González Morales, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes;

Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos;

Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión;

Mary Lawlor , Relatora Especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos;

Yuefen Li,Experta independiente sobre la deuda externa;

Michael Lynk , Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967;

Victor Madrigal-Borloz, Experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género;

Claudia Mahler, Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad;

Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho a la salud física y mental;

Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños;

Tomoya Obokata, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias;

Obiora Okafor, Experto Independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional;

Marcos Orellana, Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos;

Dante Pesce (Presidente), Surya Deva (Vice-Presidente), Elżbieta Karska, Githu Muigai, Anita Ramasastry, Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas;

Balakrishnan Rajagopal , Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada;

Javaid Rehman, Relator Especial sobre la situación de derechos humanos en en la República Islámica del Irán;

Livingstone Sewanyana, Experto Independiente sobre un orden internacional;

Ahmed Shaheed, Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias;

Dubravka Šimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias;

Leigh Toomey (Presidenta), Elina Steinerte (Vice-Presidenta), Mumba Malila, Miriam Estrada-Castillo and Ms. Priya Gopalan , Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria;

Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias;

Gerard Quinn,Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad;

Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.