Reunión especial del Comité contra el Terrorismo con organizaciones internacionales, regionales y subregionales sobre “La cooperación internacional de los órganos judiciales y de cumplimiento de la ley en materia de antiterrorismo, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 2322 (2016) del Consejo de Seguridad y otras resoluciones pertinentes del Consejo”

Declaración del Sr. Andrew Gilmour, Secretario General Adjunto para los Derechos Humanos

Nueva York, 21 de junio de 2017

Excelencias:

Les agradezco que me hayan invitado a acompañarles en este esfuerzo orientado a elaborar una respuesta al terrorismo mejor coordinada y basada en los principios que sustentan al Estado de derecho. En mi opinión, este es el tipo de reunión de las Naciones Unidas que puede realmente marcar la diferencia.

La escala y la complejidad del terrorismo se han modificado considerablemente en los últimos años. Las instituciones judiciales y los órganos encargados de hacer cumplir la ley, prevenir los ataques terroristas y llevar a sus autores ante los tribunales realizan una tarea abrumadora y es más necesario que nunca alcanzar una colaboración internacional eficaz al respecto.

La experiencia acumulada en los últimos 15 años ha demostrado la importancia de respetar los derechos humanos en el marco de esos esfuerzos. Al tiempo que rechazamos totalmente los crímenes y la crueldad de los terroristas, no debemos hacer caso omiso de las graves violaciones que han cometido algunos gobiernos en la lucha antiterrorista. Entre éstas figuran las prácticas más notorias del periodo posterior al 11 de septiembre de 2001, tales como los traslados irregulares de sospechosos, el uso de centros secretos de detención, la entrega de sospechosos a países donde era probable que fueran sometidos a torturas, el uso de técnicas de interrogación, supervisadas por psicólogos, que en general se consideran modalidades de torturas y que figuran en una descripción detallada sobre los métodos de interrogación de la CIA que publica hoy el diario The New York Times.

No debemos olvidar nunca –aunque, por desgracia, muchos gobiernos lo hacen- que la tortura es totalmente ilegal, totalmente inmoral y además sorprendentemente ineficaz. Esto se debe, como han demostrado reiterados estudios, a que bajo el tormento la gente dice cualquier cosa, sea cierta o no, para lograr que se detenga el dolor que les infligen. De modo que la glorificación actual de la tortura que se realiza en algunas altas esferas es un fenómeno muy inquietante.

Estas prácticas han sido repudiadas desde entonces por carácter ilícito y, además, por ser contraproducentes. Pero el hecho de haberlas revelado y condenado no se ha traducido en procesos sistemáticos que aporten justicia o rendición de cuentas en beneficio de las víctimas. Este desdén hacia los derechos humanos, unido a la incapacidad de garantizar la rendición de cuentas por violaciones de la legalidad, ha tenido consecuencias de largo alcance sobre la capacidad de los gobiernos para presentarse como defensores del Estado de derecho y para exigir responsabilidades a otros países en casos de vulneración.

Debemos permanecer vigilantes a fin de no repetir los errores del pasado y tener en cuenta las consecuencias duraderas en materia de seguridad –y no sólo de ética- que tienen las prácticas que incumplen los derechos humanos. En realidad, la cooperación internacional en la lucha antiterrorista debe basarse en los derechos humanos para que tenga alguna posibilidad de eficacia a largo plazo.

Como señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Sr. Zeid, en su discurso inaugural del actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos hace apenas dos semanas: “La lucha antiterrorista deberá llevarse a cabo con astucia, es decir, preservando los derechos humanos de todos. Les ruego que recuerden esto: cuando un ciudadano sufre un arresto ilícito a tenor de una ley antiterrorista imprecisa, y padece humillación, abuso o tortura, no es una sola persona la que luego alberga resentimiento contra las autoridades, sino también la mayoría de sus familiares. Enviar a la cárcel a un inocente, equivale a poner a seis o siete de sus parientes en manos de quienes se oponen al gobierno, y algunos de ellos quizá puedan ir aún más lejos”.

Hay otras dos ventajas específicas en la cooperación internacional para hacer cumplir la ley mediante la aplicación de los derechos humanos y me gustaría destacarlas aquí.

La primera es que al armonizar la legislación y la práctica antiterroristas con las normas internacionales de derechos humanos se facilita el procesamiento judicial y la condena de quienes participan en actividades terroristas. Esa concertación promueve la coherencia entre las judicaturas nacionales lo que, a su vez, propicia la colaboración internacional en la materia.

Dicho de otro modo, la base de referencia para una cooperación internacional exitosa en lo tocante al cumplimiento de la ley deben ser las normas y medidas antiterroristas coherentes con los estándares de derechos humanos y respetuosas del principio de legalidad.

El segundo punto atañe a las amenazas a los derechos humanos que han surgido como consecuencia del aumento de la colaboración entre los organismos encargados de hacer cumplir las leyes y las entidades de espionaje, en el contexto de la lucha contra el terrorismo.

El mayor intercambio de información entre los cuerpos policiales y los órganos de inteligencia en diversas jurisdicciones ha hecho aumentar el riesgo, por ejemplo, de que esas informaciones puedan obtenerse por medios ilícitos. Y eso entraña complicaciones adicionales en lo relativo a la rendición de cuentas.

Además, las nuevas tecnologías han propiciado la vigilancia intrusiva y transnacional, así como el acopio y almacenamiento de datos personales procedentes de la comunicación digital. Aunque la vigilancia sobre el ámbito digital puede ser necesaria por motivos legítimos vinculados al cumplimiento de las leyes y las tareas de inteligencia, algunos Estados también la han usado de manera ilícita contra opositores políticos y para acceder a información general sobre personas y comunidades específicas. Esas prácticas pueden repercutir sobre una amplia gama de derechos humanos.

La misma importancia debería otorgarse a la inclusión en los acuerdos internacionales de cooperación de una cláusula explícita que establezca la prioridad de las obligaciones jurídicas internacionales de las partes –incluidas sus obligaciones en materia de derechos humanos-. Este aspecto es de especial importancia cuando los países intercambian información personal acerca de grupos vulnerables, tales como los solicitantes de asilo y los refugiados.

De modo que la piedra angular de toda colaboración interestatal eficaz consiste en velar por que las políticas, las prácticas, los procedimientos penales y administrativos y la legislación de cada Estado cumplan con las normas de derechos humanos. Únicamente esa estrategia –aplicada a la par del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y el respeto a la igualdad y la no discriminación- permite abordar las condiciones subyacentes que generan el extremismo violento.

En resumen, mi exhortación es que debemos aprender de las experiencias pasadas y velar por que la cooperación internacional contribuya a prevenir las acciones terroristas, aporte justicia a las víctimas y facilite la ardua tarea de hacer cumplir las leyes, mediante la adhesión cuidadosa a los valores compartidos que están reflejados en la normativa internacional de derechos humanos.

Después de todo, la lucha antiterrorista es un combate para defender los valores de la democracia y los derechos humanos, no para debilitarlos. Eso es algo que olvidamos con demasiada frecuencia.  Y el resultado es que, una y otra vez, los gobiernos luchan contra el azote del terrorismo con métodos que en realidad generan más terroristas, en vez de reducir su número. El costo de la incapacidad para recordar esta verdad esencial lo pagaremos todos nosotros, a un precio cada vez más elevado.

Muchas gracias.