Grupo de Trabajo de la ONU sobre el tema de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica finaliza su misión a Chile

SANTIAGO DE CHILE (9 de septiembre 2014) – Al finalizar la misión de nueve días a Chile, en la que la delegación del Grupo de Trabajo compuesto por Frances Raday y Alda Facio, visitó la ciudad de Santiago, regiones de Valparaíso, Viña del Mar y Arica, Alda Facio entregó la siguiente declaración:

“Nos gustaría expresar nuestra sincera apreciación al Gobierno de Chile por habernos invitado a realizar esta visita al país. Les estamos agradecidos a todos nuestros interlocutores, incluyendo la Presidenta de la República y la Presidenta del Senado, funcionarios de Estado a niveles nacional y local, representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de los organismos de las Naciones Unidas. También quisiéramos agradecerle a las diversas asociaciones de mujeres quienes compartieron sus experiencias con nosotras.

Nuestra visita a Chile se ha realizado en un momento de cambio en relación a los derechos de la mujer. El Gobierno ha compartido con nosotras diversas propuestas de políticas que demuestran una decidida voluntad política de lograr la igualdad de género y la protección y promoción de los derechos humanos de la mujer.

En el Mensaje Presidencial del 21 de mayo 2014 se anunció una cantidad de reformas de largo alcance, incluyendo la reforma constitucional, la reforma del sistema electoral binominal, cuota de género para candidatos de partidos políticos, reforma tributaria, medidas de implementación para igual salario, fin del lucro en la educación y la ampliación de la ley sobre violencia contra la mujer. El Gobierno también está considerando la igualdad de derechos en la sociedad conyugal y la despenalización del aborto en casos de aborto terapéutico, inviabilidad del feto y violación.

Estamos conscientes que estas propuestas se suman a una serie de medidas legislativas para la igualdad y derechos de la mujer que ya existen, incluyendo legislación sobre la violencia intrafamiliar, femicidio, anticonceptivos, antidiscriminación, igual salario y divorcio. Desde 1994 han existido Planes de Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres y se inició exitosamente y se ampliará un programa para la entrega de servicios gratuitos para el cuidado de las y los niños. Aun cuando estas leyes y políticas han ofrecido una cierta base legal para la protección del derecho de la mujer a la igualdad, están lejos de estar completas y muchas de ellas no se han implementado efectivamente.

Numerosos interlocutores han coincidido en que la sociedad chilena es sumamente conservadora. Las actitudes sociales patriarcales, reforzadas mediante valores religiosos tradicionalistas, han tenido un impacto considerable sobre la formulación de políticas y leyes.

Nos complace conocer que el Gobierno ha propuesto fortalecer el marco institucional para la igualdad de género mediante el establecimiento del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el cual reemplazará al Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). No obstante, lamentamos que se haya escogido el término “equidad” en vez de “igualdad”. La obligación del Estado de respetar, proteger y realizar el derecho de la mujer a la igualdad y de prohibir la discriminación contra la mujer en razón del sexo es requerido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW). La promesa de equidad no es suficiente para garantizar el derecho a la igualdad y a vivir una vida libre de discriminaciones de todo tipo.

La propuesta de introducir una cuota de género de 60/40% para las y los candidatos al parlamento es una medida altamente necesaria. El Grupo de Trabajo, en su informe al Consejo de Derechos Humanos (CDDHH) sobre la vida pública y política de la mujer identificó las cuotas como una buena práctica en numerosas regiones, lo cual es esencial a fin de asegurar la igual representación de la mujer en entidades de toma de decisiones tanto a nivel nacional como local. La participación de la mujer en la vida política es actualmente muy baja en Chile: a pesar de tener a una mujer como Jefa de Estado y una mujer Presidenta del Senado, la representación de la mujer en el Poder Legislativo es de 15,83% en la Cámara de Diputados y 15,79% en el Senado, bien por debajo de los promedios a nivel internacional y regional. A nivel local, solo 12,5% de los alcaldes eran mujeres en el año 2012.

La participación de la mujer en la fuerza de trabajo es baja (47,7% en 2013) en comparación a los promedios para la región. Por ende, los planes para aumentar el número de guarderías y jardines infantiles representan una medida importante a fin de permitir a los padres ‒y usualmente son las madres las que llevan la carga principal del cuidado‒ trabajar en el mercado de trabajo y generar un ingreso. La prevención de la discriminación en el lugar de trabajo está normada bajo la Ley Antidiscriminación; sin embargo, no pareciera existir ninguna aplicación específica y sistemática de del derecho a la igualdad de oportunidades en el empleo. La igualdad salarial no ha resultado en una reducción de la brecha salarial y, de hecho, la brecha salarial persiste y se evalúa en 20%, con una brecha de 40% en empleos que requieren de una educación superior. El Grupo de Trabajo destaca que la provisión de Igualdad Salarial no incluye un igual salario por trabajo de igual valor, aun cuando el Estado está bajo esta obligación según los Convenios de la OIT y la CEDAW, que garantizan no el igual salario por el mismo trabajo sino igual salario por trabajo de igual valor. Esto es a fin de prevenir una brecha salarial resultante de la segregación ocupacional por sexo. Adicionalmente, la aplicación de la ley pareciera ser insuficiente, debido a un reducido número de inspectores del trabajo y a la falta de remedios efectivos de parte de los tribunales.

El impacto de la baja participación de la mujer en la fuerza de trabajo y sus remuneraciones más bajas resulta en una mayor pobreza en la tercera edad para la mujer. Las pensiones solidarias introducidas dentro del marco de la reforma a la seguridad social del 2008 solo lograron aliviar parcialmente la pobreza de la mujer resultante de la insuficiencia de las pensiones acumuladas, entregando cerca de un tercio del salario mínimo al quintil más bajo de la población.

A pesar del desarrollo económico significativo de Chile, clasificado por el Banco Mundial como de ingreso medio, la desigualdad del ingreso y la desigual distribución de la riqueza continúan siendo una de las principales dificultades del país. Esta desigualdad afecta gravemente a las mujeres en particular. No obstante Chile aparece en el lugar N°41 en el Índice de Desarrollo Humano, se encuentra en 66° lugar en el Índice de Desigualdad de Género. El Grupo de Trabajo conoció del fenómeno de exclusión social y económica durante sus visitas a Arica y las poblaciones de Viña del Mar. Pese a los esfuerzos dirigidos hacia la protección social, incluyendo los beneficios sociales focalizados y los mecanismos asistenciales, el sistema de protección social resulta insuficiente.

Este tiene un impacto desproporcionado particularmente para las madres solteras (que representan aproximadamente un 40% de los hogares), mujeres trabajadoras en el sector informal y mujeres desempleadas. Nos preocupa especialmente la exacerbada exclusión social de los grupos de mujeres en situación de desventaja, particularmente las mujeres indígenas, migrantes, rurales y con discapacidad. Las mujeres indígenas en particular compartieron su aflicción en relación a su sentimiento de invisibilidad e imposibilidad de avanzar en sus derechos humanos como individuas y integrantes de su comunidad.

Alentamos al Gobierno de Chile a incluir a las mujeres indígenas en todas las consultas a las comunidades indígenas y de reflejar sus visiones, intereses y necesidades en todas las propuestas. El derecho de las mujeres indígenas a la igualdad se debe garantizar en todas las disposiciones constitucionales a futuro.

El Grupo de Trabajo quedó profundamente impresionado con la resiliencia de las mujeres de grupos en desventaja significativa, quienes han establecido asociaciones para asegurar un ingreso en áreas tales como la construcción, reciclaje, manualidades, comercialización, educación y capacitación en asertividad. Asociaciones de trabajadoras domésticas están buscando reconocimiento de sus derechos en el empleo y la coordinación de políticas con los Ministerios involucrados en el caso de trabajadoras domésticas migrantes. Varias asociaciones de mujeres no pueden acceder a financiamiento estatal o créditos bancarios para sus actividades debido a restricciones basadas en sus ingresos anuales individuales o requerimientos de capital inicial. Además, las mujeres casadas requieren del consentimiento de sus cónyuges para obtener crédito en casos donde rige el régimen de sociedad conyugal. Se nos informó de la existencia de propuestas innovadoras para brindar a las mujeres mayor acceso al financiamiento y se espera que se establezcan marcos apropiados para apoyar las iniciativas económicas y sociales de las mujeres.

En relación a los servicios de salud, no obstante la información oficial entregada indicaba la disponibilidad de exámenes médicos preventivos, las mujeres nos informaron una y otra vez que no poseían los medios para pagar una atención particular cuando los exámenes preventivos no estaban disponibles, cosa que pasa frecuentemente. Las deficiencias del sistema de salud se han planteado repetidamente como un tema importante durante nuestra misión y las mujeres reclaman no poder ver un médico para un diagnóstico o atención sin esperar meses y pueden no llegar a ver un especialista para trastornos que requieren de atención especializada. Además, a pesar de que la Ley sobre Información, Orientación y Servicios Relativos a la Regulación de la Fertilidad garantiza todo tipo de anticonceptivos, existen denuncias de desigual acceso a los anticonceptivos así como la no entrega del anticonceptivo de emergencia en una cantidad de municipalidades.

Todos los interlocutores expresaron su grave preocupación en relación al alto número de embarazos adolescentes que representan un riesgo para la salud de estas madres muy jóvenes e interrumpen su educación. Se nos ha informado que las y los hijos de madres adolescentes implican una carga económica y de cuidado sobre las familias de las jóvenes, mientras que la mayoría de los padres no asumen su responsabilidad. Las respuestas a este problema han sido principalmente paliativas y no resultan eficaces en reducir la incidencia de embarazos adolescentes. Profesionales y dirigentes comunitarias, quienes plantearon estos temas durante nuestra visita, son de la opinión que es esencial incluir la educación sexual en la malla curricular a nivel de educación básica desde temprana edad. Algunos también hicieron un llamado por la despenalización del aborto para estas jóvenes.

En relación a la actual legislación sobre el aborto, compartimos las preocupaciones del Comité CEDAW y otros Comités de Derechos Humanos, además de las recomendaciones formuladas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de Chile alentando la despenalización del aborto. En este sentido apoyamos el proyecto de ley recientemente presentado al Congreso que permitiría el aborto en tres circunstancias: cuando peligra la vida de la mujer, por violación o por inviabilidad del feto. Al respecto también recomendaríamos la despenalización del aborto cuando la salud mental y física de la mujer está comprometida y para niñas menores de 18 años, como un tema de salud fisiológica y mental. De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Salud, se informaron 30.860 casos de abortos ilegales en 2011. Algunas investigaciones las evalúan en 60.000/70.000 casos al año.

En los últimos 20 años Chile ha desarrollado una serie de iniciativas legislativas y programáticas para abordar el tema de la violencia contra la mujer, pero la prevalencia del fenómeno es aún alarmante: una de cada tres mujeres informa violencia de parte de una pareja íntima representando esto 2.804.056 mujeres. En 2013, solamente 30% de mujeres víctimas hicieron denuncias y de estas solo 8,78% resultaron en condenas. Numerosos interlocutores también denunciaron las bajas condenas impuestas por estos delitos. El bajo número de denuncias y la impunidad imperante obstaculizan una respuesta eficiente de parte del Estado a este fenómeno.

De preocupación adicional son las denuncias de violencia y acoso sexual hacia defensoras de derechos humanos por parte de Carabineros en el contexto de las protestas sociales. Existe una cultura de impunidad para estos delitos a resultado del no procesamiento, transferencia de jurisdicción a tribunales militares y falta de transparencia. El Grupo de Trabajo reiteró las preocupaciones expresadas por varios interlocutores con respecto a la necesidad de mantener estos casos en cortes civiles.

También nos preocupan las alegaciones de violaciones a los derechos de personas lesbianas, bisexuales y transexuales en Chile que sufren de discriminación, acoso y violencia en la esfera pública y privada y para quienes el Estado no ha desarrollado una respuesta apropiada. Alentamos en este sentido el perfeccionamiento de la Ley Antidiscriminación y la elaboración de la ley sobre identidad de género que es parte del programa de Gobierno.

En relación al acceso a la justicia, las cortes no ofrecen un recurso realista para la mujer en materia de igualdad. Obtener una reparación efectiva en las cortes requiere de representación legal, que es muy costosa. La asistencia legal está disponible solamente para personas de muy bajos ingresos y se nos informó que las organizaciones de la sociedad civil no poseen los recursos para litigar. Se nos informó que un gran número de mujeres víctimas de tortura y violencia sexual durante la dictadura no han tenido los recursos para presentar pruebas a los tribunales. El INDH sólo puede emprender acciones legales ante los tribunales en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada o tráfico de personas. No se le permite presentar amicus ante los tribunales.  Adicionalmente, los tribunales no son conocidos por su sensibilidad al género. Por cierto, la Corte Interamericana en el caso Atala solicitó capacitación en temas de género relacionados con la discriminación para autoridades judiciales. Lamentamos conocer que la Corte Suprema no considera ni las decisiones de la Corte Interamericana o el Derecho Internacional de Derechos Humanos como legalmente vinculantes. También lamentamos conocer que la malla curricular de la academia de la judicatura no incluye cursos sobre los derechos de la mujer e igualdad de género, y que el Ministerio de Justicia solo ofrece capacitación limitada y esporádica sobre estos temas.

Chile ha participado positivamente en los mecanismos internacionales de derechos humanos tales como los órganos de tratados de las Naciones Unidas, el Examen Periódico Universal y los Procedimientos Especiales. Ratificó la CEDAW en 1989, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará, 1994), se comprometió con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 y también las Metas de Desarrollo del Milenio. Chile votó en contra de la Resolución sobre la Protección a la Familia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la cual no protege el derecho de la mujer a la igualdad dentro de la familia y no reconoce la diversidad de familias. Finalmente, el Grupo de Trabajo ve con beneplácito la intención del Gobierno de ratificar el Protocolo Facultativo de la CEDAW y el Convenio 189 de la OIT sobre Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, y recomienda su pronta ratificación. Chile se encuentra ante un momento de oportunidad en vista de la voluntad política de eliminar la discriminación y empoderar a las mujeres mediante una profunda transformación cultural basada en legislación efectiva sobre igualdad y su implementación.

Luego de permanecer solamente nueve días en este país, nos sentimos optimistas en que la sociedad chilena dará la bienvenida a esta necesaria transformación cultural basada en su profundamente arraigada aspiración a la democracia.

En conclusión:

El Grupo de Trabajo considera que Chile se encuentra en un momento histórico en el cual posee la voluntad política y el potencial económico para realizar un cambio transformador en las vidas de las mujeres, avanzando desde una sociedad patriarcal y conservadora hacia una sociedad en la que la mujer tiene iguales derechos y oportunidades políticas, económicas y sociales. La adopción del programa de reforma legislativa propuesto por el Gobierno es una precondición esencial para lograr este cambio. Además, este cambio se deberá difundir no solamente a través de la legislación sino también a través del sistema de educación, los medios de comunicación y las redes sociales.

Como parte del programa de reformas y más allá de las medidas comunicadas al Grupo de Trabajo, recomendamos que la reforma constitucional establezca claramente la primacía del derecho internacional de derechos humanos en el sistema legal; las cuotas establecidas para la participación política deberían ser a nivel local además de nacional y se deberían adoptar en el gobierno corporativo del sector público y privado; se debería facilitar el registro de las asociaciones productivas de las mujeres como cooperativas con acceso al crédito; se debería adoptar un programa para la educación básica sobre el derecho de la mujer a la igualdad, la igual responsabilidad de hombres y mujeres en la crianza de los hijos, sobre la prohibición de toda forma de violencia contra la mujer, y lo indeseable del embarazo adolescente; se debería aplicar la despenalización del aborto para niñas de menos de 18 años de edad; se debiera adoptar una ley específica para garantizar la igualdad de oportunidad de empleo; y se debiera enmendar la igualdad salarial para que incluya el principio de igual salario por trabajo de igual valor.

Recomendamos encarecidamente que el tema de la implementación de leyes se aborde cuidadosamente. Esto requiere de reforma al marco para el acceso a la justicia; extensión de la asistencia legal gratuita; y capacitación en género para el personal encargado de hacer cumplir la ley y las autoridades judiciales.

También requiere de presupuestos de género y el establecimiento de sistemas de monitoreo.

Nuestros hallazgos y recomendaciones se desarrollarán de modo amplio en el informe que presentaremos al Consejo de Derechos Humanos en el mes de junio 2015.”

FIN

El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica de las Naciones Unidas fue creado por el Consejo de Derechos Humanos en 2011 para identificar, promover e intercambiar opiniones, en consulta con los Estados y otros actores, sobre las buenas prácticas relacionadas con la eliminación de las leyes que discriminan a las mujeres. El Grupo también tiene la tarea de desarrollar un diálogo con los Estados y otros actores sobre las leyes que tienen un efecto discriminatorio cuando se trata de mujeres.

El Grupo de Trabajo está integrado por cinco expertas independientes: la actual Presidenta-Relatora Frances Raday (Israel / Reino Unido), Alda Facio (Costa Rica), Kamala Chandrakirana (Indonesia), Emna Aouij (Túnez) y Eleonora Zielinska (Polonia). Para mayor información, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx