EL EXPERTO DE NACIONES UNIDAS SOBRE UNA VIVIENDA ADECUADA CONCLUYE SU VISITA A ESPAÑA

Ginebra, 13 de diciembre 2006

Del 20 de noviembre al 1 de diciembre de 2006, el Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, Miloon Kothari, realizó una misión a España con el objeto de examinar el grado de cumplimiento de dicho derecho, con especial atención a as cuestiones de igualdad de género y de no discriminación.

A lo largo de su misión, el Relator Especial visitó Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Durante su visita, se entrevistó con altos cargos del ámbito estatal y regional, así como con autoridades locales. También se entrevistó con numerosos representantes de la sociedad civil, incluidos movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, académicos, investigadores independientes de derechos humanos, colectivos de mujeres y representantes de las minorías, y recibió testimonios de personas directamente afectadas por las insuficiencias en el cumplimiento del derecho humano a una vivienda adecuada.

El último día de su misión, el Relator Especial compartió sus observaciones preliminares con autoridades del Gobierno central. El Relator Especial reconoció los esfuerzos realizados por las autoridades españolas en todos los niveles para afrontar las cuestiones ligadas al cumplimiento del derecho a una vivienda adecuada.

Valoró positivamente la creación de un Ministerio de la Vivienda en el ámbito estatal y los esfuerzos subsiguientes realizados por dicho Ministerio para asegurar de manera descentralizada las responsabilidades en materia de vivienda de los diferentes niveles de gobierno. También constató la existencia de mejoras en materia de políticas de vivienda de suelo en el ámbito regional y local, por ejemplo en el País Vasco y en Cataluña.

El Relator Especial comprobó con satisfacción que España cuenta con disposiciones legales para proteger el derecho a una vivienda adecuada, en particular en la Constitución. El artículo 47 de la Constitución española establece que «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
El Relator Especial también valoró de forma positiva los progresos realizados en el desarrollo e impulso de proyectos legislativos vinculados a la efectividad del derecho a una vivienda adecuada y al suelo. Sin embargo, estimó que estas legislaciones y políticas pueden carecer de efectividad mientras la especulación continúe condicionando las políticas de planificación urbana y mientras las políticas públicas no afronten las consecuencias derivadas de un mercado totalmente desregulado.

Al final de su misión, el Relator Especial ha llegado a la conclusión de que España atraviesa una crisis en materia de vivienda debido a diferentes factores.

Tanto en materia de alquiler como de compra, las dificultades para soportar los gastos generados por la vivienda (Affordability) son un problema de primer orden para un vasto número de personas que vive en España. El Relator Especial se encontró con que una parte importante de la población dedica una porción elevada de sus ingresos al pago de hipotecas. El Relator Especial recibió un número importante de testimonios de personas que no pueden hacer frente a esos pagos debido a los aumentos producidos. La situación no parece sostenible a largo plazo, y el Relator Especial teme que más gente en el futuro experimente problemas de pago que afecten a su derecho a una vivienda adecuada.

España sufre una grave carencia de vivienda pública. Los programas de vivienda actuales no permiten satisfacer las necesidades de entre un 20% y un 25% de la población con menos ingresos El Relator Especial considera que esto es una estimación conservativa, dado que España es el tercer país más pobre de los 15 países que originalmente formaban a Unión Europea. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, datos sobre la distribución de ingresos, publicadas el 1 de diciembre de 2006, un 20% de los españoles viven bajo el nivel de pobreza.. Prácticamente toda la vivienda en alquiler, de por sí escasa, pertenece al sector privado. Sólo un 2% del parque existente se considera de alquiler social, en comparación con el 10-30% de otros países de la Unión Europea. Es más, aunque se encuentran en torno a un 18% más bajo que en el mercado privado, los precios de la vivienda de alquiler público tienden a ser demasiado altos para algunos sectores de la población. Paradójicamente, España posee el número de viviendas vacías más alto de la Unión Europea (de 3 a 4 millones).

Esta situación se ha agravado por la especulación en el uso del suelo y de la propiedad, lo que ha beneficiado a los grandes promotores. Por ejemplo, en el País Vasco, entre 1995 y 2005, los precios de la vivienda aumentaron un 250%, mientras los costes de construcción se incrementaron en un 35%. Durante el mismo período, las hipotecas subieron de €650 millones a €6000 millones.

La situación de la vivienda ha generado muchos problemas. Entre otros, el Relator Especial recibió testimonios e información que indican la existencia de diferentes factores de discriminación relacionados con la vivienda, incluida la “gentrificación” de las ciudades y, como consecuencia de ello, la segregación y los desalojos forzosos. El Relator Especial se mostró especialmente conmovido por los testimonios y la información relativos a la violencia física y psicológica utilizadas para expulsar a las personas de sus hogares, un fenómeno conocido como "mobbing".

La especulación y los beneficios generados por el mercado inmobiliario han conducido a una corrupción a gran escala. El Relator Especial considera que escándalos como los de Marbella apenas constituyen la punta del de un iceberg. El Relator Especial celebra el nombramiento de un Fiscal Especial que supervise estas prácticas. Pero considera que se necesitan investigaciones y acciones más rigurosas en relación con los responsables de los escándalos urbanísticos, incluidos los promotores.

Aunque la difícil situación de la vivienda afecta a todos los sectores de la población, algunos de ellos, como las personas sin techo, los niños y los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidades y problemas de salud, las personas con bajos ingresos, los refugiados y solicitantes de asilo, los inmigrantes, las minorías como las romaníes (las comunidades gitanas) y las mujeres (incluidas las que padecen violencia doméstica y las madres solteras) se han visto especialmente afectados.

A finales de 2005, el Instituto Nacional de Estadísticas estimaba que existían unas 21.900 personas sin hogar.

La juventud se ha visto particularmente afectada por la actual crisis de la vivienda. La edad media de «emancipación», esto es, la posibilidad de dejar la casa de los padres, se ha elevado a 34 años. Según el Consejo de la Juventud de España, una persona joven necesita un promedio de un 60.8% de su salario para acceder al mercado privado de la vivienda, lo que comporta un alargamiento de las deudas.

El Relator Especial recibió testimonios directos de trabajadores inmigrantes que viven en asentamientos informales, en edificios en construcción o en condiciones de hacinamiento, y que son discriminados en el acceso a la vivienda o se ven forzados a alquilar camas por horas («camas calientes»). En ese sentido, le sorprende que mientras la economía de algunas regiones se ha beneficiado ampliamente de la mano de obra inmigrante, se ha hecho muy poco por garantizar las necesidades de vivienda de esas personas.

El Relator Especial visitó chabolas en las que ha habido población romaní (comunidades gitanas) viviendo desde hace décadas. También visitó viviendas con condiciones de alojamiento y de vida degradadas, expuestas al hacinamiento y a la discriminación. Según el Censo de 2001, residían en España 112.824 personas sin agua potable; 13.200 vivían en viviendas ruinosas; 13.660 en malas condiciones y 25.839 en edificios con alguna deficiencia. Teniendo en cuenta el grado de especulación actual, estas cifras pueden haber aumentado.

El Relator Especial considera necesario reconsiderar de manera profunda la actual política económica y social. Las políticas y la legislación resultantes de dicha reconsideración deberían asumir una perspectiva de derechos humanos en materia de suelo y de vivienda. La base jurídica para una aproximación de este tipo ya existe, tanto en la Constitución como en los instrumentos de derechos humanos ratificados por España.

La vivienda debería ser reconocida como un derecho humano básico y no, como ocurre ahora, como una simple mercancía para vender y comprar. El gobierno debería reconocer en todas sus políticas y legislación el derecho a la vivienda y la función social de la propiedad. Asimismo, todos los sectores de la sociedad, incluidos los promotores, constructores, inmobiliarias, grupos de la sociedad civil y otros actores públicos y privados deberían comprometerse con la realización de este derecho humano básico.

En esta fase preliminar, el Relator Especial presentó una serie de recomendaciones que comprenden:

· Facilitar medios de justiciabilidad (exigibilidad judicial, justiciability) y mecanismos de queja eficaces que permitan la concreción del derecho a una vivienda adecuada consagrado en la Constitución española y en los instrumentos legales internacionales.
· Penalizar de manera drástica prácticas como el «mobbing» inmobiliario, la corrupción, la discriminación y otros comportamientos antiéticos en el sector inmobiliario. Los ciudadanos deberían disponer de mecanismos adecuados de investigación, sanción e indemnización de esas prácticas.
· Adoptar una política estatal de vivienda global y coordinada, basada en los derechos humanos y en la protección de los más vulnerables. El Relator Especial insta a que, a la hora de articular sus políticas habitacionales, se adopte una perspectiva basada en la indivisibilidad de todos los derechos humanos. Es también menester integrar la dimensión social en todos las políticas de vivienda y de planeamiento urbanístico.
· El Relator Especial insta, asimismo, a la adopción de una moratoria de la recalificación de suelo hasta la entrada en vigor de la nueva Ley del suelo, que debería incluir estrategias de aplicación más estrictas en materia de derecho a la vivienda y al suelo que las contempladas en el anteproyecto actual.
· Abordar de manera urgente, en todos los niveles de gobierno, la situación de falta de vivienda y servicios sociales, sobre todo para personas con bajos ingresos, sin techo, inmigrantes y comunidades romaníes (gitanos).
· Proporcionar diversos tipos de alojamientos que incluyan refugios, alojamientos de emergencia, de acogida y viviendas temporales.
· Conseguir un aumento de la disponibilidad de viviendas en alquiler mediante un empleo más eficaz de los edificios deshabitados, pero también de la construcción de un parque público de viviendas de alquiler dirigido a atender las demandas de la población con bajos ingresos. Garantizar, igualmente, la seguridad en la tenencia de los arrendatarios que, con la ley vigente, sólo alcanza los cinco años.
· Reflexionar seriamente sobre el funcionamiento del mercado y del actual modelo de propiedad privada en la tenencia, así como sobre las subvenciones para la compra que benefician a los sectores más altos del mercado de la vivienda. Considerar también su posible impacto negativo en la generación de vivienda para sectores con bajos recursos.
· Comprometer a los diferentes niveles de gobiernos en un proceso de consulta amplia y genuina con la sociedad civil a la hora de diseñar políticas, estrategias y planificación en materia habitacional y urbanística.

El Informe final de la misión y las recomendaciones definitivas del Relator Especial se presentarán el próximo año en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El documento se pondrá a disposición pública en Internet.

Para obtener más información sobre el mandato y el trabajo del Relator Especial sobre una vivienda adecuada, puede consultarse el sitio Web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en:

http://www.ohchr.org/english/issues/housing/index.htm

http://www.ohchr.org/spanish/issues/housing/