Declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay, en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

25 de junio de 2009

“La prohibición de la tortura es una de las más absolutas que se pueda hallar en la ley internacional. El Articulo 2 de la Convención contra la Tortura es inequívoco: ‘En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura’.

Y nadie escapa a su alcance: ni los mismos torturadores, ni los que toman las decisiones políticas y ni aun los funcionarios públicos que definen la política a seguir o dan las órdenes.

Un total de 146 estados han ratificado la Convención contra la Tortura en los 25 años transcurridos desde su adopción en 1984; es decir, las tres cuartas partes de los países del mundo. Esto resulta impresionante en comparación con muchos otros tratados, pero no lo es dado lo inhumano de las prácticas que esta Convención trata de prohibir. Exhorto a que más estados ratifiquen este tratado y su Protocolo Opcional, y urjo a aquéllos que ya lo han hecho a que se atengan a las claras reglas que contienen.

Muchos estados que ya han ratificado la Convención continúan practicando la tortura, algunos de ellos lo hacen a diario. Otros que no la emplean, permiten que suceda al enviar gente en situación de riesgo a países en los que saben que se utiliza la tortura. Esto, también, está claramente prohibido por la Convención contra la Tortura (Artículo 3).

Los atentados terroristas que sacudieron al mundo en septiembre de 2001 tuvieron un efecto devastador en la lucha por la eliminación de la tortura. Algunos estado que previamente habían sido cuidadosos en no emplear o condonar la tortura, se hicieron menos escrupulosos. Los equipos legales de los estados comenzaron a buscar formas ingeniosas de pasar por alto la Convención o de hacer sus límites más flexibles. Las prisiones de Guantánamo y Abu Ghraib, en particular, se convirtieron en destacados símbolos de esta regresión, y nuevos términos, como ‘water boarding’ (ahogamiento simulado) y ‘rendition’ (detenciones-entregas extraordinarias) pasaron a formar parte del discurso público, mientras los abogados y defensores de los derechos humanos veían consternados.

Creo que finalmente estamos comenzando a pasar la página de este extremadamente desafortunado capítulo de la historia reciente, ahora que las medidas antiterroristas comienzan a reajustarse los estándares internacionales de los derechos humanos. En mi posición de ex juez internacional que ha trabajado en más casos que implicaban tortura de los que quisiera recordar, y ahora como la principal encargada de derechos humanos de la ONU, ciertamente espero que ése sea el caso.

Hace falta liderazgo para poner fin a esta grotesca práctica. En enero, acogí con beneplácito el hecho de que los primeros actos de Barak Obama como nuevo presidente de Estados Unidos incluyeran la decisión de cerrar Guantánamo y prohibir métodos de interrogación como el ‘water boarding’, que equivalen a actos de tortura o que contravienen la ley internacional. Él estableció un ejemplo de lo que un dirigente puede hacer, en términos de política y práctica, para mantener la prohibición total de la tortura.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer antes de que el capítulo de Guantánamo llegue realmente a su fin. Los detenidos que todavía permanecen ahí deben comparecer ante un tribunal -como cualquier otro sospechoso de un delito- o ser puestos en libertad. A aquéllos que corren el riesgo de ser torturados o maltratados en sus países de origen se les debe dar un nuevo hogar, donde puedan comenzar a construir una nueva vida, en Estados Unidos o en cualquier otra parte. Me complace ver que, en semanas recientes, varios países han aceptado acoger a algunos de los que están en esa situación, y exhorto a otros a que sigan el ejemplo, incluido primero que todos el propio Estados Unidos.

No se deben adoptar medidas a medias o nuevas formas creativas de tratar como delincuentes a personas que no han sido halladas culpables de ningún crimen. Guantánamo demostró que la tortura y las formas ilegales de detención pueden ponerse de nuevo en práctica con demasiada facilidad en momentos de tensión y que aún queda un largo camino por recorrer antes que podamos recuperar por completo el elevado nivel moral perdido desde los atentados del 11/9.

Tal como establece claramente la Convención contra la Tortura, quienes ordenan o infligen tortura no pueden ser exonerados, y el papel de algunos abogados y médicos que han asistido a sesiones de tortura debe ser investigado. “Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura (Artículo 4).

De igual forma, se debe ayudar a las víctimas de tortura a recuperarse de una de las peores tragedias que el ser humano pueda enfrentar. Las cicatrices físicas y mentales de la tortura son aterradoras, el efecto en las familias es devastador, y con frecuencia tienen efectos socio-económicos a largo plazo, incluido un estigma que puede ser extremadamente difícil de borrar. A las víctimas de la tortura se les debe compensar y cuidar todo lo que sea necesario para permitirles llevar de nuevo una vida relativamente normal.

Lo que sucedió en Guantánamo, si bien es reprensible, palidece en comparación con la escala y la naturaleza de los actos de tortura que se llevan a cabo en cárceles, sedes policiales y otras instalaciones gubernamentales en países de todo el mundo. Estos son algunos de los rincones más lóbregos de nuestro planeta. Las víctimas no sólo incluyen a sospechosos de terrorismo o activistas políticos, sino a delincuentes menores y hasta a niños de la calle. Hay miles de lugares como esos y cientos de miles de víctimas de cuyo atroz sufrimiento prácticamente no oímos nada.

Exhorto a los líderes de todo el mundo a que envíen el mensaje claro e inequívoco de que la tortura ya no será tolerada y que aquéllos que la practican cometen un grave crimen.

La tortura es un acto de barbarismo. No creo que ningún estado cuyo régimen lleve a cabo o condone la tortura pueda considerarse civilizado. Creo que los mismos estados reconocieron esto cuando acordaron el texto fuerte e intransigente de la Convención contra la Tortura. Y creo, al comienzo de este año que marca el 25° aniversario de su adopción, que todos debemos realizar un esfuerzo aún mayor para erradicar estas prácticas nefastas y a los funcionarios públicos que contravengan los términos de este tratado, uno de los más fundamentales de los derechos humanos”.

Lea el texto completo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Opcional:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm