Es urgente lograr la transición hacia una economía basada en los derechos humanos, afirma el Alto Comisionado

Estimados colegas y amigos:

Lamento que no pueda acompañarles personalmente en esta importante conferencia.

Nuestro sistema económico mundial está en quiebra: mantiene atrapadas a millones de personas en la extrema pobreza, ahonda las desigualdades, dificulta las medidas contra el cambio climático y fomenta el autoritarismo, la inestabilidad y el conflicto.

A cualquier lugar adonde viajo, veo el profundo sufrimiento que infligen el sistema económico y el pensamiento dominantes, que descuidan o hacen retroceder los derechos. Por ejemplo, hace poco visité la región este de la República Democrática del Congo, donde la población sigue padeciendo las consecuencias de un arduo conflicto motivado por la explotación de los recursos naturales. Este caso es un buen recordatorio de cómo los sistemas económicos se combinan y operan en situaciones de conflicto violento.

Dicho en pocas palabras: el sistema económico mundial no fue concebido para satisfacer las necesidades, las aspiraciones y los derechos de las mayorías. Y por eso ha institucionalizado un dispositivo de enorme costo humano, que a menudo permite las obscenas concentraciones de poder y de riqueza a las que nos enfrentamos ahora. 

No obstante, por su capacidad para evolucionar, nuestro sistema económico podría ser parte de la solución. Esta observación es particularmente cierta en lo tocante al derecho económico internacional, que a menudo no tiene en cuenta los principios de derechos humanos.

Desde los tratados comerciales hasta los acuerdos de inversión y desde las regulaciones sobre las empresas hasta los marcos de desarrollo, debemos avanzar urgentemente hacia la plena armonización con el derecho internacional de los derechos humanos. En muchos ámbitos esta cohesión puede lograrse mediante una interpretación más progresista e integral de las normas existentes; en otros, es preciso acometer reformas más específicas y eficaces.

Asimismo, tenemos que avanzar rápidamente hacia una estructura financiera internacional más integradora, equitativa y eficaz, a fin de transformar la gobernanza mundial.

Los debates que ustedes sostendrán estos dos días desempeñarán una importante función en el rumbo de nuestras iniciativas venideras, entre ellas la Cumbre del Futuro, que tendrá lugar en septiembre de este año, en la que los Estados tendrán la oportunidad de reorganizar la cooperación internacional, una ocasión que no deberían desaprovechar.             

La reforma de nuestra estructura financiera internacional -una tarea que lleva ya algún retraso- debería orientarse por los valores y las cautelas contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos. Nuestra ambición debería ser elevada. Permítanme subrayar lo que esto significa en cinco ámbitos principales:      

• El progreso específico en la reforma de las instituciones financieras internacionales, comprendidos el Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de modo que sus políticas y decisiones de financiación queden firmemente ancladas en los derechos humanos, y sus estructuras administrativas tengan más en cuenta a los países del Hemisferio Sur.
• En segundo lugar, la creación de un mecanismo multilateral eficaz y un marco legal para aliviar y reestructurar la deuda soberana, que aborde las presiones relativas al endeudamiento sin afectar a las inversiones en salud pública, educación, protección social y otros bienes públicos.
• En tercer lugar, una mayor cooperación internacional en materia fiscal, para luchar contra los efectos corrosivos de la evasión tributaria y la distribución injusta de dividendos que practican las empresas multinacionales, con los Estados participando constructivamente en la propuesta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional.
• En cuarto lugar, la adopción de un indicador de resultados económicos que trascienda el PIB, de modo que tengamos una imagen holística de hasta qué punto las economías cumplen con los derechos de los ciudadanos, con datos desglosados que faciliten la aplicación de medidas enérgicas contra la discriminación.
• Y, por último, una iniciativa de emergencia que permita revitalizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante un aporte masivo de financiación en gran medida voluntaria, que no agrave la espiral de deuda de los países más desfavorecidos. En este sentido, cabe señalar que la decisión reciente de la Junta de Gobernadores del FMI relativa a los derechos especiales de giro ha sido un paso adelante en la dirección correcta.

Junto con la necesidad de reorganizar el sistema internacional, los Estados tienen otro proyecto urgente de índole nacional.

Los gobiernos del mundo entero deben reconocer la necesidad -y la conveniencia- de ejecutar una transición hacia una economía basada en los derechos humanos -una estructura que sirva a las personas y al planeta. Y eso fue lo que anunciamos el año pasado, el concepto de “economía basada en los derechos humanos”, dicho de otro modo, una economía centrada en la realización de “todos los derechos humanos, para todos”, tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales; el derecho al desarrollo y el derecho a un medioambiente saludable. Eso es lo que significa esta visión exhaustiva de los derechos humanos.

Al asegurarse de que las políticas económicas, las leyes y otras medidas están basadas en derechos, los gobiernos pueden modular economías que estarían adecuadamente equipadas para abordar las causas profundas de la desigualdad y la inseguridad, impulsar las inversiones esenciales en bienes públicos, reforzar las instituciones que apoyan al estado de derecho, gestionar las repercusiones nocivas de la tecnología digital y acelerar las medidas en pro del medio ambiente y en contra del cambio climático.

Una economía basada en los derechos humanos también recompensa las combinaciones ponderadas de medidas que ajusten los modelos y las operaciones empresariales a las responsabilidades corporativas en materia de derechos humanos.

En este concepto, la función del sector privado es absolutamente decisiva. Aplaudo el liderazgo demostrado por los agentes empresariales progresistas, con muchos de los cuales me entrevisté el año pasado. Necesitamos que muchas otras empresas sigan su ejemplo, incluso mediante el compromiso con nuestro Foro Anual de Empresas y Derechos Humanos, una plataforma que genera ideas avanzadas para impulsar la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

Con un giro fundamental como este, podemos aspirar a reconstruir la confianza que ha resultado tan dañada en nuestras sociedades y entre los Estados. Ya es posible ver algunos resultados promisorios de nuestro compromiso con gobiernos, comunidades, la sociedad civil y otros factores en el contexto de la economía basada en los derechos humanos.

Por ejemplo, en Jordania, donde ya se aprecian tendencias hacia una estrategia fiscal y de financiación pública basada en los derechos humanos, o en Kenya, donde se manifiestan análisis y enfoques orientados a integrar los procesos presupuestarios en el plano nacional, o en Zambia, donde se trata de proteger los derechos a la alimentación y la educación en el contexto de la reestructuración de la deuda, o en Serbia, donde se han formulado análisis basados en los derechos humanos sobre la posibilidad de “no dejar a nadie rezagado”, para abordar el problema de la desigualdad de algunas de las comunidades más marginadas.

Un instrumento esencial para esta labor, la Iniciativa Surge, combina los derechos humanos con la experiencia económica. Enfoques multidiscipliarios como este, junto con iniciativas conjuntas creadoras, son sin duda indispensables para hacer realidad todo el potencial de los derechos humanos en tanto que catalizador del cambio sistémico.

Este mensaje de que los derechos apuntan al camino de las soluciones, está en el centro de mi Declaración de Visión, que publicamos a principios del año en curso, y que se inspiró en las conversaciones de ámbito mundial que mantuvimos con motivo del 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Durante la iniciativa Derechos Humanos 75, más de 140 Estados formularon promesas y compromisos orientados a adoptar medidas concretas de transformación, lo que constituye una notable demostración de renovado compromiso con los derechos humanos en este momento en que se acumulan las crisis.

Estimados colegas:

Espero que podamos aprovechar vuestra experiencia, vuestras ideas y vuestra colaboración, a medida que avanzamos en la construcción del mundo más justo y más pacífico que postularon los redactores de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Les deseo lo mejor para los debates de esta reunión y espero con interés la ocasión de conocer vuestras conclusiones y recomendaciones.

Muchas gracias.