Comentario de la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, sobre Iraq

Expresamos nuestra consternación por la aprobación de una ley nueva por parte del parlamento de Iraq la cual penaliza las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo así como otras formas de comportamientos consentidos en el ámbito privado con penas de prisión de hasta 15 años.   Esta ley es contraria a varios tratados y convenciones de derechos humanos ratificados por Iraq, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que debe ser revocada.

Los principios de igualdad y de no discriminación son la esencia de la normativa internacional de derechos humanos.  Todas las personas, sin distinción alguna, tienen derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida privada, el derecho a ser tratadas en pie de igualdad ante la ley y el derecho a ser protegidas ante cualquier tipo de discriminación por diversos motivos, que incluyen la orientación sexual y la identidad de género.  

En virtud de esta nueva ley, aquellas personas que se consideren que son culpables de «establecer una relación homosexual» se enfrentarán a penas de 10 a 15 años de prisión, a la vez que cualquier persona que «promueva la homosexualidad» recibirá una pena de al menos siete años de prisión y será multada con al menos 10 millones de dinares iraquíes.  Así mismo, esta ley penaliza a toda persona que acceda o lleve a cabo tratamientos médicos de afirmación de género con una pena de hasta tres años de prisión, y además penaliza a aquellas personas que se vistan con ropas asociadas con el sexo opuesto con penas de hasta tres años de prisión o con una multa de al menos 5 millones de dinares iraquíes.

Existen numerosas pruebas que demuestran que estas leyes también sirven para legitimar los prejuicios, para exponer a personas a delitos de odio, conducen a abusos policiales, a acoso, intimidación, chantaje y tortura. Además, dichas leyes perpetúan la discriminación y la denegación de acceso a servicios básicos, como son la asistencia sanitaria, la educación y la vivienda.