Los civiles y la sociedad civil deben ser protegidos en el horrendo conflicto de Gaza

Embajador Cheikh Niang,
Excelencias,
Damas y caballeros:

Es para mí un honor inaugurar la edición de 2024 de la Conferencia de organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre la cuestión palestina -que lleva por título “Building Bridges with International Civil Society to Address the Ongoing Nakba” [Construir puentes con la sociedad civil internacional para abordar la Nakba actual]- coordinada por el Comité de las Naciones Unidas sobre el ejercicio inalienable de los derechos del pueblo palestino.

Este acto se celebra en el horrendo contexto de una devastación sin precedentes.

La muerte de siete cooperantes humanitarios de la organización World Central Kitchen a consecuencia de varios ataques aéreos israelíes efectuados el lunes pasado no fue un incidente aislado. Hasta el 20 de marzo, al menos 196 miembros de organizaciones humanitarias, entre otros 175 empleados de las Naciones Unidas, han muerto en el Territorio Palestino Ocupado desde octubre de 2023. Esta cifra casi triplica el número de víctimas registradas en cualquier otro conflicto durante un año entero (según ha declarado el Coordinador Humanitario de las Naciones Unidas para el Territorio Palestino Ocupado). Como resultado de los ataques perpetrados contra hospitales y personal médico, y la constante interferencia que afecta a la ayuda humanitaria, los palestinos de Gaza están muriendo de hambre y enfermedades, cuando no los matan las bombas.

Ha transcurrido casi medio año desde los ataques de los días 7 y 8 de octubre, realizados por Al-Qassam y otros grupos armados palestinos, comprendidas las espantosas agresiones contra la población civil, que causaron la muerte de unos 1.200 israelíes y extranjeros de otras nacionalidades, y heridas a otras 5.000 personas, así como casos de tortura y violencia sexual, y el secuestro de más de 230 rehenes que fueron llevados a Gaza, 130 de los cuales permanecen retenidos en la actualidad. Estas vulneraciones constituyen delitos penados por el derecho internacional.

La respuesta militar israelí en Gaza ha sido brutal y existen cada vez más pruebas de que se han producido violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario, incluso mediante la perpetración de crímenes de guerra y otras atrocidades. Sin dudas, la estrategia, los métodos y los medios elegidos por Israel para llevar a cabo su ofensiva arrojan un saldo horrendo de víctimas humanas, con más de 100.000 palestinos muertos o heridos en Gaza -lo que representa un asombroso cinco por ciento de la población total, en su mayoría mujeres y niños. Al menos 17.000 niños han quedado huérfanos o están separados de sus familias, y todos los menores que sobrevivan en Gaza llevarán cicatrices físicas y emocionales durante toda la vida.

Los bombardeos israelíes han devastado por entero zonas residenciales y la destrucción en gran escala de infraestructuras civiles esenciales ha hecho que muchas partes de Gaza hayan quedado inhabitables. Alrededor de 1,7 millones de personas han sido desplazadas, algunas en varias ocasiones, a medida que se trasladan con la vana esperanza de hallar un lugar seguro. Numerosas infraestructuras civiles, tales como hospitales, escuelas y lugares de culto, todos protegidos en virtud del derecho internacional, han sido destruidos por completo. Según informes recibidos, el asedio de Al Shifa, que duró dos semanas y terminó en fecha reciente, ha causado destrucción masiva, muertos y heridos. Cientos de personas han sido detenidas. El personal del ACNUDH en el TPO compila actualmente información adicional al respecto. Se trata de un caso más de destrucción masiva, muerte y sufrimiento.

Pero en Gaza ya no queda ningún lugar seguro. Por doquier, los civiles corren el riesgo de morir como resultado de los ataques por aire, mar y tierra, o a consecuencia del hambre y las enfermedades. Este castigo colectivo infligido por Israel al pueblo palestino es inaceptable y está estrictamente prohibido en virtud del derecho internacional. Tal como señaló recientemente el Alto Comisionado, este es un caso verosímil de uso del hambre como arma de guerra.

Todas las violaciones del derecho internacional humanitario merecen ser investigadas adecuadamente y cualquier delito ha de ser castigado de conformidad con el derecho internacional. Para citar una vez más al Alto Comisionado, “nadie está por encima de la ley”.

Hoy en día, cuando el número total de muertes en Gaza supera los 32.000, vemos casos de palestinos que mueren de desnutrición y deshidratación. Esta catástrofe de hechura humana era completamente evitable. Nuestra Oficina ha exhortado a los Estados que puedan influir en la situación a que hagan cuanto esté a su alcance para evitar un ataque en gran escala contra Rafah, que elevaría la pesadilla actual a una nueva dimensión catastrófica.

En su condición de potencia ocupante, Israel tiene la obligación, en virtud del derecho internacional humanitario, de suministrar ayuda humanitaria o de proteger y facilitar su distribución segura a la población civil. El Alto Comisionado ha señalado las responsabilidades de Israel en lo relativo a los medios y métodos bélicos que ha escogido y las restricciones y dificultades que plantean para la entrada y distribución de la ayuda. Los corredores y puestos fronterizos deben permanecer abiertos y es preciso tomar medidas para garantizar la distribución libre y segura de la ayuda a la población civil en toda la Franja, lo que abarca las garantías sobre la libertad de movimiento de todos los trabajadores humanitarios.

En este sentido, nuestra Oficina aplaude la adopción por el Consejo de Seguridad de la resolución 2728 del 25 de marzo y la orden provisional emitida por la Corte Internacional de Justicia el 28 de marzo, en la que se pide su aplicación inmediata, en seguimiento de la orden emitida en febrero.

El Alto Comisionado también ha pedido en repetidas ocasiones la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes, así como de los miles de palestinos arbitrariamente detenidos por Israel. Mientras esa excarcelación no se produce, todas estas personas deben ser objeto de un trato humanitario y tienen derecho a recibir visitas y asistencia del personal del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Al mismo tiempo que se produce la destrucción de Gaza, siguen aumentando las tensiones en la parte ocupada de la Ribera Occidental, comprendido el Este de Jerusalén. La drástica aceleración en la construcción de asentamientos israelíes y los índices record de hechos de violencia por parte de los colonos y agentes del Estado israelí, incluidas las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilícitos, hacen empeorar los tradicionales esquemas de violencia, opresión, discriminación y restricciones de movimientos, lo que agrava el desplazamiento forzoso de las comunidades palestinas, en medio de la permanente crisis fiscal que afecta a la Autoridad Palestina.

Como afirmó el Secretario General de las Naciones Unidas, los ataques del 7 de octubre “no ocurrieron en el vacío”, sino que se produjeron “tras 56 años de ocupación asfixiante”. Por su parte, el Alto Comisionado ha exhortado en varias ocasiones no solo a lograr el cese inmediato de las hostilidades, sino a que se ponga fin al conflicto y se inicie un proceso político genuino para terminar la ocupación y garantizar el derecho de los palestinos a la autodeterminación, la igualdad y la no discriminación.

La rendición de cuentas debe aplicarse a todas las partes en conflicto. Debe aprobarse un conjunto de medidas para restaurar los derechos humanos, la igualdad, la transparencia y la justicia, tanto en el Territorio Palestino Ocupado como en Israel. En estos esfuerzos, contamos con nuestros aliados de la sociedad civil.

Deseo rendir tributo aquí a los agentes de la sociedad civil que trabajan incansablemente para proporcionar asistencia humanitaria a los necesitados, que cuidan voluntariamente de los refugiados traumatizados por la violencia, que exigen a sus gobiernos respeto por los principios y las normas del derecho internacional y que siguen militando en pro de una resolución pacífica del conflicto.

Durante la ocupación, las sociedades civiles de Israel y Palestina han desempeñado una función decisiva al documentar y poner de manifiesto las más prominentes violaciones de derechos humanos, y exigir justicia y rendición de cuentas. El espacio cívico, que ya había venido disminuyendo, tanto en Israel como en el TPO antes del 7 de octubre, ha seguido encogiéndose aún más desde esa fecha, lo que limita la capacidad de los activistas de derechos humanos, los periodistas y los ciudadanos ordinarios para expresarse libremente. El hecho de que Israel haya designado como organizaciones terroristas a seis ONG y amenace con imponer altos impuestos a las ONG israelíes que trabajan en el TPO y reciben fondos del extranjero, así como otras medidas similares, han afectado gravemente la capacidad de estas organizaciones para operar de manera independiente y alcanzar todo su potencial.

La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil de Gaza han perdido su infraestructura física y su personal ha muerto, está herido o detenido, mientras que otros han huido en busca de seguridad. Estos son golpes considerables a la sociedad civil. Además, la financiación de muchas de estas entidades ha sido congelada o se encuentra sujeta a revisión por los donantes. Este no es el momento apropiado para reducir el apoyo de los donantes a las organizaciones de la sociedad civil que desempeñan una labor tan esencial, sino el momento de multiplicar los apoyos. Tal como avisó nuestra Oficina ya a mediados de diciembre, “al parecer, Gaza se ha convertido en el lugar más mortífero del mundo para los periodistas”. Por desgracia, los asesinatos de periodistas han continuado. Las investigaciones preliminares del Comité para la Protección de los Periodistas apuntan a que al menos 95 periodistas y trabajadores de la prensa han muerto (90 palestinos, 2 israelíes y 3 libaneses). Asimismo, se han recrudecido las campañas de calumnias contra artistas, militantes pacifistas y defensores de derechos humanos dentro y fuera de Israel y del TPO, incluidos los ataques contra los expertos independientes de los mecanismos de derechos humanos, al describir la libertad de expresión como incitación a la violencia, terrorismo o antisemitismo, mientras que con total impunidad se incita al odio y la violencia contra los palestinos.

Pero la importancia de la sociedad civil nacional e internacional y de los medios noticiosos y los periodistas es fundamental para la consecución de la verdad, la justicia, la rendición de cuentas y la reconciliación futura. Nuestra Oficina seguirá promoviendo y apoyando a los defensores de derechos humanos y la sociedad civil por la valiosa labor y los esfuerzos decisivos que realizan, ante los enormes desafíos actuales.

Seguimos exhortando a los Estados Miembros a que hagan cuanto esté en sus manos para garantizar que todas las partes en conflicto cumplen con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. También pedimos un amplio apoyo internacional para asegurar que los agentes de la sociedad civil quedan protegidos y empoderados, a fin de que puedan contribuir de manera eficaz en la realización de todos los derechos humanos para todos, -en Palestina, en Israel y en Oriente Medio, en general-.

Con esta idea en mente, les deseo fructíferos debates.

Muchas gracias.