Buenos días, me complace ver a tantas personas reunidas aquí hoy. 

En poco más de un año como Alto Comisionado para los Derechos Humanos, he podido conocer, en mis viajes, a personas de numerosos países, en todos los continentes, incluyendo aquellos países que sufren actualmente crisis profundas.  También he tenido oportunidad de hablar con actores de la sociedad civil procedentes de muchas otras partes del mundo que aun no he podido visitar. 

En todos y cada uno de estos países, escuché, y fui testigo, del deseo universal por que se respeten y protejan los derechos humanos. 

Escuché este mensaje en boca de mujeres jóvenes en Jartum quienes se echaron a las calles llamando a la participación en marchas de protesta, donde exigían que sus opiniones fueran atendidas en el Gobierno. 

Lo escuché también en boca de un defensor de derechos humanos que trabaja por los derechos medioambientales en las marismas del sur de Iraq.

Como también lo escuché decir a representantes de Pueblos Indígenas en Ecuador, Canadá, Noruega y Suecia. 

En boca de afrodescendientes en EE.UU. y en Colombia. 

De la sociedad civil en países en guerra, que expresaban su profunda preocupación por el impacto que tiene la violencia sobre los derechos humanos, a la vez que se muestran también intranquilos por saber qué tipo de sociedad emergerá después del conflicto. 

En muchas de las interacciones que mantuve con personas, me han preguntado también: dado lo extendido que están los conflictos y golpes de estado, el cambio climático y otras crisis, ¿han fracasado los derechos humanos?

No. Los derechos humanos no han fracasado. 

Es la indiferencia cínica por los derechos humanos, así como el no respetar y el no hacer caso a las advertencias sobre problemas de derechos humanos lo que nos ha llevado a esta situación. 

Los conflictos y crisis que nos acorralan en la actualidad deberían suponer llamadas de atención para la comunidad internacional. 

Una llamada de atención al hecho de que cuando se violan o se ignoran los derechos humanos, aparecen los conflictos. 

Una llamada de atención al hecho de que el no respetar los derechos humanos produce inestabilidad, sufrimiento, una mayor desigualdad y crisis económicas. 

Una llamada de atención al hecho de que cuando los defensores y defensoras de derechos humanos y la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hacen sonar las alarmas, es su obligación escuchar y tomar medidas para prevenir violaciones. 

Los derechos humanos deben situarse en el centro de la gobernanza, y no solamente usarse como parte de hermosos discursos pronunciados por funcionarios de alto nivel.  Los derechos humanos deben formar parte de las políticas y las leyes, además de guiar la forma en que estas leyes y políticas son puestas en práctica. Deben ser el hilo común que nos una a todas las personas, y que afecte a todos los aspectos de la gobernanza, la economía y la sociedad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue diseñada con las lecciones aprendidas de dos guerras mundiales, el Holocausto, la destrucción atómica, una profunda ruina económica, así como generaciones de explotación colonial, opresión, injusticia y derramamiento de sangre. Fue concebida como una hoja de ruta para hacer realidad un mundo más estable y más justo. 

Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. 

Los líderes que ignoran esta verdad ponen en peligro a las personas a las que se supone que sirven.

Desgraciadamente, esto es justamente lo que han hecho los líderes de muchas partes del mundo. Como resultado, estamos siendo testigos de cómo los conflictos aumentan y se intensifican por todo el planeta. 

Dos meses después de los horrendos ataques del 7 de octubre cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos contra Israel, durante los cuales civiles fueron blanco directo y tomados como rehenes, los civiles continúan sufriendo incesantes bombardeos en Gaza por parte de Israel, lo que supone un castigo colectivo, y que les lleva a sufrir muerte, bloqueos, destrucción y privación a gran escala de las necesidades humanas más básicas, como son los alimentos, agua, suministros médicos vitales y otros productos esenciales. La población palestina de Gaza vive bajo un intenso terror absoluto. 

Las operaciones militares por parte de las fuerzas israelíes, incluyendo los bombardeos, continúan produciéndose en el norte, centro y sur de Gaza, afectando a personas que ya han sido desplazadas numerosas veces, y obligadas a huir en busca de seguridad. Pero no queda lugar seguro a donde ir. A la vez que hablamos, cerca de 1,9 millones de los 2,2 millones de palestinos y palestinas han sido ya desplazados y están siendo empujados a lugares cada vez más reducidos y totalmente atestados del sur de Gaza, en condiciones deplorables de insalubridad.

Y una vez más, la ayuda humanitaria ha vuelto a quedar prácticamente interrumpida, a la vez que se extiende el temor a la propagación de enfermedades y hambruna. 

La situación catastrófica que vemos como se desarrolla en la Franja de Gaza era previsible y evitable en su totalidad. Mis colegas en tareas humanitarias han descrito la situación como apocalíptica. 

En tales circunstancias, existe un incremento del riesgo de que se cometan crímenes atroces. Se deben adoptar medidas de forma urgente, tanto por las partes implicadas como por todos los Estados, en especial por parte de aquellos con influencia en la zona, para evitar que se cometan estos crímenes. 

La comunidad internacional ha de insistir con una sola voz para reclamar un alto el fuego, de forma inmediata, sobre razones humanitarias y de derechos humanos. 

La crisis de derechos humanos en la Ribera Occidental ocupada, incluyendo Jerusalén Oriental, es también extremadamente grave, la cual ha incluido un incremento en el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, incluso de tipo militar, por parte de las fuerzas israelíes, dando como resultado un aumento de asesinatos ilícitos y un nivel de violencia mucho más agresivo y frecuente cometido por colonos, lo que ha conducido al desplazamiento forzado de comunidades de palestinos, un aumento sin precedentes de arrestos y detenciones arbitrarias, un repunte alarmante de las muertes de personas detenidas así como acusaciones de malos tratos contra personas palestinas detenidas, incluyendo violencia sexual. Las autoridades israelíes deben adoptar medidas inmediatas para acabar con la impunidad generalizada ante estas violaciones. 

A la vez que se van acumulando las consecuencias devastadoras que supone el conflicto para los civiles en Gaza, quiero expresar de nuevo mi total consternación ante las declaraciones deshumanizadoras e instigadoras a la violencia que han realizado funcionarios de alto nivel actuales y anteriores de Israel, así como distintas figuras de Hamás. La historia nos ha enseñado repetidamente hacia donde conduce este tipo de lenguaje. No se trata simplemente de un hecho inaceptable, sino que además un tribunal competente podría considerar estas declaraciones, en las circunstancias en que se han realizado, como incitación a cometer crímenes atroces. 

A la vez que va surgiendo nueva información acerca de acusaciones graves de violencia sexual cometida por miembros de grupos armados palestinos, entre los que se incluye Hamás, durante los ataques contra Israel efectuados los días 7 y 8 de octubre, es evidente que estos ataques han de ser investigados a fondo para garantizar justicia para las víctimas. 

Es vital que se lleven a cabo investigaciones rigurosas y que exista rendición de cuentas por todas aquellas infracciones graves del derecho humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. Se debe establecer la responsabilidad penal individual. 

Como primer paso, solicito el cese urgente de todas las hostilidades y la puesta en libertad inmediata de todos los rehenes. Todas las partes saben perfectamente qué es lo que se necesita realmente para conseguir la paz y la seguridad para el pueblo palestino y el israelí; la violencia y las venganzas solamente pueden resultar en más odio y radicalización. La única forma de acabar con los padecimientos que se van acumulando uno tras otro es poner fin a la ocupación y hacer realidad la solución de los dos Estados. 

En Myanmar, la crisis de derechos humanos provocada por el poder militar continúa infligiendo daños insoportables para los civiles. Hasta la fecha, fuentes fiables han verificado que las fuerzas militares han acabado con la vida de 4.232 personas desde que se ejecutara el golpe de estado. Los civiles han sufrido un sinfín de violaciones: ataques aéreos, fuego de artillería, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecuciones, además de violencia sexual, desplazamiento, negación de ayuda humanitaria y el incendio de sus viviendas, campos y aldeas. La situación que viven los musulmanes Rohingya se dilata cada vez más en el tiempo, sin perspectiva alguna de que pueda producirse un retorno seguro y sostenible en el corto plazo.  Muchas de estas personas pertenecientes a esta minoría están emprendiendo viajes peligrosos por mar atravesando la región. 

El poder militar de Myanmar ha ido perdiendo terreno clave desde finales de octubre como resultado de ataques coordinados lanzados por las distintas Organizaciones Étnicas Armadas y grupos armados que se oponen a los militares.  La cifra de víctimas civiles y el desplazamiento interno han ido al alza a un ritmo muy rápido. Ahora, más que nunca, es necesario que todas las partes se aseguren de que la población civil queda protegida de forma adecuada. La comunidad internacional debe poner en marcha iniciativas firmes para poner fin a la violencia y para conseguir una restauración pacífica de un gobierno que sea inclusivo y representativo. 

En Sudán, el conflicto entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido es cada vez más encarnizado, lo que conlleva un riesgo considerable de que derive en una guerra civil dilatada además de una fragmentación del país. Más de 7.000 civiles, incluyendo mujeres, niños y niñas, han muerto desde abril de 2023, y 6,3 millones de personas han resultado desplazadas.  La mitad de la población está necesitada de ayuda. Tenemos documentación de como se ha utilizado la violación como arma de guerra, de forma especial por las RSF y fuerzas afiliadas. Se están avivando las tensiones étnicas y raciales. Además, existe un desmoronamiento del estado de derecho por todo el país de Sudán. Ninguna de las partes en este conflicto han hecho nada por analizar con seriedad la conducta de sus propias fuerzas militares. 

Ambas partes han de asegurar que se exigen cuentas a todos sus miembros que sean responsables de violaciones del derecho humanitario y las normas internacionales de derechos humanos. 

En Ucrania, se ha verificado recientemente la muerte de más de 10.000 civiles desde la invasión de Rusia del territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022. La cifra real de muertes puede ser considerablemente superior. La población ucraniana que vive en territorio ocupado por la Federación de Rusia se enfrenta a restricciones lamentables a sus derechos fundamentales y a su libertad. Debemos poner fin a esta dilatada guerra destructiva.

Los cambios inconstitucionales de gobierno, incluso a través de golpes militares, que han ocurrido en Burkina Faso, Chad, Guinea, Mali y Níger han debilitado considerablemente las protecciones de derechos humanos y el estado de derecho en estos países. Es fundamental que las autoridades de transición se comprometan y se adhieran a plazos concretos para un restablecimiento de un sistema democrático, además de adoptar medidas eficaces destinadas a proteger los derechos humanos durante este proceso. 

También sigo con gran inquietud las crisis políticas en países como Guatemala, Perú y Nicaragua, y su impacto en los derechos humanos. En Guatemala, me alarman especialmente los intentos constantes y sistemáticos, en particular por parte de la Fiscalía General, de socavar el resultado de las elecciones generales que se celebraron en junio y agosto. Insto a todas las autoridades guatemaltecas a que no vuelvan a intentar impugnar los resultados electorales, y a que garanticen el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión. La voluntad de la mayoría del pueblo guatemalteco debe prevalecer y la democracia debe salvaguardarse con el apoyo de la comunidad internacional.

El próximo año se celebran elecciones en más de 70 países, lo que representa la mitad de la población mundial. En el periodo preelectoral, es especialmente importante garantizar el pleno respeto de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política.

Lamentablemente, los periodos preelectorales suelen ser un terreno propicio para el extremismo, el avivamiento de los temores y la retórica llena de odio, así como para la política de la división, la distracción y el engaño. Pido a los dirigentes políticos y a otros líderes que se abstengan de sembrar el miedo al "otro", crear divisiones e instrumentalizar las diferencias para ganar votos.

Estas elecciones serán las primeras en celebrarse en la era de la inteligencia artificial generativa de fácil acceso. Existen riesgos evidentes de que una gran variedad de actores genere propaganda y desinformación con un grado poco habitual de poder manipular a gran escala.  Será más importante que nunca garantizar que los Estados y las empresas tecnológicas respondan a los contenidos nocivos en línea de una forma que defienda nuestros derechos a la información y nuestro derecho al debate con apertura y libertad. Y que también utilice los derechos humanos como guía para combatir el discurso nocivo que discrimina e incita a la violencia.

En los últimos dos meses la incitación al odio en la red y fuera de ella, en particular el antisemitismo y el fanatismo antimusulmán, ha aumentado notablemente. Se han señalado casas y edificios religiosos con pintadas en todo el mundo para atemorizar y provocar el odio. Los líderes políticos también han utilizado una retórica incendiaria, tóxica y llena de odio. Estos hechos deben condenarse enérgicamente. La normativa internacional de derechos humanos es absolutamente clara al respecto.

También es inadmisible el vilipendio de los defensores de derechos humanos —lo que incluye a actores de la sociedad civil, expertos independientes de Naciones Unidas, funcionarios de este organismo y otros individuos— que denuncian violaciones de derechos. Exhorto a los Estados a que se ocupen de las cuestiones de fondo de las denuncias en vez de tratar de desacreditar al mensajero injustamente.

En la COP28, mi Oficina se une a otras para insistir en que se redoble la acción para combatir la crisis climática y garantizar el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.

Me preocupa que quienes intentan resaltar el impacto nocivo del cambio climático y la necesidad de actuar ahora puedan ser acallados por voces poderosas que tienen —en el mejor de los casos— intereses poco claros, y que pueden incluir el apoyo al uso continuado de los combustibles fósiles.

El cumplimiento del derecho a la vida y a un medio ambiente saludable exige la eliminación gradual y equitativa de todos los combustibles fósiles. La legislación de derechos humanos exige que los responsables de los daños climáticos, incluyendo los Estados y las empresas, rindan cuentas para remediarlos. Es hora de garantizar que la destrucción del medio ambiente conlleve sanciones penales como elemento disuasorio básico.

El futuro de nuestro planeta y de las generaciones venideras está en juego y es vital que las voces de los representantes de la sociedad civil se escuchen alto y claro a la hora de elaborar soluciones viables.

En este momento sombrío de la historia, espero con impaciencia el evento de alto nivel de la próxima semana que conmemora el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para hacer balance de dónde nos encontramos, cómo hemos llegado hasta aquí y qué podemos hacer para forjar un futuro mejor para todos los seres humanos, sin importar quiénes sean ni dónde vivan.