Actualización sobre la situación de derechos humanos en Ucrania

Buenos días, señor Presidente,
Excelencias,
Distinguidos delegados:

Señor Presidente:

Un año y medio después del ataque armado en gran escala perpetrado por la Federación de Rusia contra Ucrania, seguimos siendo testigos de violaciones flagrantes y permanentes de derechos humanos.

Los abusos documentados van desde la tortura y la detención arbitraria hasta la violencia sexual y la negación del derecho a un nivel de vida adecuado.

Nuestro 36º informe sobre la situación de derechos humanos en Ucrania pone de relieve que, en un periodo de apenas seis meses, del 1 de febrero al 31 de julio del año en curso, el conflicto ha causado otras 4.621 víctimas civiles, de las cuales 1.028 murieron y otras 3.593 resultaron heridas. La mayoría de estas víctimas se hallaban en territorios controlados por Ucrania. Las cifras definitivas serán sin duda superiores, ya que numerosos informes sobre víctimas civiles todavía están pendientes de comprobación y el ACNUDH no tiene acceso al territorio ucraniano ocupado y sólo un acceso limitado a las zonas próximas al frente.

Nuestra Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos en Ucrania ha preparado este informe con gran diligencia y en él se traza un cuadro perturbador del sufrimiento de la población civil y la vulneración de sus derechos. Nuestro abnegado personal trabaja sin descanso sobre el terreno y se aventura en zonas desocupadas corriendo graves riesgos.

Nuestras conclusiones son el resultado de 117 visitas sobre el terreno, 27 inspecciones a centros de reclusión, 28 visitas a instituciones o albergues de atención social, la observación de 23 audiencias judiciales, seis asambleas y valiosas perspectivas derivadas de 1.226 entrevistas realizadas a víctimas, testigos, familiares y representantes legales. También hemos examinado documentos judiciales, registros oficiales y otras fuentes pertinentes, incluso artículos de prensa de diversas fuentes. Puesto que la Federación de Rusia sigue negando el acceso al territorio ocupado, hemos redoblado los esfuerzos de supervisión a distancia, para garantizar la solidez de nuestras conclusiones.  

Señor Presidente:

La tortura sigue siendo una realidad brutal para los civiles y prisioneros de guerra detenidos por las autoridades rusas.

Nuestro informe de marzo sobre el trato que reciben los prisioneros de guerra y las personas que están al margen de los combates, así como nuestro informe de junio sobre la detención de civiles en el contexto del ataque armado de Rusia contra Ucrania, muestran que las autoridades rusas emplean la tortura y los malos tratos de manera habitual, tanto contra los civiles como contra los presos. Los testimonios de los supervivientes describen hechos de increíble crueldad, entre otros, relatos aterradores de descargas eléctricas, violencia sexual y palizas, que en algunos casos se traducen en huesos fracturados y dientes rotos.  Numerosos detenidos también fueron obligados a entonar alabanzas a la Federación de Rusia, aprender y cantar canciones rusas y fueron severamente golpeados cuando se negaban a hacerlo o cuando hablaban en lengua ucraniana. Y todavía persisten deplorables condiciones de reclusión, incluidas la escasez de alimentos y medicinas, las celdas insalubres y la privación de sueño.

Entre febrero y julio de 2023, también pudimos documentar que sigue aplicándose a los civiles el esquema de detención arbitraria e incomunicación en el territorio ucraniano ocupado por las fuerzas rusas, y se registraron los casos de 35 hombres y ocho mujeres arbitrariamente detenidos por las tropas rusas. Desde febrero de 2022, hemos documentado la detención arbitraria de unas 1.000 personas, 85 de las cuales aparecieron muertas posteriormente con señales de violencia y 463 siguen en prisión. Muchos de estos casos podrían considerarse actos de desaparición forzosa. Asimismo, se documentaron seis casos de detención arbitraria cometidos por las fuerzas de seguridad de Ucrania, principalmente por agentes de policía.

Entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2023, el ACNUDH documentó cinco actos de violencia sexual cometidos en el contexto del conflicto por miembros de las fuerzas armadas y los servicios penitenciarios rusos, contra cuatro mujeres, -rectifico- contra cuatro hombres y una mujer. Estos casos coinciden con pautas de violencia sexual previamente documentadas, en las que sobre todo han estado involucradas las fuerzas armadas rusas, la policía y el personal de prisiones.

En las zonas controladas por Ucrania, las autoridades de este país han incoado unas 6.000 causas penales por actividades de colaboración con el enemigo y siguen dictando un elevado número de veredictos de culpabilidad. En el ACNUDH albergamos la sospecha de que muchos de los detenidos y condenados en estas causas podrían haberlo sido por actos impuestos legítimamente por la potencia ocupante, en virtud del derecho internacional humanitario.

En el territorio ucraniano ocupado por la Federación de Rusia, hemos observado con honda preocupación que se lleva a cabo una política de concesión masiva de ciudadanía rusa a los residentes. Las personas que no aceptan el pasaporte ruso se encuentran atrapadas en una red de marginación y se les niega el acceso a servicios públicos esenciales, como la atención sanitaria. La negativa también aumenta el riesgo de detención arbitraria de esas personas.

El ACNUDH sigue muy preocupado por la ausencia de un sistema administrativo que facilite el regreso de los niños ucranianos que fueron trasladados a otras zonas del territorio ocupado por las tropas rusas o a lugares de la Federación de Rusia. Algunos de los niños que pudieron reunirse con sus padres cuando estos viajaron a la Federación de Rusia para recuperarlos han contado que presenciaron o padecieron situaciones de violencia psicológica o física a manos del personal educativo a cargo de los menores.

La rendición de cuentas por crímenes y violaciones perpetrados es fundamental para evitar la reincidencia y proporcionar justicia a las víctimas. La muerte de 51 prisioneros de guerra ucranianos en un centro de reclusión próximo a Olenivka en julio de 2022 es solo uno de los muchos incidentes que requieren una investigación exhaustiva e imparcial, lo que requiere el acceso de investigadores internacionales al lugar de los hechos.

En términos generales, las autoridades rusas no han tomado medidas susceptibles de garantizar la rendición de cuentas en relación con las violaciones de derechos cometidas por sus propias fuerzas de seguridad. Al contrario, una nueva ley aprobada en junio de este año otorga en realidad una amnistía a militares rusos que han participado en una amplia gama de delitos, lo que refuerza el contexto de impunidad.

En el lado ucraniano las autoridades han incoado investigaciones penales a partir de denuncias formuladas contra sus propias fuerzas, hecho que aplaudimos, pero estas medidas todavía no han arrojado resultados concretos.

Señor Presidente:

Los graves daños infligidos a los derechos de la población civil en lo tocante a los niveles de vida adecuados, incluido el acceso a los alimentos y la vivienda, resultan especialmente alarmantes en la estela de la ruptura de la presa de Kakhovka. Este suceso catastrófico no solo trastornó de inmediato miles de vidas, sino que también puso en peligro los derechos al agua, la salud y el medio ambiente sano y seguro de innumerables personas.

El colapso de la iniciativa del mar Negro sobre la exportación de cereales también tendrá efectos devastadores a largo plazo.

Una vez que Rusia se retiró de este acuerdo de suministros esenciales, hemos visto un aumento del número de ataques perpetrados por la Federación de Rusia que afectan a la infraestructura de la exportación de granos. Algunos de estos ataques también han causado destrozos en infraestructuras civiles próximas y en edificios históricos de Odesa.

Estos ataques afectarán en grado sumo los medios de subsistencia de quienes trabajan en el sector agrícola, lo que multiplica los efectos negativos sobre los niveles de vida adecuados en las comunidades rurales.

Todos estamos muy conscientes de que esta situación amenaza el derecho a la alimentación en el mundo entero, en particular en los países en desarrollo. No podría hacer suficiente hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional tome medidas urgentes para abordar este problema.

Señor Presidente:

La Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos en Ucrania sigue desplegando sus efectivos por todo el país, en particular a través de zonas de alto riesgo, a fin de documentar las vulneraciones del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Para realizar esta labor con toda seguridad y sin dilaciones innecesarias, es importante que se prorrogue el acuerdo establecido con el gobierno de Ucrania sobre el despliegue de la Misión. Recibiríamos con beneplácito la rápida aplicación de prórrogas más duraderas, a fin de mejorar nuestra sostenibilidad operativa y programática.

Señor Presidente:

La urgencia y la gravedad de la situación de Ucrania son innegables. Cada día que pasa, el costo en vidas humanas y derechos aumenta, lo que traza un cuadro sombrío de un conflicto que sigue socavando los principios de dignidad y humanidad. Es indispensable que la comunidad internacional preste atención a estas conclusiones y recomendaciones, y que actúe resueltamente para detener las violaciones de derechos y proteger a las personas atrapadas en el fuego cruzado del conflicto.

Muchas gracias.