Türk insta a avanzar en los aspectos pendientes del derecho a la salud sexual y reproductiva de la mujer

Distinguidos delegados,
Estimados colegas:

Agradezco a la Comisión Económica para Europa y al Fondo de Población de las Naciones Unidas la invitación a participar en este acto.

Cuando los Estados participantes aprobaron el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo, hace 30 años, este documento preludió una enorme repercusión sobre las vidas de las niñas y las mujeres.

El Programa de Acción prometía aumentar su capacidad para decidir acerca de sus propias vidas, sus cuerpos y su futuro, derechos que, en primer lugar, deberían haber sido innegociables.

En el documento se reconoció también que la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y los derechos humanos son la piedra angular de la población y el desarrollo.

Y además, dejó en claro que los derechos reproductivos no constituían un nuevo conjunto de derechos, sino una constelación de libertades y prerrogativas que ya estaban reconocidas en las legislaciones nacionales y el derecho internacional.

Con el Programa de Acción de El Cairo, teníamos la seguridad de que los países se comprometían a garantizar esos derechos y a trabajar en pro del empoderamiento de las niñas y las mujeres.

Las activistas y el movimiento feminista han luchado ardua y largamente para hacer realidad estos cambios históricos.

Debemos seguir escuchándoles.

Estimados colegas:

Podemos sentirnos muy orgullosos de los avances logrados en relación con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en los últimos tres decenios.

El número de muertes durante el embarazo y en torno al parto se ha reducido en el mundo entero. Muchos más recién nacidos sobreviven ahora a los primeros meses de vida. Entre las adolescentes, que suelen afrontar mayores riesgos de complicaciones y aun de muerte durante el parto, ha habido una reducción del número de embarazos no deseados.

En muchos países las políticas se ampliaron para reflejar mejor la ambición y los principios de la ICPD y se realizaron inversiones considerables en materia de atención sanitaria, educación y servicios sociales.

Muchas personas -sobre todo muchas mujeres- viven ahora más tiempo y con mejor salud. Estos resultados deben encomiarse.

Pero aún quedan aspectos pendientes. Junto con los avances, hemos presenciado algunos retrocesos.

En muchos lugares del mundo, la aplicación de los principios proclamados en el Programa de Acción de la ICPD es todavía irregular.

La reacción ante la igualdad de género se multiplica, negando la autonomía a las niñas y las mujeres, la capacidad de escoger su futuro o sus funciones en el marco de las familias y los hogares, y silenciando sus opiniones.

La masculinidad tóxica y la misoginia han avivado y normalizado el odio.

A lo que habría que sumar un conjunto de crisis interconectadas -desde las consecuencias de la pandemia hasta el hecho de que 2.000 millones de personas viven en zonas de conflicto o que la recesión económica afecta a muchos países- que perjudican desproporcionadamente a las niñas y las mujeres. Porque los conflictos y los desastres no impiden los embarazos ni los partos.

Y las personas tienen que seguir tomando decisiones.

En la actualidad, con los servicios médicos en la diana de los ataques militares, se calcula que 50.000 mujeres gazatíes embarazadas disponen de pocas opciones o escasa certitud acerca de dónde podrían parir. El terremoto que sacudió este mes el oeste de Afganistán ha hecho aumentar la vulnerabilidad de las embarazadas, que ya tropezaban con dificultades para acceder a los cuidados sanitarios. Y a medida que prosigue la guerra en Ucrania, las jóvenes y las mujeres siguen necesitadas de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Estimados colegas:

A pesar de los esfuerzos realizados en la consecución de la meta 5.6.1 de los ODS, se calcula que el 44 por ciento de las mujeres que viven en pareja, tanto si están casadas como si no, carecen de capacidad para tomar sus propias decisiones en lo tocante a las relaciones sexuales, el uso de contraceptivos o el cuidado de su salud.

Es preciso que garanticemos el derecho a decidir de las mujeres, -libres de discriminación, coerción o violencia- sobre si desean o no tener hijos y en qué momento y con quién los tendrán.

Esta necesidad es aún más aguda a medida que el progreso en torno a la mortalidad materna se ha ido estancando en la última década. Hoy, cada dos minutos, una mujer fallece debido a complicaciones del embarazo o el parto.

La mayoría de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios, aunque las desigualdades se manifiestan en todos los países y afectan de manera desproporcionada a las jóvenes y mujeres de los grupos más marginados.

La gran mayoría de estas muertes son evitables, pues se deben a la falta de acceso a servicios sanitarios de calidad o a la atención médica especializada.

Todas son trágicas e inaceptables.

Me impresionaron mucho las múltiples estadísticas que figuran en el reciente informe de la UNECE sobre los 56 países de la región. El hecho de que las mujeres de Asia Central y América del Norte tienen tres veces más riesgo de morir durante el embarazo o el parto que las mujeres de Europa Occidental. El hecho de que en más de la tercera parte de los países no existe una estrategia nacional sobre la salud de los adolescentes. Y, lo que es aún más sorprendente, que la violencia de género es una conducta social cada vez más aceptada en algunos de estos países.

Estas estadísticas no reflejan un conjunto de fenómenos naturales que debemos aceptar pasivamente: son la consecuencia directa de decisiones que discriminan y dividen, medidas que privan a las jóvenes y las mujeres de la capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos, y acciones que, en última instancia, pueden causar muertes.

Como ustedes saben, quizá en ningún momento se impugna más la capacidad de la mujer para decidir acerca de su vida y su propio cuerpo que cuando ella trata de acceder a servicios que permitan un aborto seguro.

Se calcula que en el mundo cada año se llevan a cabo unos 33 millones de abortos en condiciones poco seguras. A menudo, estas operaciones son consecuencia de leyes restrictivas, que en lugar de reducir la incidencia del aborto lo convierten en un acto clandestino, que plantea importantes amenazas a la salud y la vida de las mujeres.

Sabemos que el aborto clandestino es una de las causas principales de mortalidad materna.

Y sabemos que las restricciones impuestas sobre el aborto o la falta de acceso a los servicios que lo proporcionan pueden generar toda una gama de violaciones de derechos humanos: el derecho a la privacidad, el derecho a la igualdad y la no discriminación y el derecho a vivir libre de torturas, tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes.

Aplaudo las medidas adoptadas en muchos países en los cinco últimos años, -entre otros, en algunos Estados de la UNECE- para liberalizar las leyes, ya sea mediante la despenalización del aborto, la ampliación de las condiciones legales para ejercerlo o la supresión de los obstáculos que lo limitan.

Estas son medidas importantes, que van en la dirección correcta.

Estimados colegas:

Los contratiempos en materia de derechos humanos se están acelerando en todo el mundo y nos están retrasando en la consecución de los ODS de la Agenda 2030 y el Programa de Acción de la ICPD.

Asistimos al aumento de las desigualdades, la crisis del costo de la vida y la inseguridad económica mundial.

En 14 países de la región que forman parte de la UNECE, una de cada cinco personas se enfrenta a la pobreza, un fenómeno que afecta mucho más a los jóvenes y las personas de edad.

Las políticas económicas erróneas dentro de los países y entre ellos están potenciando los ciclos de discriminación y desigualdad.

Pero todavía no es demasiado tarde para enmendar el rumbo.

Mi Oficina colabora con los Estados en los esfuerzos para incorporar los derechos humanos a sus sistemas económicos.

Una economía basada en los derechos humanos defiende la dignidad y el valor inherentes de cada persona. ¿Cómo lo hace?

Coloca a las personas y el planeta en el centro de todas las políticas, los planes y los programas.

Empodera a las personas para que puedan participar en la adopción de las decisiones que afectan a sus vidas, especialmente a las que históricamente han estado discriminadas, entre ellas las mujeres y las personas de edad.

Para cerrar la brecha de la desigualdad, proporciona la máxima protección social.

Aporta servicios sanitarios de calidad accesibles para todos.

Impulsa medidas relativas a la población, basadas en la promoción de los derechos a la salud sexual y reproductiva.

Y todos los niños y los jóvenes están escolarizados, lo que les permite tomar sus propias decisiones acerca de sus cuerpos y su futuro.

Estimados colegas:

Necesitamos un cambio de mentalidad.

Para transformar vidas, para salvar vidas, necesitamos garantizar la defensa de los elementos fundamentales que se prometieron en El Cairo hace 30 años -para todas las niñas y las mujeres, cualesquiera sean su edad, condición migratoria u otros factores-.

Una educación sexual de amplio espectro en las escuelas y fuera de ellas. El acceso a métodos contraceptivos modernos, incluso la contracepción de emergencia. El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, que comprende los servicios de aborto seguros y oportunos, y los de atención materna y perinatal.

Y la libertad de tomar sus propias decisiones.

Este es un año decisivo para reflexionar sobre el progreso y darle un nuevo impulso.

Han transcurrido 30 años desde la Conferencia Internacional de El Cairo y 75 desde la aprobación de la DUDH, un documento que contiene la célebre frase de “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

En el espíritu de El Cairo y en el espíritu de la visión contenida en la Declaración Universal, espero que podamos todos renovar las promesas de derechos y dignidad para todas las niñas y las mujeres.