Saludos a todos y gracias por el trabajo que vienen desarrollando a fin de reformar las políticas relativas a las drogas en el mundo entero.

El uso de narcóticos ha costado muchas vidas. Pero un número aún mayor de vidas han sido dañadas o destruidas por las políticas deficientes de control de las drogas.

Esas políticas, que castigan a los usuarios de drogas con condenas de prisión y antecedentes penales, multiplican el sufrimiento, dificultan su incorporación a la economía legal y los hunden en la clandestinidad, donde no pueden recibir ayuda.

Esta insistencia en la coerción y la represión aumenta las vulneraciones de derechos humanos que se infligen a los usuarios de drogas.

Además, cada vez hay más pruebas de que la estratagia de criminalización y “guerra contra las drogas” no ha frenado el número de delitos vinculados al narcotráfico y tampoco ha logrado reducir el uso de estupefacientes.

La Oficina del ACNUDH, que tengo el honor de dirigir, publicó recientemente el informe A/HRC/54/53, sobre los retos de derechos humanos vinculados al problema mundial de las drogas. En el informe se llega a la conclusión de que la insistencia en el tratamiento obligatorio o coercitivo genera graves retos a la dignidad humana y contradice la normativa internacional de derechos humanos.

En el informe también se llega a la conclusión de que las leyes y prácticas punitivas que se aplican en materia de control de drogas figuran entre los principales obstáculos para que las personas puedan incorporarse a los programas de tratamiento cuando lo necesitan. En 2021, solo una de cada cinco personas afectadas por trastornos relacionados con las drogas en el mundo estaba en tratamiento por el uso de estupefacientes, con grandes desigualdades en el acceso a las terapias. Las leyes y prácticas punitivas también se traducen en estigmatización y exclusión social.

La denominada “guerra contra la droga” ha militarizado los esfuerzos orientados al control de narcóticos, con una aguda escalada del uso de la fuerza letal en lo tocante a la aplicación de la ley en diversos países, lo que ha venido acompañado, en algunos casos, de graves violaciones de derechos humanos. Estas vulneraciones van desde el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, a las detenciones arbitrarias e incluso a ejecuciones extrajudiciales.

La “guerra contra la droga” ha estado acompañada del aumento del uso de la pena de muerte en relación con delitos de narcotráfico en el mundo entero, lo que contradice el derecho internacional de los derechos humanos. El número de ejecuciones realizadas por estos delitos fue más del doble en 2022, en comparación con 2021, y esta estadística no incluye a los países que mantienen en secreto el número de reos a los que aplican la pena capital.

El uso del sistema de justicia penal para abordar los delitos relacionados con la droga también ha provocado el aumento exponencial de la población carcelaria. Este incremento afecta de manera desproporcionada a los afrodescendientes y a los jóvenes de las familias más pobres.

Tanto desde el punto de vista moral como del práctico, la estrategia de “guerra contra la droga” es un fracaso. El problema de los narcóticos sigue siendo una preocupación importante, pero la solución no consiste en tratar a los usuarios como delincuentes.

Necesitamos medidas que controlen el mercado de estupefacientes, tales como una regulación responsable capaz de eliminar los beneficios económicos del tráfico, la delincuencia y la violencia.

Me alivia comprobar que varios países ya han empezado a abordar el problema del uso de narcóticos como un asunto de salud pública y derechos humanos, aplicando estrategias de base empírica, orientadas a reducir los daños y despenalizando el uso de determinadas drogas.

Colombia, por ejemplo, anunció el mes pasado la puesta en vigor de una nueva política que reconoce expresamente los principios de derechos humanos en la materia. Su sólido enfoque social presta especial atención a los aspectos de salud pública, medio ambiente y la promoción del desarrollo rural.

En Portugal se han realizado importantes inversiones en lo relativo a la prevención, el tratamiento y la reducción de las medidas nocivas, con programas de empleo y otras medidas políticas orientadas a dotar a la gente de un futuro viable.

En Ghana, México y la India, las recientes reformas legales en algunos casos han hecho hincapié en las posibles alternativas a la encarcelación.

En la República Checa se llevan a cabo debates sobre la despenalización del uso de determinadas sustancias adictivas, en función de su grado de nocividad. Es fundamental que los países adopten políticas sobre las drogas que defiendan los derechos de los usuarios, entre otras las que garanticen el acceso a la atención médica y los servicios de mitigación de daños, con medidas que aborden las necesidades específicas de las mujeres.

Todas las formas de tratamiento de la adicción a las drogas deben ser voluntarias. Es preciso poner fin a la discriminación que se ejerce contra los afrodescendientes, los pueblos indígenas y otros grupos marginados en el contexto del sistema judicial y en la aplicación de la ley.

Debemos abordar los factores socioeconómicos subyacentes que aumentan el riesgo de adicción, así como el negocio del narcotráfico, mediante el tratamiento de las desigualdades sociales, el fomento de la justicia social y la promoción de los derechos humanos.

Como muchos de ustedes saben ya, en el meollo de la adicción late a menudo el sentimiento de que la vida se ha vuelto insoportable. Y es ese sentimiento persistente en la persona lo que debemos de ayudar a mitigar.

La mejor estrategia en materia de uso y abuso de narcóticos debería basarse en la participación significativa de los usuarios y las comunidades afectadas, a fin de garantizar que las políticas relativas a las drogas se conciben y ejecutan de manera apropiada.

Muchas gracias.