La protección del clima es un derecho humano

Estimados colegas, queridos amigos:

Hace 30 años, un nutrido grupo de diplomáticos, representantes de la sociedad civil y dirigentes de las Naciones Unidas se congregó en esta ciudad con el fin de elaborar un sistema mundial más sólido y eficaz, capaz de hacer realidad los derechos humanos.

En esta tarea, aprovecharon los contenidos que les proporcionó la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento histórico en el que por primera vez se reconocieron la igualdad y los derechos de todos los seres humanos, sin distinción alguna.

El derecho a vivir libre de toda forma de discriminación, detención arbitraria o tortura. El derecho a la educación, la alimentación adecuada, la atención sanitaria, la protección social a lo largo de toda la vida y a una vivienda digna. A la libertad de expresión, opinión y a la privacidad. A la libertad de asociación y reunión pacíficas. A la libertad de credo y religión.

El derecho a tener condiciones laborales justas y equitativas. El derecho a un juicio justo y a la protección igualitaria ante la ley. El derecho a participar de manera libre y significativa en los asuntos públicos.

La Declaración Universal es un mapa, una hoja de ruta. Basado en la experiencia de decenios de guerra, genocidio, recesión económica y opresión imperialista, este documento detalló las medidas que permitirían a los países evitar la repetición de esos desastres y orientarse hacia un mundo de prosperidad compartida, de paz y de justicia.

En 1993, los Estados del sistema se reunieron en la Conferencia Mundial de derechos humanos de Viena, para dar nuevo impulso a estas transformaciones fundamentales.

Los participantes pidieron entonces que la promoción de los derechos humanos se convirtiera en objetivo prioritario del sistema de las Naciones Unidas y a este fin solicitaron la creación de una Oficina especial, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Declaración de Viena contenía además los términos que expresaban claramente los vínculos entre el medio ambiente y el disfrute efectivo de los derechos humanos.

Según la Declaración, “el derecho al desarrollo debe realizarse de manera que satisfaga equitativamente las necesidades en materia de desarrollo y medio ambiente de las generaciones actuales y futuras”. Además, el texto reconoce que “el vertimiento ilícito de sustancias y desechos tóxicos y peligrosos puede constituir una amenaza grave para el derecho de todos a la vida y la salud”.

En la actualidad, las repercusiones catastróficas del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad causan caos y sufrimiento en todas las regiones del mundo. Ningún país esta exento de estas consecuencias.

Los Estados y las empresas no han adoptado las medidas adecuadas para frenar el cambio climático, prevenir la contaminación y proteger el medio natural.

Las repercusiones en materia de derechos humanos son ya masivas y siguen empeorando.

Decenas de millones de personas resultan desplazadas cada año a causa del cambio climático y los desastres vinculados a estos fenómenos.

Aproximadamente la mitad de la población mundial padece hoy escasez severa de agua, al menos durante parte del año.

El cambio climático ha reducido considerablemente la seguridad alimentaria.

Las muertes vinculadas a las olas de calor van en aumento y la contaminación es responsable de uno de cada seis fallecimientos que se producen cada año.

El aumento de las temperaturas y la toxicidad medioambiental incrementan también el riesgo de extinción de las especies y de colapso del ecosistema. Este declive del número y la variedad de los seres vivos que habitan el planeta amenaza la compleja y delicada trama de la vida, de la cual todos dependemos para vivir.

La triple crisis del planeta golpeará con más fuerza a quienes ya están atrapados en situaciones de vulnerabilidad.

Pero nadie quedará totalmente a salvo. No tenemos un “planeta de repuesto”.

De ahí que esta coyuntura sea una crisis de derechos humanos.

Es el resultado de decisiones y actuaciones -en particular, adoptadas por empresas y gobiernos- que dan prioridad a los beneficios a corto plazo por encima de la sostenibilidad del planeta y el bienestar de las personas.

La escala y el alcance de sus repercusiones sobre los derechos de tanta gente ponen de manifiesto que es menester colocar a los derechos humanos en el centro de todas las decisiones relativas al medio ambiente.

Algunas resoluciones históricas aprobadas recientemente, tanto por el Consejo de Derechos Humanos como por la Asamblea General de las Naciones Unidas, relativas al derecho universal a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, reflejan esta voluntad de preservación.

Todo el mundo, viva donde viva, tiene derecho a respirar aire puro, beber agua limpia y comer alimentos saludables, en un contexto climático estable y exento de sustancias tóxicas, en medio de un ecosistema que conserve la biodiversidad. Todo el mundo, viva donde viva, tiene derecho a participar en las decisiones relativas al medio ambiente, con pleno acceso a la información y la justicia.

La aplicación efectiva de este derecho requiere la acción de todos los Estados, una acción internacional concertada y equitativa.

Y requiere además un cambio fundamental en nuestros valores, prioridades y conductas, a fin de reorientarlos hacia un futuro más justo y sostenible.

El reconocimiento del derecho a un medio ambiente saludable, realizado por la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue un avance de excepcional importancia.

Los progresos logrados el año pasado en la 27ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aprovecharon por primera vez este compromiso. Los Estados aprobaron decisiones sobre pérdidas y daños, adaptación, empoderamiento, fomento de capacidades y otros asuntos en los que se incorporaron los derechos humanos. Y mientras más se integren los derechos humanos en esas decisiones, más justas e influyentes serán. 

La creciente comprensión de que es preciso abordar los vínculos entre los derechos humanos, el cambio climático y el desarrollo sostenible constituye una fuente de esperanza.

Esperanza de que aún no es demasiado tarde para replantear nuestra relación con la naturaleza.

Esperanza de que los pueblos, unidos en un movimiento favorable a la justicia medioambiental, pueden impulsar cambios salvadores.

Esperanza -y exigencias- de que los Estados y las empresas tomarán por fin medidas proporcionales a los peligros que nos amenazan.

Hace muchos años, cuando era joven y vivía aquí en Austria, yo anhelaba participar en esas transformaciones. El activismo medioambiental ha sido parte de mi formación y lo llevo en mi ADN.

Hoy, en calidad de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mantengo el mismo compromiso con los derechos medioambientales.

Necesitamos medidas para seguir avanzando. Más profundamente. Más deprisa.

Debemos empoderar a la población para que exija responsabilidades a sus gobernantes, a los grandes contaminadores y a otros agentes. Aplaudo esos esfuerzos, incluso mediante el derecho civil y el penal. Es preciso reforzar los marcos legales para la acción y la rendición de cuentas, situando a los derechos humanos en el eje de su actividad.

Mi Oficina seguirá participando en las negociaciones internacionales relativas al clima. Promoveremos la ambición de reducir emisiones, frenar los subsidios al consumo y la inversión en combustibles fósiles, y la creación de un marco eficaz que compense los daños y las pérdidas para remediar los perjuicios causados a las víctimas del cambio climático. Seguiremos exigiendo la creación de un Inventario Mundial de base empírica, realista y basado en los derechos humanos, que pueda fundamentar las medidas que necesitamos al respecto.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha llegado a la conclusión de que las estrategias políticas basadas en los derechos humanos generan resultados más sostenibles y eficaces. Asimismo, llegó a la conclusión de que los pleitos judiciales y los movimientos de masas son especialmente importantes como catalizadores de la acción.

Dicho de otro modo, la participación pública, el acceso a la información y a la justicia constituyen obigaciones legales y, al mismo tiempo, son esenciales para frenar el cambio climático.

Aplaudo el aumento del número de litigios relativos al cambio climático incoados por particulares y comunidades en el mundo entero, tanto en tribunales nacionales como en cortes internacionales.

Por solo citar un ejemplo, a principios de este año una docena de niños presentaron una demanda ante el Tribunal Constitucional de Austria, en la que alegaban que la legislación medioambiental austríaca no protegía adecuadamente sus derechos y los de las generaciones futuras. Esta demanda reproduce las acciones legales emprendidas por niños en el mundo entero para estimular la ambición climática de los Estados.

El año pasado, el gobierno austríaco planteó demandas legales contra la inclusión del gas natural y la energía nuclear en la nueva “taxonomía de inversiones sostenibles” de la UE, una lista de actividades medioambientales supuestamente sostenibles.

La Corte Europea de Derechos Humanos celebró recientemente audiencias en su cámara principal -la sala reservada a los casos más importantes incoados ante ese tribunal- sobre dos casos en los que los demandantes denunciaron a los gobiernos de Francia y Suiza, respectivamente, por acciones insuficientes para proteger sus derechos humanos del cambio climático. Otras causas relativas al clima son objeto de procesamiento en esta Corte.

Los litigios planteados ante los tribunales internacionales, regionales y nacionales, así como los que se ventilan ante los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, contribuyen a sensibilizar y promueven medidas más ambiciosas para evitar los perjuicios derivados del cambio climático y remediar sus consecuencias.

En marzo, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió oficialmente al máximo órgano judicial del sistema -la Corte Internacional de Justicia- que aportara orientación y claridad a los Estados en lo tocante a sus obligaciones jurídicas relativas al cambio climático, comprendidas las que podrían afectar a las generaciones venideras.

La resolución de la Asamblea General por la que se solicitó la opinión de la CIJ fue coordinada por Vanuatu, al frente de una coalición de Estados de todas las regiones. El documento aprovechó la experiencia acopiada por activistas de la sociedad civil comprometidos con la causa.

En el Consejo de Europa se trabaja actualmente sobre la posibilidad de elaborar un nuevo acuerdo vinculante sobre el derecho a un medio ambiente saludable.

Mi Oficina también colabora en los debates que se realizan en el marco de la Asociación de Naciones de Asia Suroriental (ASEAN), relativos a la posibilidad de establecer un nuevo marco regional de derechos medioambientales.

Asimismo colaboramos con otros asociados para lograr la ratificación y aplicación eficaz de los pactos existentes, tales como la Convención de Aarhus en Europa y el Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe.

Para proteger el medio ambiente es preciso poner fin a los ataques que sufren los defensores medioambientales de derechos humanos. Debemos alentar la función vital de los activistas del clima, no entorpecerla. Pero en muchos países vemos cómo los defensores del medio ambiente y los derechos de la tierra son objeto de amenazas, violencia e incluso de asesinatos, sin que las autoridades emprendan las acciones adecuadas para investigar esos casos y llevar a sus autores ante los tribunales. En otros países los activistas del clima se enfrentan a medidas cada vez más represivas y las demandas estratégicas contra la participación pública (las llamadas SLAPP) se usan para silenciar a los defensores del medio ambiente en todo el mundo.

Para lograr una acción climática más eficaz, es preciso amplificar las voces de los activistas y defensores del medio ambiente, empoderarlos y protegerlos.

Debemos frenar la financiación y la concesión de subsidios masivos a las industrias que dañan el medio ambiente y empezar a invertir seriamente en desarrollo sostenible.

Es preciso detener el negacionismo climático, el camuflaje ecológico y la pretensión de los cabilderos empresariales de que determinados adelantos tecnológicos podrían solucionar sin esfuerzo los problemas medioambientales, casi como por arte de magia.

Los pleitos incoados en el mundo entero y las iniciativas como la investigación sobre las empresas de combustibles fósiles conocida como Carbon Majors Inquiry, realizada en Filipinas, han puesto de relieve los grandes esfuerzos que llevan a cabo algunas corporaciones para aplazar la lucha contra el cambio climático y negar los postulados de la ciencia del clima.

Es preciso velar por que la toma de decisiones al respecto se lleve a cabo de manera empírica y responsable. La labor que realiza, entre otros, el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, hace hincapié en la importancia de disponer de una estrategia de acción climática basada en los derechos humanos, incluso en la protección de los derechos de las generaciones venideras, que exija responsabilidades a los gobiernos y las empresas.

La triple crisis planetaria afecta a todos los sectores de la sociedad. Sus repercusiones son profundamente injustas y van en aumento. El derecho internacional y las legislaciones nacionales deben ser vectores que impulsen la búsqueda de soluciones para abordar estos problemas. Porque si nuestras respuestas no están fundamentadas en nuestros valores y en las normas del Estado de Derecho, podríamos perder gran parte de nuestro caudal de derechos humanos.

El sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas no es perfecto y tampoco es todopoderoso, pero está basado en su legítima universalidad. Ese sistema aporta a la crisis mundial su singular capacidad de convocatoria, y la posibilidad de catalizar la acción de los Estados, las empresas, la sociedad civil y los individuos -en resumen, de todos nosotros.

Muchas gracias.

NB- Este discurso se pronunció originalmente en lengua alemana, con el título de Klimaschutz als Menschenrecht.