Día Mundial de la Libertad de Prensa: Declaración del Alto Comisionado

La libertad de expresión no se trata solamente de un derecho humano fundamental, es la esencia que posibilita sociedades saludables y dinámicas.

Sin libertad de expresión, no podemos hacer frente a las injusticias, generar el cambio o participar en los debates que nos convierten en fundamentalmente humanos.

No podemos exigir responsabilidades a los que ostentan el poder.

Sin libertad de expresión, que a su vez propicia todos nuestros otros derechos, nuestra libertad quedará seriamente limitada.

“Sin consideración de fronteras”: esta fue la promesa de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuando afirmó nuestro derecho a la libertad de expresión y al acceso a información.

Pero a la vez que celebramos 30 años del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en todos los lugares del mundo, vemos cómo se cierran de un portazo estas fronteras y se extiende una preocupante y agresiva tendencia a cercenar la libertad de expresión.

Y a pesar de que los y las periodistas son algunos de los canales claves que hacen realidad esta libertad, proporcionando al mundo información y hechos, observamos una nueva normalidad donde estos se enfrentan a amenazas crecientes.

Una nueva normalidad donde se silencia por completo a las personas que se dedican a informar, a denunciar y a exigir responsabilidades al poder.

A través de la difamación, la censura, los cierres habituales de medios de comunicación, las detenciones arbitrarias, o los ataques directos físicos o en línea contra estas personas, sus amigos y sus familias.

Las mujeres periodistas, de manera especial, suelen trabajar bajo el miedo a la violencia y el acoso.

En 2022, 87 periodistas fueron asesinados y la gran mayoría de estos asesinatos quedaron impunes. 323 fueron encarcelados, lo que supuso un récord.

Estas estadísticas son intolerables.

El periodismo no es un delito, y a pesar de esto, toda una andanada de nuevas leyes y demandas judiciales afirman lo contrario.

Bajo el disfraz del delito de calumnias en la red, la lucha contra el terrorismo, la ciberseguridad, y las leyes contra las «fake news», ahora más que nunca, los gobiernos pueden acallar a los periodistas y ocultar verdades incómodas.

Las restricciones a la libertad de expresión deben ser una excepción.

Y es posible hacer que esto sea así.

Con una legislación nacional más sólida, que dé prioridad a los derechos humanos. Con una mejor vigilancia de las amenazas que sufren los y las periodistas, y ofreciendo un mejor apoyo legal y psicológico cuando se vean atacados.

Y también, de manera crucial, con una investigación y procesamiento sistemáticos de los delitos que se cometan contra periodistas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos es nuestro marco protector. A la vez que celebramos su 75º aniversario este año, mi Oficina dedicará el mes de mayo a celebrar las voces críticas y el debate, a garantizar la seguridad de los y las periodistas y a proteger el espacio cívico.

En enero, hice un llamamiento a los gobiernos a que pongan en libertad a todas las personas detenidas de forma arbitraria, ya sea por ejercer sus derechos o por contravención de sus derechos, incluyendo a periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos encarcelados por llevar a cabo su labor esencial.

Hoy reitero mi llamamiento.

Todas las amenazas que recibe un o una periodista suponen un ataque directo contra la libertad de información, opinión y expresión, derechos fundamentales que nos pertenecen a todos nosotros y nosotras.

La seguridad de los y las periodistas no es solamente una cuestión de seguridad personal, es una cuestión relacionada con la seguridad y salud de sociedades enteras.

Es un imperativo moral, por el bien de nuestro futuro, que hagamos todo lo que sea posible para protegerlo.