El derecho a un ambiente sano requiere medidas cruciales inmediatas para su garantía, dice experta de la ONU

Nueva York – “El derecho a un ambiente sano es fundamental para resolver la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, agravada por las desigualdades sistémicas”, declaró una experta de Naciones Unidas.

Astrid Puentes Riaño, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano a un ambiente limpio, sano y sostenible, hizo un llamado a implementar y fortalecer los marcos legales existentes, mejorar la rendición de cuentas por daños ambientales y enfocarse en la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Para garantizar esta implementación, debemos asegurar y fortalecer la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales, y transformar los modelos económicos que priorizan el crecimiento insostenible”, declaró Puentes Riaño ante la Asamblea General de las Naciones Unidas al presentar su primer informe.

“El reconocimiento de este derecho por la Asamblea General de la ONU, el reconocimiento mayoritario a nivel regional y el reconocimiento nacional en 163 Estados son la prueba de que este derecho ha alcanzado un consenso internacional sobre sus obligaciones y su importancia. Por lo que la implementación efectiva del derecho a un ambiente sano debe ser prioritaria tanto para los Estados como para los organismos internacionales y los actores privados, a fin de contribuir a las transformaciones sistémicas necesarias”, declaró la relatora especial.

El informe subraya el alarmante impacto de la triple crisis planetaria que afecta de manera desproporcionada a las comunidades en situación de vulnerabilidad y marginación. A pesar de los esfuerzos internacionales, los resultados positivos no se han materializado, mientras que los impactos negativos siguen aumentando drásticamente.

Afirmó que los principales retos para garantizar la implementación del derecho a un ambiente sano incluyen los modelos económicos actuales, las consecuencias del cambio climático, la debilidad de los marcos legales, el acceso limitado a la justicia y el impacto de la guerra y los conflictos. Grupos vulnerables como los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las comunidades campesinas y otras comunidades rurales, las mujeres, las infancias y las personas con discapacidad se enfrentan a riesgos desproporcionados.

“Para afrontar estos retos, debemos transformar la economía mundial, reconocer jurídicamente el derecho a un ambiente sano en los países y regiones donde está pendiente, incluido el Consejo de Europa, reforzar el Estado de derecho, actualizar las políticas y adoptar un enfoque interseccional para proteger a todos los grupos afectados”, concluyó.