Colombia: Expertas llaman con urgencia al gobierno y las empresas a intensificar esfuerzos para proteger los derechos humanos de grupos en situación crítica

BOGOTÁ – El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos ha elogiado hoy el compromiso de Colombia de aplicar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, pero declaró que el país sufre de problemas estructurales de larga data que se traducen en violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto empresarial.

Las expertas afirmaron que el gobierno colombiano debe dar prioridad a la implementación de leyes y políticas en empresas y derechos humanos para la protección de las personas y el medio ambiente. Este llamamiento es especialmente urgente en vista de la persistente presencia de grupos armados no estatales y el deseo del gobierno de acelerar la transición energética.

"La omnipresencia del conflicto armado en Colombia sigue aumentando los riesgos para los derechos humanos y perpetuando los daños. Exige una acción inmediata tanto del gobierno como de las empresas para intensificar los esfuerzos de protección de los derechos humanos", declaró el Grupo de Trabajo al término de su visita oficial al país.

En una declaración, las expertas reconocieron que los numerosos problemas de derechos humanos observados en el país tienen su origen en el modelo económico de larga duración en el país, centrado en la explotación de recursos naturales a gran escala, que ha marginado sistemáticamente a grupos como los Pueblos Indígenas, las Comunidades Afrodescendientes y las personas campesinas. Como lamentaba un defensor de derechos humanos, "el signo del dólar cambia la forma en que vivimos nuestras vidas”. Según el Grupo de Trabajo, el gobierno debe proteger a estos grupos en situación de riesgo crítico y evitar que sean dejados atrás.

"Colombia ha avanzado en la protección constitucional de los derechos humanos y la adopción de los instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes. Pero persisten problemas importantes, como el cumplimiento por parte de las empresas de las decisiones judiciales relativas a los derechos fundamentales", afirmaron las integrantes del Grupo de Trabajo, Fernanda Hopenhaym y Pichamon Yeophantong.

Durante su visita, las expertas encontraron una serie de desafíos, incluyendo cuestiones relacionadas con la transición energética y con la persecución de personas defensoras de derechos humanos. Estos retos fueron planteados de manera consistente en reuniones con representantes del gobierno, sociedad civil, sindicatos, grupos étnicos, incluidos los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, así como con empresas privadas, estatales y de capital mixto.

"Queda un largo camino por recorrer para hacer plenamente efectivos los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos", señalaron las expertas. "Colombia necesita una transición justa, basada en la protección y el respeto de los derechos humanos, especialmente de las personas más marginadas".

El Grupo de Trabajo expresó alarma por la estigmatización e invisibilidad que sufren los Pueblos Indígenas y comunidades Afrodescendientes, señalando cómo las prácticas empresariales irresponsables han exacerbado su discriminación y exclusión. En el caso de los Pueblos Indígenas, estas prácticas pueden aumentar su riesgo de extinción física y cultural.

Las expertas destacaron la inadecuada protección de las personas defensoras de derechos humanos, junto con las barreras a las que se enfrentan las víctimas a la hora de acceder a recursos efectivos por abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas. Estas realidades facilitan la persecución de líderes y lideresas sociales y representantes sindicales, creando un efecto amedrentador que inhibe la rendición de cuentas de las empresas y pone en peligro los esfuerzos de la justicia transicional.

“Instamos encarecidamente al gobierno de Colombia a entablar un diálogo social con todas las partes interesadas para generar confianza y fortalecer el tejido social, que es fundamental para que Colombia alcance una paz sostenible.”

Durante su visita, el Grupo de Trabajo recorrió Bogotá y los departamentos de Putumayo, La Guajira y Antioquia, y recibió documentación desde otras regiones.

El Grupo de Trabajo presentará un informe final sobre la visita, con sus conclusiones y recomendaciones, al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025.