Ecuador: Las víctimas de las formas contemporáneas de la esclavitud deben tener remedio y reparación en los juicios en curso, dicen expertos de la ONU

GINEBRA (26 de abril de 2024) - Las víctimas de las formas contemporáneas de la esclavitud en las plantaciones de abacá de Ecuador, quienes sufrieron desgarradoras violaciones de los derechos humanos durante décadas bajo la empresa Furukawa Plantaciones, deben recibir recursos legales y reparación en los juicios en curso, según han declarado hoy expertos de la ONU*.

«Es alentador ver que Furukawa Plantaciones C.A. está rindiendo cuentas en dos juicios pioneros sobre denuncias de trabajo en régimen de servidumbre y trabajo forzoso», afirmaron. «Más de 330 personas trabajadoras de las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos habrían sido sometidas a trabajos forzados, servidumbre y otros abusos graves de derechos humanos en el contexto de la producción de abacá durante más de 60 años», señalaron los expertos.

El abacá es una planta de gran tamaño que se cosecha por su fibra.

En una sentencia del 15 de enero de 2021, el tribunal ecuatoriano de primera instancia reconoció por primera vez que las condiciones de trabajo en Furukawa Plantaciones S.A. constituían una violación del derecho a la igualdad, la no discriminación, la prohibición de la servidumbre, el derecho a la salud, la vivienda y la educación, y que tanto el Estado ecuatoriano como Furukawa Plantaciones eran responsables. El tribunal les ordenó aplicar medidas de reparación. En apelación, la Corte Provincial de Justicia de la región de Santo Domingo de los Tsáchilas confirmó la responsabilidad de la empresa pero exoneró de responsabilidad al Estado ecuatoriano.

Un año después, cuando la Corte Constitucional de Ecuador decidió revisar el caso de oficio, las personas trabajadoras de Furukawa Plantaciones habrían seguido sufriendo acoso y represalias por parte de la empresa por pedir justicia, además de vivir en condiciones extremadamente precarias, según los expertos. El 9 de abril, la Corte Constitucional inició una audiencia de revisión sobre la supuesta omisión del Estado ecuatoriano, la responsabilidad directa de la empresa y el deber de pagar reparaciones. Se espera su veredicto en las próximas semanas.

Paralelamente, se espera que el Tribunal Penal de Santo Domingo decida el 20 de junio de 2024 si Furukawa Plantaciones debe enfrentar sanciones penales basadas en los abusos de derechos humanos que presuntamente cometió, incluida la trata de personas con fines de explotación laboral.

«Ambos juicios son una oportunidad única para que Ecuador haga justicia a las víctimas. Furukawa Plantaciones debe rendir cuentas por los abusos contra los derechos humanos cometidos, y debe concederse una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas. Las personas defensoras de los derechos humanos deben ser protegidas en lugar de ser intimidadas", afirmaron los expertos.

Los titulares de mandato también pidieron a Ecuador que sea más eficaz en la prevención de las formas contemporáneas de esclavitud reforzando sus leyes y normas, y garantizando que se realicen inspecciones laborales periódicas y efectivas, especialmente en los sectores económicos de alto riesgo. «El gobierno y el sector privado deben garantizar que todas las operaciones empresariales se ajustan a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU».

«Estamos impresionados por el valor y la resistencia de la comunidad, las personas defensoras de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil que han luchado por sus derechos a pesar de las presuntas intimidaciones, amenazas y chantajes», afirmaron los expertos.

*Tomoya Obokata, Relator especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud; Robert McCorquodale (presidente relator), Fernanda Hopenhaym (vice presidenta), Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Elzbieta Karska, Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos; Farida Shaheed, Relatora especial sobre el derecho a la educación; Michael Fakhri, Relator especial sobre el derecho a la alimentación; Pedro Arrojo-Agudo, Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.