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GINEBRA (5 de julio de 2023) – Irán debe poner fin a la incesante represión que ejerce sobre quienes protestan, la cual ha causado muertes de manifestantes, una ola de ejecuciones, arrestos masivos y detenciones desde la muerte de Jina Mahsa Amini, de 22 años de edad, en septiembre del año pasado. Debe respetar, cumplir y proteger los derechos de todas las personas en Irán, especialmente las mujeres y las niñas, sostuvo el día de hoy la Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos en la República Islámica de Irán.

En su primera Actualización Oral al Consejo de Derechos Humanos, la Misión dijo que la situación general de los derechos humanos en el país corre el riesgo de deteriorarse aún más si se aprueba una legislación nueva que propone castigos más severos para las mujeres y las niñas que infrinjan las leyes sobre el uso obligatorio del velo.

La muerte en custodia policial de Jina Mahsa en septiembre, tras su arresto y detención por la policía de la moral fundada en la supuesta infracción de las leyes sobre el uso obligatorio del velo, desencadenó manifestaciones en todo el país.

"Diez meses después, el derecho de los familiares de Jina Mahsa a la verdad y la justicia continúa desatendido y nos preocupa que las investigaciones internas no hayan cumplido con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo los requisitos de celeridad, independencia y transparencia", sostuvo Sara Hossain, Presidenta de la Misión.

La Misión resaltó varias áreas clave sobre las que mantiene preocupaciones. Señaló que existen riesgos concretos de un mayor deterioro de los derechos humanos de quienes estuvieron involucrados en las protestas, incluyendo abogados y abogadas, periodistas y defensores de derechos humanos y en particular las mujeres y las niñas.

La Misión continúa escuchando, recibiendo e investigando denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con las protestas, resaltó Viviana Krsticevic, experta de la Misión.

El Gobierno anunció que 22,000 personas han sido indultadas en relación con las protestas.

Entendemos que, según se ha informado, estos individuos fueron obligados a "expresar arrepentimiento" lo cual implica admitir su culpabilidad y comprometerse a no cometer "crímenes similares" en el futuro, en violación de sus derechos humanos incluyendo el derecho a la libertad de asociación.

Al día de hoy, a diez meses de las protestas, no se han hecho públicos datos oficiales sobre las personas indultadas o arrestadas, detenidas, imputadas o condenadas en relación con las protestas.

Pero continúan surgiendo informes de arrestos y detenciones de manifestantes, incluyendo mujeres y niñas que se niegan a cumplir las leyes sobre el uso obligatorio del velo, así como de acoso sobre sus familiares.

“Notamos con preocupación que continúan en detención personas defensoras de derechos humanos, defensores y defensoras de manifestantes y por lo menos 17 periodistas, incluidas Nilufar Hamedi and Elahe Mohammadi, quienes inicialmente informaron en los medios sobre la muerte de Jina Mahsa en custodia policial”, enfatizó Viviana Krsticevic, Experta de la Misión.

Según los informes recibidos por la Misión, desde noviembre 2022, al menos 26 personas han sido condenados a muerte en relación con las protestas, mientras que docenas han sido imputadas de delitos que conllevan pena de muerte. Al menos siete hombres fueron ejecutados tras juicios sumarios marcados por denuncias de graves violaciones de derechos, incluidas confesiones obtenidas bajo tortura.

Continúan imponiéndose castigos severos sobre los involucrados en las protestas, incluso por ejercer derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Las penas se imponen como resultado de procedimientos legales que carecen de transparencia y no cumplen con las garantías básicas de un juicio justo y el debido proceso.

“Nos preocupan en particular los numerosos informes de amenazas a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos, incluidos niños y niñas, que murieron durante las protestas”, indicó Hossain.

Son particularmente preocupantes los reportes sobre presuntos envenenamientos en docenas de escuelas, en 28 provincias, que comenzaron solo dos meses después del inicio de las protestas. La Misión está investigando cuidadosamente si estos pudieron haber sido orquestados como un medio para castigar o disuadir a las niñas de participar en las protestas.

Dos proyectos de ley han sido elaborados desde las protestas y están aguardando tratamiento ante el Majles, el Parlamento de Irán. De ser sancionadas, las mujeres y las niñas que infrinjan las leyes sobre el uso obligatorio del velo podrían sufrir castigos más graves y podrían resultar expuestas a mayores riesgos de violencia, acoso y detención arbitraria.

Según los informes, mujeres y niñas estudiantes han sido suspendidas de sus estudios o se les ha prohibido el acceso a las residencias estudiantiles por cuestionar las leyes sobre el uso obligatorio del velo. Los comercios que no impongan estas leyes han sido sometidos a multas y clausuras. La Misión también nota con preocupación la información sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial para identificar y arrestar a las mujeres y las niñas que infrinjan las leyes sobre el uso obligatorio del velo.

La Misión ha enviado siete cartas a las autoridades de Irán, que incluyen reiteradas solicitudes para visitar Irán con el objeto de recopilar información importante para sus investigaciones. Hasta ahora, no han sido respondidas. Recién el día de ayer, la Misión se reunió con el “Comité Especial para Investigar los Disturbios de 2022”.

"Irán tiene la obligación de proteger los derechos de todas las personas en el país, de sancionar a los y las responsables de presuntas violaciones de derechos relacionadas con las protestas y abordar las causas estructurales de estas violaciones", dijo Shaheen Sardar Ali, Experta de la Misión.

"El pueblo de Irán, y, en particular, las mujeres y las niñas, tienen derechos fundamentales a la igualdad, verdad, justicia, sanción de los responsables y la reparación de los daños. Hacemos un llamado al Gobierno de la República Islámica de Irán para que coopere plenamente con nuestro mandato y garantice que todas las personas afectadas puedan proporcionar pruebas sin obstáculos y de manera segura ", indicó Sara Hossain.

La Misión va a presentar un informe completo sobre sus conclusiones durante un diálogo interactivo en el 55º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en marzo de 2024.

FIN

Nota a los Editores

El 24 de noviembre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó la Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos en Irán con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos cometidas en Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022, especialmente con relación a las mujeres y los niños y niñas. El 20 de diciembre de 2022, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos informó que Sara Hossain (Bangladesh), Shaheen Sardar Ali (Paquistán) y Viviana Krsticevic (Argentina) fueron designadas como miembros independientes de la Misión y designó a Sara Hossain como Presidenta.

Para más información sobre el trabajo de la Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos en Irán, ver: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/index

Para más información y solicitudes relacionadas con los medios de información, póngase en contacto con: Todd Pitman todd.pitman@un.org teléfono móvil: +41 76 691 1761, o Pascal Sim simp@un.org