La ejecución pública de un hombre, realizada hoy en Afganistán por las autoridades de facto, es un hecho sumamente perturbador.

Al parecer, se trata de la primera ejecución pública desde que los talibán tomaron el poder en agosto de 2021 y tuvo lugar en la provincia occidental de Farah, en presencia de los vecinos del lugar y de algunas altas autoridades gubernamentales.

Las ejecuciones públicas son una forma de trato o castigo cruel, inhumano y degradante. Esas ejecuciones son arbitrarias por naturaleza y contrarias al derecho a la vida, protegido con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Afganistán es Estado Parte.

La pena capital es incompatible con los principios fundamentales de derechos humanos y su utilización es irreconciliable con el pleno respeto del derecho a la vida. Instamos a las autoridades de facto a que dicten de inmediato una moratoria sobre cualquier otra ejecución y a que procedan con presteza a prohibir totalmente el uso de la pena de muerte.

FIN