SAN JOSÉ (25 de noviembre del 2022) – Un experto de la ONU acogió hoy con satisfacción las medidas adoptadas por Costa Rica para eliminar las formas contemporáneas de la esclavitud, pero instó al gobierno y a las empresas a hacer más para garantizar que los grupos marginados no sean explotados.

Al finalizar una visita de 10 días al país, Tomoya Obokata, Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de esclavitud, pidió a las autoridades que implementen las leyes regulaciones y políticas existentes de manera más efectiva para prevenir y abordar la explotación laboral y sexual y la trata de personas.

"Me animó conocer los sólidos marcos institucionales y legales de Costa Rica para prevenir la trata de personas, así como la explotación laboral o sexual. Iniciativas como las Casas de la Alegría, el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria (SITLAM), y el Código de Conducta para prevenir la explotación sexual comercial demuestran también el compromiso del gobierno y de los empresarios para hacer frente a estas prácticas".

Sin embargo, en la práctica, particularmente los trabajadores migrantes, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y las personas LGBTIQ+ siguen enfrentando un alto riesgo de ser explotados y, en algunos casos, son sometidos a trabajo forzoso en diferentes sectores de la economía", dijo Obokata en un comunicado.

El experto fue informado sobre condiciones de explotación laboral por parte de algunos empleadores en la agroindustria, el sector doméstico, el comercio y en los sectores del transporte y la seguridad privada, entre otros. Las condiciones de trabajo en la agroindustria son en ciertos casos deficientes y peligrosas debido a la amplia exposición a los agroquímicos. Otras preocupaciones se referían a los bajos salarios a pesar de las largas horas de trabajo, el insuficiente acceso a una vivienda digna, a los servicios de salud y las prestaciones de la seguridad social. Los trabajadores migrantes y los que se encuentran en situación irregular se enfrentan a las peores condiciones, dijo Obokata.

"La intención recientemente anunciada por el gobierno de reprimir la migración debido a la supuesta 'carga financiera' que los migrantes constituyen para el país puede aumentar el riesgo de trata de personas tanto con fines de explotación laboral como sexual", señaló el experto.

"Pido al gobierno que fortalezca las medidas de debida diligencia para las empresas y que mejore la eficacia de las inspecciones laborales para responsabilizar a las empresas que no cumplen. La defensa de los derechos laborales y la rentabilidad van de la mano y las empresas responsables no temerán las inspecciones ni limitarán los derechos sindicales", dijo el experto.

Obokata también evaluó la explotación sexual comercial en la industria del turismo, que afecta en algunos casos a los niños y niñas. Esto apunta a medidas insuficientes tomadas por el gobierno y el propio sector turístico para prevenir y abordar este delito.

"Insto a Costa Rica a mejorar la protección de toda la población abordando de manera proactiva la discriminación basada en sexo, raza, estatus migratorio, nacionalidad, orientación sexual y/o identidad de género y otros motivos", dijo el experto.

Durante su visita, Obokata se reunió con ministros y otros funcionarios del gobierno, representantes de la sociedad civil, sindicatos, miembros de las comunidades empresariales y diplomáticas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y agencias de las Naciones Unidas.

El informe del Relator Especial sobre la visita se presentará al Consejo de Derechos Humanos en septiembre del 2023.