Bachelet pide investigación urgente sobre protesta con víctimas mortales en la ciudad uzbeka de Nukus

Ginebra (5 de julio de 2022) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y transparente acerca de las muertes de al menos 18 personas que fallecieron el viernes pasado en la región de Karakalpakstán (Uzbekistán).

Según la oficina del Fiscal General de ese país, 18 personas murieron y otras 243 resultaron heridas, entre estas 94 de gravedad, durante los choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad ocurridos en Nukus, capital de la región. No se reveló de inmediato la identidad de los fallecidos. Según los informes, las muertes se produjeron por heridas de bala en la cabeza y el cuerpo. Se teme que el número real de víctimas sea muy superior.

“Son muy preocupantes los informes que hemos recibido acerca de actos graves de violencia, incluso de asesinatos, ocurridos durante las protestas. Pido a las autoridades que actúen con la mayor moderación”, declaró Bachelet.

“Para garantizar la rendición de cuentas, exhorto a las autoridades a que inicien de inmediato una investigación transparente e independiente sobre las denuncias de actos delictivos cometidos en ese contexto, comprendidas las vulneraciones perpetradas por agentes estatales”.

Miles de personas protestaron en toda la región autónoma contra la reforma constitucional prevista, que despojaría a la República de Karakalpakstán de su derecho constitucional a la secesión, mediante un referendo nacional en el que podrían votar todos los habitantes de la región. El Presidente de la República afirmó el sábado que esos planes se iban a descartar.

Tras los actos de violencia, la prensa local informó de una nutrida presencia militar en la ciudad y el gobierno impuso el estado de emergencia, que incluye un toque de queda, y bloqueó el acceso a Internet. Según los informes recibidos, la ciudad estuvo en calma durante el fin de semana y el lunes.

Más de 500 personas fueron arrestadas durante las protestas y los días siguientes. La Alta Comisionada expresó su preocupación por que una persona ya ha sido imputada y se enfrenta a una condena de 20 años de prisión “por conspiración para asaltar el poder y derrocar el orden constitucional”.

“No se debería criminalizar a las personas por ejercer sus derechos”, dijo Bachelet. “Con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Uzbekistán es Estado Parte, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de participación en los asuntos públicos”.

“Asimismo, todos los detenidos deberían tener rápido acceso a la asistencia letrada y a que les garanticen el debido proceso y un juicio justo”, añadió la Alta Comisionada.

Bachelet exhortó al gobierno a que suspenda de inmediato el bloqueo a Internet y afirmó que las medidas de ese tipo tienen un alcance indiscriminado y afectan de manera general los derechos fundamentales a la libertad de expresión y el acceso a la información, entre otros derechos.

Bachelet también recordó a las autoridades que las restricciones impuestas en virtud de la ley de emergencia deben ajustarse al derecho internacional y ser necesarias, proporcionales y no discriminatorias. Asimismo, deben tener una duración limitada y han de ir acompañadas de medidas de salvaguardia contra los excesos.

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