Cierres de Internet: Informe de Naciones Unidas detalla las consecuencias 'dramáticas' para las vidas y los derechos humanos de las personas

GINEBRA (23 de junio de 2022) - Las terribles consecuencias en la vida real que los cierres de Internet ocasionan para las vidas y derechos humanos de las personas han sido enormemente subestimadas, advierte la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un nuevo informe publicado hoy. El informe insta a los Estados a no imponer cierres de Internet. 

"Muy a menudo, el acceso a canales principales de comunicación o redes enteras de comunicación es ralentizado o bloqueado," señala el informe, a la vez que añade que esto ha privado a "miles o incluso millones de personas de su única vía para estar en contacto con sus seres queridos, de continuar con su trabajo o de participar en debates o decisiones políticos."

El informe aspira a arrojar luz sobre el fenómeno de los cierres de Internet, analizando cuándo y por qué estos son impuestos y examinando cómo llegan a socavar una serie de derechos humanos, principalmente el derecho a la libertad de expresión. 

Los cierres pueden suponer un bloqueo total sobre la conectividad a Internet pero los gobiernos también recurren cada vez más a prohibir el acceso a plataformas principales de comunicación y a estrangular el ancho de banda y limitar los servicios de teléfono móvil a velocidades de transferencia de solo 2G, lo que dificulta por ejemplo el compartir y ver vídeos o las emisiones en directo.  

El informe señala que la coalición #KeepItOn, la cual vigila episodios de cierre de Internet en todo el mundo, documentó 931 cierres entre 2016 y 2021 en 74 países distintos, en los que algunos países bloquearon las comunicaciones de forma repetida y durante períodos largos de tiempo. 

"Los cierres suponen indicadores muy claros de situaciones donde se está produciendo un grave deterioro de los derechos humanos," destaca el informe.  Durante la década pasada, los cierres se han impuesto sobre todo durante períodos de tensiones políticas, con al menos 225 cierres registrados durante manifestaciones públicas en relación con reivindicaciones sociales, políticas o económicas. 

También se registraron cierres cuando los gobiernos llevaron a cabo operaciones de seguridad, lo que restringió de forma severa las labores de supervisión e información sobre derechos humanos.  En el contexto de conflictos armados y durante manifestaciones masivas, el hecho de que las personas no pudieran comunicarse e informar enseguida de abusos parece haber contribuido aun más a una mayor inseguridad y violencia, incluyendo violaciones graves de derechos humanos. 

La recogida de información sobre cierres de Internet resulta complicada ya que muchos gobiernos se niegan a reconocer el haber ordenado cualquier interferencia en las comunicaciones y en ocasiones presionan a las empresas para que eviten compartir información que demuestre que se bloqueó o ralentizó la comunicación. 

"La justificación oficial para los cierres era desconocida en 228 cierres documentados por la sociedad civil en 55 países," señala el informe. 

En los casos en los que las autoridades sí reconocen el haber ordenado estas interrupciones, las justificaciones suelen apuntar a razones de seguridad pública, la contención de la difusión de la incitación a la discriminación, hostilidad o violencia, o la lucha contra la desinformación.  Aun así, el informe describe cómo los cierres a menudo consiguen el efecto contrario, acentuando el miedo y la confusión, y alimentando los riesgos de división y de conflicto. 

Los cierres de Internet también suponen costes económicos importantes para todos los sectores, trastocando por ejemplo las transacciones financieras, el comercio y la industria.  Las perturbaciones económicas provocadas por los cierres suelen sentirse durante períodos largos de tiempo, lo que agrava sobremanera las desigualdades sociales y económicas preexistentes. 

"Los cierres profundizan en la práctica las brechas digitales entre y dentro de los países," advierte el informe.  En un momento cuando un porcentaje importante de la ayuda al desarrollo se destina de manera justificada a la mejora de la conectividad en los países menos desarrollados, algunos de los beneficiarios de esta ayuda están profundizando ellos mismos la brecha digital al usar estos cierres.  Al menos 27 de los 46 países menos desarrollados han puesto en práctica cierres entre 2016 y 2021, la mayor parte de los cuales habían recibido apoyo para aumentar su nivel de conectividad. 

El informe apela a los Estados a abstenerse de imponer cierres, a maximizar el acceso a Internet y a eliminar los múltiples obstáculos que existen en el camino de la comunicación.  El informe también insta a las empresas a compartir enseguida información sobre interrupciones y a asegurar que adoptan todas las medidas legales posibles para impedir los cierres que se les pida que impongan. 

"Los cierres de Internet han empezado a surgir a la vez que el mundo digital ha ido cobrando cada vez más importancia, de hecho una importancia vital, para la realización de numerosos derechos humanos.  La desconexión de Internet causa daños incalculables, tanto materiales como en cuestión de derechos humanos," afirmó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"Cuando un país cierra Internet, tanto las personas como las economías salen perdiendo. Los costes para el empleo, la educación, la salud y la participación política casi siempre superan cualquier ventaja que se esperaba conseguir con el cierre."

"Lo que este informe claramente destaca es que se necesitan medidas rápidas para acabar con los cierres de Internet, incluso mediante la elaboración de informes más visibles sobre sus consecuencias, una mayor transparencia por parte de las empresas que participan en estos cierres, y asegurándonos de que todos defendemos una conectividad libre de interrupciones auto-impuestas," resaltó la Alta Comisionada. 

FIN

Informe completo:  A/HRC/50/55 (un.org)