Puerto Rico: La preocupación por derechos humanos se acentúa ante la falta de respuesta adecuada a la emergencia

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GINEBRA (30 de octubre de 2017) Después de más de un mes, Puerto Rico continúa sin recibir una respuesta adecuada a la devastación causada por el Huracán María, ha advertido un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU.*

“El Huracán ha agravado la delicada situación que ya existía en la isla, causada por una creciente deuda y por medidas de austeridad” señalaron las y los expertos, subrayando que la situación seguía siendo “alarmante” para los 3.5 millones de residentes de la isla en territorio estadounidense.

“Miles de personas has sido desplazadas y se encuentran sin soluciones a la vista. Más del 80 por ciento de la población, o cerca de 2.8 millones de personas, continúan sin electricidad. Pocos hospitales se encuentran funcionando. Se alega que el agua disponible –para aquellos que la tienen- puede estar contaminada”.

“Con el invierno que se aproxima, solicitamos una respuesta rápida y bien financiada a la emergencia, con prioridad a las personas más vulnerables y en riesgo: niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle y mujeres”.

El Experto independiente sobre deuda y derechos humanos de la ONU, Juan Pablo Bohoslavsky, añadió: “Incluso antes del impacto del Huracán María, la situación de derechos humanos estaba siendo gravemente afectada por la crisis financiera y económica y las consiguientes medidas de austeridad, con impactos negativos en los derechos a la salud, alimentación, educación, vivienda y seguridad social”.

Los expertos resaltaron que casi la mitad de la población de Puerto Rico ya estaba viviendo por debajo de la línea de pobreza antes del Huracán María.

La Relatora Especial sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha, indicó que “No podemos dejar de notar la urgencia y prioridad diferente que se ha dado a los servicios de emergencia para Puerto Rico, en comparación con la respuesta en estados de los Estados Unidos que han sufrido el impacto de huracanes en los meses recientes”.

“Después de un desastre natural, con más de 90 mil viviendas completamente destruidas, las personas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Todos los niveles del gobierno están obligados a actuar para protegerlas, y para asegurar que sus vidas pueden volver a una cierta normalidad rápidamente. Las personas necesitan vivienda segura y adecuada – en el corto y largo plazo- con electricidad, agua potable y saneamiento”, subrayó la Relatora.

La Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver, agregó: “El Huracán María arrasó la mayor parte de los sembrados. Bananas y café (productos principales de exportación) fueron los más afectados. La población se enfrenta a escasez de alimentos y también a consecuencias a largo plazo debido a la destrucción de toda la infraestructura agrícola”.

Las y los expertos subrayaron que la reconstrucción debe asegurar estándares adecuados para enfrentar futuros desastres.

“Exigimos a las autoridades en los Estados Unidos y en Puerto Rico suprimir las barreras regulatorias y financieras que existen para la reconstrucción y recuperación”, dijeron. “Todos los esfuerzos que se lleven a cabo deben basarse en los estándares internacionales de derechos humanos, garantizando que las personas puedan reconstruir sus vidas en los lugares y con las comunidades con quienes solían vivir. La reconstrucción debe tener por objetivo mejorar la capacidad de la infraestructura, vivienda y hospitales de Puerto Rico para enfrentar futuros desastres naturales”.

También señalaron la necesidad de aliviar la deuda de la isla, que presentó su demanda de bancarrota en Mayo de 2017 a través de PROMESA (Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico; siglas en inglés). Una corte federal en San Juan inició audiencias sobre el proceso más importante de restructuración de deuda pública en la historia de los Estados Unidos.

Varios expertos de la ONU habían expresado su preocupación en septiembre de 2016 sobre el nivel de deuda pública y su impacto negativo en los derechos económicos y sociales, pero no han recibido una respuesta substantiva a sus preguntas y preocupaciones ya sea de Washington, San Juan o del Consejo de Control y Gestión Financiera.

FIN

*Expertos: Leilani Farha, Relatora Especial sobre derecho a una vivienda adecuada; Juan Pablo Bohoslavsky, Experto Independiente sobre los efectos de la deuda externa y derechos humanos; Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; Dainius Pûras, Relator Especial sobre el derecho a la salud. Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Cecilia Jimenez-Damary Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos; Obiora C. Okafor, Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Dubravka Šimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; Baskut Tuncak, Relator Especial sobre derechos humanos y sustancias y desechos tóxicos. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre el derecho al desarrollo.

Los Relatores Especiales y Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Más información en: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

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