El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos afirma que está consternado por las ejecuciones masivas en Iraq

GINEBRA (27 de septiembre de 2017) – La ejecución masiva en la horca de 42 presos, el domingo 24 de septiembre, en la cárcel iraquí de Al Hoot, en la ciudad meridional de Nasiriyah, genera “enormes preocupaciones” acerca de la aplicación de la pena capital en ese país, declaró el miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Estoy consternado tras saber que 42 presos fueron ejecutados en un solo día”, afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein. “Con arreglo al derecho internacional, la pena de muerte sólo puede aplicarse cuando se ha cumplido con un estricto conjunto de requisitos de fondo y de procedimiento”.

Zeid dijo que era “sumamente dudoso” que ese conjunto estricto de garantías procesales –entras las que figuran el derecho a la asistencia letrada, a presentar apelaciones y a solicitar el perdón o la conmutación de la sentencia- se hubiese cumplido en cada uno de los 42 casos individuales.  

“En circunstancias como esas, hay un riesgo cierto de que ocurra una grave denegación de justicia”, agregó el Alto Comisionado.

Zeid hizo hincapié en que la pena capital, si llega a aplicarse, sólo puede imponerse como castigo por “los delitos de la máxima gravedad”, una categoría que los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas siempre han considerado que se limita al asesinato y otras formas de homicidio intencional.

“Podemos todos coincidir en la idea de que los miembros de grupos terroristas convictos de delitos graves deben afrontar toda su responsabilidad por tales hechos”, declaró Zeid. “Pero el uso que se hace en Iraq de la legislación antiterrorista para imponer la pena de muerte por una amplia gama de hechos no parece corresponder al concepto estricto de ‘delitos de la máxima gravedad’ ”.

Algunos funcionarios del gobierno de Bagdad declararon que los presos ejecutados eran iraquíes que militaban en el EIIL o en al-Qaeda, condenados con arreglo a las leyes antiterroristas por haber perpetrado secuestros, asesinatos de miembros de las fuerzas de seguridad, robos a mano armada y atentados con explosivos de fabricación casera. Pero las autoridades no han brindado información alguna sobre sus nombres, lugares de residencia, índole exacta de los delitos, juicios, fechas de sentencia ni sobre los recursos de apelación que, según los funcionarios, se habrían completado.

“La falta de información exacta sobre estos casos es un motivo adicional de inquietud”, añadió Zeid. En los dos últimos años, el personal del ACNUDH en Iraq ha solicitado información periódica sobre la aplicación de la pena capital –comprendidas las ejecuciones de la semana pasada- pero hasta ahora no ha recibido respuesta ni del gobierno ni de los tribunales.

Según los funcionarios iraquíes, alrededor de 1.200 de los 6.000 presos de Nasiriyah están condenados a muerte, por lo que el ACNUDH ha advertido en reiteradas ocasiones que el sistema judicial iraquí es demasiado defectuoso y que esas sentencias no deberían ejecutarse. 

“Nos preocupan mucho los informes que indican que Iraq estaría preparándose para acelerar el proceso de ejecución de los presos ya condenados a muerte, lo que podría generar nuevas ejecuciones masivas en las próximas semanas”, afirmó Zeid. “Eso plantea la posibilidad de que ocurran más violaciones de derechos humanos, porque la imposición de la pena de muerte al término de un proceso en el que se han vulnerado los principios que definen a un juicio justo constituye una violación del derecho a la vida”.

El Alto Comisionado señaló que existe una preocupación generalizada acerca de la falta de cumplimiento por parte de Iraq de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en lo tocante a la imposición de la pena capital, en particular con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Iraq ha sido Estado Parte durante más de 40 años.

“Insto a Iraq a que abandone esta política de ejecuciones masivas o aceleradas”, dijo Zeid, quien pidió también al gobierno que establezca un órgano judicial especial de supervisión capaz de formular recomendaciones sobre las reformas legislativas que podrían garantizar el respeto al debido proceso y a los criterios que definen un juicio justo, y dar seguimiento a cualquier juicio futuro que implicase la pena capital.

“También insto a las autoridades iraquíes a que suspendan todas las ejecuciones previstas y que establezcan una moratoria inmediata sobre la aplicación de la pena de muerte”, añadió el Alto Comisionado.  

FIN

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