Las conclusiones del equipo de Expertos de la ONU indican patrones de violanciones de derechos humanos en medio de protestas masivas en Venezuela

GINEBRA (8 de agosto de 2017) – Las entrevistas realizadas a distancia por un equipo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. Las conclusiones del equipo indican la existencia de un esquema de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan violentos allanamientos de viviendas, torturas y malos tratos a los detenidos en relación con las protestas.

A falta de respuesta de las autoridades venezolanas a las peticiones de acceso, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos con el fin de realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación humanitaria del país, del 6 de junio al 31 de julio.

 El equipo realizó alrededor de 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos, personal de primera intervención y funcionarios de la oficina de la Fiscal General, y también recibió información por escrito de la oficina del Defensor del Pueblo.

Los testigos relataron cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales. Varias de las personas entrevistadas afirmaron que las latas de gas lacrimógeno fueron disparadas a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos. Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes.

Según contaron los testigos, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional y la Policía Nacional, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, aplastar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales no han condenado casi nunca esos incidentes.

Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones.

Según el análisis del equipo del ACNUDH, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados “colectivos armados”, serían responsables de otros 27 fallecimientos. En cuanto al resto de las muertes, aún no está claro quién las perpetró. La Oficina de la Fiscal General investigaba también al menos 1.958 casos de heridos, aunque el número real de personas que han sufrido lesiones podrían ser mucho mayor. La información compilada por el equipo indica que los colectivos armados, montados en motocicletas, suelen atacar a los manifestantes, los acosan o, en determinados casos, les disparan con armas de fuego.

Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, y el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 de ellas siguen detenidas. En varios casos examinados por el ACNUDH hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares.

“Desde que la ola de protestas comenzó en el mes de abril, se ha aplicado un esquema evidente de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Según las fuentes, varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, y varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares, en vez de presentarlas ante las cortes civiles”, declaró Zeid. “Y no hay indicios de que esa actuación vaya a cesar”.

“Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General”, agregó Zeid. “La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a las más alta instancias del gobierno”.

El Alto Comisionado afirmó que la decisión de cesar en su cargo a la Fiscal General, adoptada por la Asamblea Constituyente el 5 de agosto, era motivo de honda inquietud, e instó a las autoridades a que garanticen la investigación independiente y eficaz de las violaciones de derechos humanos en las que estén involucrados los cuerpos de seguridad y los colectivos armados. Zeid exhortó a las autoridades a que presten atención al llamamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió al Estado venezolano que tomara medidas para garantizar la protección de la Fiscal General depuesta.

El Alto Comisionado expresó también su grave preocupación por los numerosos casos de allanamiento violento e ilegal de viviendas notificados al equipo. Las víctimas y los testigos dijeron que los allanamientos se habían realizado sin orden judicial, supuestamente en búsqueda de manifestantes. Los informes recibidos indican que varias propiedades privadas fueron destruidas en el curso de esas operaciones.

Varios periodistas y empleados de prensa señalaron que las fuerzas de seguridad han obstruido su trabajo de informar sobre las manifestaciones. Según las fuentes, algunos periodistas han recibido impactos de latas de gas lacrimógeno y perdigones, a pesar de que llevaban claramente visible su distintivo de identificación. En varias ocasiones los periodistas han sido detenidos y amenazados y han sido despojados de sus equipos.   

Algunos grupos de manifestantes también han actuado con violencia y se ha informado de ataques contra agentes de las fuerzas de seguridad. Ocho policías han muerto en el contexto de las manifestaciones.

El Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas a que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Zeid recordó a las autoridades la prohibición absoluta de usar la tortura, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, pidió que se suspenda el uso de tribunales militares para juzgar a los civiles.   

“Exhorto a todas las partes a que colaboren con el fin de solucionar las tensiones del país, que se agravan con rapidez, a que renuncien al uso de la violencia y a que tomen medidas con miras a establecer un diálogo político significativo”, declaró Zeid.

Está previsto que a finales de agosto de este año se publique un informe completo, con las conclusiones del equipo.

FIN

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