GINEBRA (mayo de 2017) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó el miércoles su grave preocupación acerca de la huelga de hambre masiva que lleva a cabo un grupo de palestinos presos en cárceles de Israel, que ha entrado ya en su 38º día sin atisbo de solución y en la que la salud de cientos de participantes comienza a deteriorarse considerablemente.

Más de 1.000 presos palestinos iniciaron una huelga de hambre el 17 de abril, en demanda, entre otras cosas, de que se ponga fin a la detención administrativa y el régimen de aislamiento. Los huelguistas piden también que se aumente el número y la duración de las visitas familiares y se mejore el acceso a la atención sanitaria. Tanto organizaciones de derechos humanos israelíes como palestinas han corroborado muchas de las denuncias formuladas por los presos y han exhortado a las autoridades israelíes a que mejoren las condiciones de reclusión de los palestinos. Según los informes recibidos, el Servicio de Prisiones de Israel ha trasladado a los hospitales al menos a 60 huelguistas, debido al empeoramiento de su estado de salud, mientras que otros 592 huelguistas han sido llevados recientemente a las enfermerías de las cárceles para exámenes médicos.    

“Me alarman especialmente las noticias de que las autoridades israelíes han tomado medidas punitivas contra los presos que están en huelga de hambre, incluso mediante la restricción del acceso a sus abogados y la suspensión de visitas familiares”, declaró Zeid. “El derecho de los reclusos a comunicarse con sus abogados es una protección fundamental amparada por el derecho internacional de los derechos humanos y nunca debe restringirse”.

En una declaración formulada el 3 de mayo de 2017, el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló también que el derecho a recibir visitas familiares está consagrado en la Cuarta Convención de Ginebra de 1949 y nunca debe limitarse con fines punitivos.

La práctica israelí de la detención administrativa constituye una violación de las principales garantías que figuran en el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El uso generalizado de la detención administrativa, mediante la cual cientos de personas son recluidas cada año, suscita la preocupación de que Israel no respete el principio del derecho humanitario internacional según el cual dicha detención ha de ser de índole excepcional.

Según fuentes fidedignas, en 2000 Israel mantenía a 12 palestinos en detención administrativa. En la actualidad, esa cifra ha aumentado hasta casi 500 reos, que son retenidos sin cargos ni juicio en condiciones de detención administrativa.

“Varios órganos internacionales han pedido reiteradamente a Israel que suspenda esa práctica de la detención administrativa. Esos reclusos deberían ser encausados por un delito y juzgados de conformidad con las normas internacionales o deben ser liberados de inmediato”, dijo el Alto Comisionado.

Se calcula que unos 6.300 palestinos están recluidos actualmente en las prisiones israelíes, la mayoría de ellos fuera del territorio palestino ocupado, lo que contraviene el Artículo 76 de la Cuarta Convención de Ginebra. Al margen de dónde estén recluidos y cuál sea la base jurídica de su encarcelamiento, el trato que los reos reciben debe ser en cualquier caso coherente con el derecho internacional, comprendidas las Normas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.

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