Examen de la tortura en Burundi: preocupación entre expertos de Naciones Unidas por informes sobre represalias

GINEBRA (8 de Agosto de 2016) – El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha expresado una grave preocupación por los informes sobre represalias ejercidas contra cuatro abogados burundeses que le había facilitado información para un estudio especial sobre Burundi.

El Comité envió una carta al embajador de Burundi ante las Naciones Unidas en Ginebra, en la que pedía garantías urgentes de que ningún miembro de la sociedad civil de Burundi será objeto de represalias por haber colaborado con el Comité.

Los cuatro abogados - Armel Niyongere, Lambert Nigarura, Dieudonné Bashirahishize y Vital Nshimirimana – contribuyeron a  un informe alternativo que elaboró una coalición de ONG burundesas como contribución al estudio del Comité y tres de ellos estuvieron presentes cuando dicho estudio se examinó en Ginebra, los días 28 y 29 de julio.

El 29 de julio, un fiscal burundés pidió al presidente del Colegio de Abogados de Bujumbura que expulsara a los cuatro letrados del registro profesional, alegando que habían cometido varios delitos, entre otros los de haber participado en un movimiento insurreccional y en un intento de golpe de Estado.

La carta del Comité, firmada por su presidente Jens Modvig y por el Relator sobre represalias, Alessio Bruni, señala que el fiscal exigió sanciones contra los abogados, en vez de pedir una investigación que esclarezca los hechos, “lo que suscita inquietud en cuanto a la presunción de inocencia”.

“Esta inquietud es aún más intensa habida cuenta de que la petición (del fiscal) se produjo el mismo día en que la delegación burundesa, presidida por el Ministro de Justicia, indicaba que no participaría en la segunda sesión de diálogo con el Comité y señalaba como motivo de su ausencia el informe alternativo elaborado por la sociedad civil de Burundi”, se afirma en la misiva.

Los Srs. Modvig y Bruni señalaron además que el Comité planteó la cuestión de las represalias después del último examen periódico de Burundi, en 2014. Los autores recordaron al gobierno de Burundi que las represalias constituyen una violación del artículo 13 de la Convención contra la Tortura, de la que ese país es Estado parte desde 1993. El artículo 13 estipula que se tomarán medidas para asegurar que quien presente una queja o sirva de testigo esté protegido contra malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio prestado.

Habida cuenta de la gravedad de los casos expuestos en su carta, los Srs. Modvig y Bruni pidieron a las autoridades burundesas que respondan a más tardar el 11 de agosto e insistieron en que están en la mejor disposición de reunirse con el embajador de Burundi antes de esa fecha.

Está previsto que el Comité dé a conocer sus conclusiones sobre Burundi el próximo 12 de agosto.

FIN

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Antecedentes

Los miembros del Comité contra la Tortura son expertos independientes en derechos humanos procedentes de todas las regiones del mundo, que sirven a título personal y no representan a ningún Estado parte. Las observaciones finales del Comité constituyen una evaluación independiente del grado de cumplimiento de los Estados en lo tocante a sus obligaciones de derechos humanos en virtud de la Convención. Si desea información adicional al respecto, sírvase consultar: http://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/cat