Declaración de Kishore Singh, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, al término de su visita a la República de Chile - 28 de marzo al 4 de abril 2016

Santiago de Chile, 4 de abril de 2016

Miembros de la prensa, señoras y señores,

Quisiera comenzar agradeciéndole sinceramente al Gobierno de Chile por haberme invitado a visitar el país para observar el derecho a la educación en un momento de transformaciones sin precedentes en el ámbito de la educación a nivel nacional.

Durante mi visita de ocho días, mi primera visita oficial a Chile, fue para mí un honor especial sostener un diálogo con la Presidenta Michelle Bachelet. Tuve oportunidad de conocer a la Sra. Adriana Delpiano, Ministra de Educación y al Sr. Marcos Barraza, Ministro de Desarrollo Social. Fue para mí un placer dialogar con el Presidente y miembros del Tribunal Constitucional. Me reuní también con representantes de las Comisiones de Educación del Congreso Nacional y con altos funcionarios de gobierno, tanto en Santiago, como en Antofagasta. Conversé con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con organizaciones de la sociedad civil. Visité un establecimiento de enseñanza parvularia, un establecimiento público de enseñanza básica, un liceo técnico y un establecimiento de enseñanza media, donde me reuní con directivos, educadores, alumnos, padres y apoderados, y docentes. Además, me reuní con profesores y directivos universitarios.

Me gustaría extender un cálido agradecimiento a todas y todos aquellos que me recibieron y se tomaron el tiempo para compartir sus experiencias en un espíritu de diálogo y cooperación. Quisiera además agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Santiago y en Ginebra por su apoyo en la preparación y la realización de esta visita de país.

Hoy estoy aquí para compartir algunas de mis impresiones iniciales y me limitaré a comentarios preliminares acerca de mis hallazgos. En el informe sobre mi visita que se presentará posteriormente al Consejo de Derechos Humanos analizaré en mayor detalle los temas de educación.

Señoras y Señores,

Chile atraviesa un período histórico de transición en la educación, que encarna la visión de la Presidenta Bachelet, y me gustaría rendirle homenaje por introducir reformas de largo alcance, reconociendo a la educación como un derecho y no un bien de consumo. Es sumamente loable que Chile se haya embarcado en deshacer el impacto devastador de 30 años de políticas en educación basadas en la lógica de mercado, las cuales han resultado en altos niveles de segregación y estratificación escolar. Las actuales reformas buscan desmantelar las políticas neoliberales subyacentes y restablecer la educación como un bien público, a través de una nueva legislación, socialmente justa y centrada en la equidad, un paso de lo más significativo hacia un cambio de paradigma en la educación para eliminar la tan profundamente arraigada segregación y discriminación en la educación.

Mi visita es oportuna en términos del proceso de implementación de la Ley N° 20.845 que recién comienza con el compromiso de erradicar en forma progresiva y completa la educación con fines de lucro antes de finalizar el año 2017. La Ley elimina el proceso de selección en la admisión a los establecimientos educacionales en reconocimiento al derecho a la educación como un derecho sin discriminación ni exclusión. También pone término al “copago” o arancel cobrado a los padres y apoderados además de la subvención que reciben los establecimientos particulares del Estado. La ley es de suma importancia en el resguardo del derecho a la educación contra las fuerzas de la privatización y en la preservación de la educación como un bien público, en línea, no solamente con las obligaciones constitucionales de Chile, sino con sus obligaciones internacionales según las convenciones internacionales de derechos humanos. Debemos siempre recordar que la negación del acceso a la educación con base en la condición o propiedad social o económica, es una práctica discriminatoria y está prohibida por el derecho internacional de derechos humanos. Considero que las reformas históricas impulsadas por el actual gobierno no tienen precedente, ya que están claramente impulsando un cambio nacional de paradigma en Chile que lleva tres décadas en un proceso de privatización y resulta comprensible que las medidas de la reforma encuentren resistencia de parte de los intereses creados.

En Chile, el legado de la dictadura, junto con su proceso largo y profundo de privatización de la educación, ha dejado una percepción distorsionada, pero arraigada, de la educación como un bien de consumo. Se han permitido fuerzas de mercado en la educación, en nombre de la libertad de enseñanza. Durante mis intercambios, entre ellos con el Tribunal Constitucional, he destacado la importancia y la necesidad de una mejor comprensión de la libertad de enseñanza con todas sus limitaciones.

La libertad de enseñanza se debe comprender en términos de la libertad de los padres y apoderados de asegurar una educación religiosa y moral para sus hijos e hijas de acuerdo con sus propias convicciones. La libertad de los individuos y organizaciones para establecer y dirigir establecimientos educacionales no es ilimitada. Según lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 13, § 3 y 4), tal libertad de educación está sujeta al cumplimiento de “estándares mínimos” en educación, que deben cumplir todos los establecimientos educacionales privados, en línea con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos. El no cumplimiento constituye una violación del derecho a la educación. La libertad de enseñanza no da libertad a cualquier proveedor de educación para socavar la educación como un bien público, ni a subordinarla al interés privado a expensas de la responsabilidad social en la educación. Esta libertad no se opone a la entrega pública de la educación como una responsabilidad central y suprema del Estado. El Estado sigue siendo, bajo cualquier circunstancia, el guardián del derecho a la educación.

Durante mis conversaciones con el Tribunal Constitucional, me fue grato escuchar sobre su fallo a favor de la Ley de Educación Inclusiva N° 20.845 en el año 2015. Luego de la solicitud que hicieran algunos miembros del Congreso Nacional para declarar la Ley inconstitucional en nombre de la libertad de enseñanza –que está incluida en la Constitución de Chile en el mismo Artículo 19 que también garantiza el derecho a la educación-, el Tribunal determinó que “regular el derecho a la educación no viola la libertad de enseñanza” y que “la libertad de enseñanza no es un fin en sí mismo, sino un medio para asegurar el derecho a la educación”. En otras palabras, el Tribunal priorizó, en línea con las obligaciones internacionales, el derecho a la educación por sobre la libertad de enseñanza.

Chile ha adoptado nueva legislación en varias áreas clave, a fin de dar forma a la reforma. Esto constituye un buen ejemplo en el contexto de la meta de educación de la Agenda de Desarrollo Sostenible adoptada por la Cumbre de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. Al adoptar la Declaración de Incheon (en mayo de 2015) y el Marco de Acción para su implementación en UNESCO (en noviembre de 2015), de conformidad con su Agenda global, los Ministros de Educación de todo el mundo incluyendo Chile, se comprometieron, por un lado a modernizar la legislación para asegurar que, para el año 2030, todas las niñas y niños completen una educación de calidad gratuita, equitativa e inclusiva hasta el nivel medio y, por el otro lado, a promover oportunidades de aprendizaje continuo a lo largo de la vida.

Fue para mí un placer enterarme que mi visita oficial coincidió con la promulgación de la Ley N° 20.911 que crea el Plan de Formación Ciudadana en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado. Los objetivos del Plan incluyen promover el conocimiento y comprensión de los alumnos, junto al compromiso con los derechos humanos reconocidos por la Constitución de Chile y por los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile. Esta ley es encomiable al valorar el rol de la ética en el fortalecimiento del desarrollo con una visión donde el ser humano está al centro de la atención.

Conocí también la Ley N° 20.903 que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la cual está intrínsecamente vinculada a la calidad en la educación. La Ley permitirá mejoras, no solo en términos del desarrollo de las y los docentes, impactando en la calidad de la educación, sino también en el valor que le asigna la sociedad a la profesión docente. Con un nuevo proceso de selección, las y los docentes estarán mejor acreditados y calificados y tendrán mejor remuneración. Las y los profesores son los custodios de la calidad de la educación. Acorde a esta Ley, espero que la carrera docente resultará más atractiva y gozará de una mejor estima entre la sociedad.

Me informaron de manera exhaustiva, tanto autoridades nacionales y regionales, como durante mis visitas a los establecimientos educativos, sobre el proyecto de ley del Sistema Nacional de Educación Pública, coloquialmente conocido por muchos como la des-municipalización. Este proyecto de ley, que está aún siendo debatido en el Congreso Nacional, es una legislación significativa de la reforma que, espero, será promulgada muy pronto. El objetivo principal es retomar la gestión de la educación que fue descentralizada durante la dictadura y pasó a las municipalidades. Debido a la gran diversidad de las municipalidades en términos de su capacidad, voluntad política y competencia profesional, entre otras, el sistema municipalizado de educación generó sistemas dispersos y poco homogéneos entre los colegios. La Ley creará un sistema de educación de calidad uniforme a nivel nacional, bajo la responsabilidad general del gobierno nacional, a fin de entregar una mejor gestión con implementación descentralizada a nivel municipal.

Conocí también otros programas y medidas como el PACE (Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo), focalizado en la no-discriminación, y el cual acompaña y garantiza el acceso a la universidad para el 15% de los alumnos con mejor desempeño dentro de su propio contexto escolar. Este es un acontecimiento muy bienvenido. También lo es la revisión de la curricula para la educación que espera generar un proyecto educacional más integrado, que apunte al desarrollo de competencias y valores, tales como la integración y la convivencia social. Es bienvenido también el papel crecientemente predominante de la Superintendencia y la Agencia de Calidad, en asegurar, tanto la rendición de cuentas, como la calidad en la educación.

Los desafíos de promover una educación de calidad son enormes. La privatización de la educación prosperó con una falsa propaganda engañosa, que hacía creer que el lucro en la educación entrega una educación de mejor calidad. Los hallazgos de la OCDE aclaran tales conceptos erróneos. A pesar de que se espera que sean mejores, se me informó sobre la infraestructura deficiente que existe en algunos establecimientos particulares subvencionados y del uso de contratos temporales, nuevos y de bajo costo para los profesores que menoscaba la profesión docente.

Hoy existe una gran preocupación sobre el desarrollo de competencias y, en este sentido, conocí los esfuerzos del Ministerio del Trabajo, a fin de aumentar la capacitación en cooperación con el sector privado para crear oportunidades, no solamente en términos de la certificación de competencias, sino para vincular la capacitación para el empleo con la educación formal. Estos innovadores enfoques son útiles en la creación de oportunidades para el empleo, emprendimientos y en cubrir las necesidades emergentes del aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Es necesario generar vínculos más fuertes entre los establecimientos de formación técnica y las empresas para tener un sistema más capaz de contribuir al desarrollo industrial y socioeconómico.

La propuesta de reforma para la educación superior aún se está redactando y entiendo que aumentará la capacidad institucional de absorber el número creciente de estudiantes y mejorar la calidad, el acceso y el financiamiento. Me resultó muy grato escuchar sobre los planes para abrir dos universidades estatales en regiones donde no existía ninguna: O’Higgins y Aysén. Entiendo que se brindará apoyo significativo a las personas más vulnerables y marginadas para que puedan beneficiarse de la educación superior. También me dio mucho gusto oír acerca de la próxima apertura de 15 centros de formación técnica, uno por región. Esto cierra una brecha en la educación pública a nivel terciario, ya que hasta la fecha los centros de formación técnica son todos privados. Hoy, muchos países están embarcados en la excelencia profesional y la creación de nuevos centros técnicos educativos por parte del Ministerio de Educación es una loable iniciativa.

Las recientes reformas educativas fueron motivadas en parte por el movimiento estudiantil contra el alto costo de la educación en las universidades. Aun cuando el lucro ha estado prohibido por ley desde hace mucho tiempo, esta prohibición no se implementó de manera efectiva en la práctica. Actualmente, la educación superior en Chile, principalmente privada, es de muy alto costo. Resulta claro que, en el espíritu de las reformas, los intereses corporativos en universidades ya no se deberían permitir.

La reforma de la educación superior debería tomar en plena consideración la internacionalización de la educación superior y sus repercusiones en Chile. Asuntos relacionados al reconocimiento de las instituciones de educación superior y su acreditación, junto al reconocimiento de títulos y calificaciones, son temas importantes a considerar, con participación de la comunidad académica y los estudiantes. También es necesario considerar el logro de un equilibrio entre la autonomía de las universidades y sus funciones sociales, considerando que un gran número de las universidades en Chile son privadas.

La reforma educativa también ha abordado la educación parvularia, donde se mejora la capacidad para cubrir las necesidades, tanto de nuevas madres que trabajan y estudian, como de otros grupos vulnerables, como las y los niños con discapacidad. No obstante, toda reforma o medida debería seguir los estándares internacionales más recientes establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para eliminar cualquier barrera que se interponga en el avance de una educación inclusiva.

Durante mis reuniones también conocí el proyecto de ley de garantías de derechos de la niñez, que incluye el derecho a la educación. Se me informó que esto permitirá entregar recursos financieros para dar a todas las niñas y niños igual oportunidad en educación, de manera que ninguna niña o niño resulte privado de educación parvularia. La propuesta presta atención particular a las niñas y niños vulnerables, incluyendo niñas y niños con discapacidad. Se le está otorgando prioridad a esto mediante la creación de un nuevo marco institucional que incluye un Consejo Inter-ministerial de alto nivel para garantizar los derechos del niño en Chile, y un Defensor del Niño.

La reforma apuntó a la necesidad de una educación inclusiva y también aborda temas para garantizar el derecho a la educación para las niñas y niños indígenas, migrantes y refugiados. Me complació visitar el Liceo de Hombres en Antofagasta, donde actualmente estudian tanto niñas como niños, y el cual constituye un ejemplo excelente de educación inclusiva, con un número mayor de extranjeros que nacionales matriculados y con programas de integración y técnicas pedagógicas más creativas.
 
Los cambios en la percepción cultural son importantes para construir una nueva sociedad integrada que no estigmatice el pluralismo y la inclusión. La Ley sobre Formación Ciudadana en los establecimientos educacionales, tal como se mencionó anteriormente, reconoce la necesidad de promover la responsabilidad social y cultural, y espero que su implementación lleve también a programas para promover las lenguas y culturas indígenas. 

Poner término al lucro en la educación debe abarcar todo el sistema educacional y a todos los proveedores de educación. Como muchos proveedores privados buscan maximizar las utilidades provenientes de la educación, se hace necesaria la creación de normas y reglamentaciones estrictas que controlen la acumulación de ingresos que se da en muchos establecimientos privados, especialmente mediante el cobro de aranceles. Si no se crean estas reglas, se perjudicará la accesibilidad a la educación. Las autoridades públicas pueden establecer aranceles máximos autorizados a ser cobrados por los proveedores privados, con la prohibición de aumentar tales aranceles sin autorización previa. Es también importante revisar las políticas de adquisición pública y su pertinencia a los proveedores privados en la educación. El Estado es la autoridad legítima y dispone de prerrogativas plenas para ejercer el poder de regulación abarcando todos los aspectos del sistema de educación. La educación privada se debe regular estrictamente, teniendo en cuenta, tanto los principios y normas intrínsecos al derecho a la educación, como la responsabilidad del Estado según la ley de derechos humanos.

No se debería permitir que ningún proveedor privado reduzca la educación a un negocio y la convierta en un bien de consumo. El marco regulatorio debería ser prescriptivo y prohibitivo además de punitivo, de manera que los proveedores privados cumplan la ley y no infrinjan las normas y principios del derecho a la educación. El fraude financiero y las prácticas corruptas encubiertas en la educación se deben investigar rigurosamente con transparencia y plena rendición de cuentas, y quienes se encuentren culpables de incurrir en tales prácticas deben ser llevados ante la justicia.

En mis reuniones con todas las autoridades públicas he planteado el tema de dedicar el máximo de recursos a la educación. Esta es la responsabilidad del Estado de conformidad con el marco internacional de derechos humanos, aún más porque la educación no es solamente un derecho en sí mismo, sino también esencial para el ejercicio de todos los demás derechos. Es posible diseñar políticas públicas y esquemas para que el sector empresarial asuma su responsabilidad social y contribuya a los recursos nacionales para la educación, como es el caso en diversos países.

Tengo entendido que las subvenciones a los establecimientos particulares continuarán, eliminando progresivamente el lucro en la educación a fines del año 2017. También tengo entendido que el gobierno inyectará más recursos a la educación superior, incluyendo la educación superior técnica. El gobierno tendrá que dedicar muchos más recursos a la educación para expandir la educación pública de buena calidad. Si la educación pública de buena calidad, que es responsabilidad primordial del Estado, ha de estar ampliamente disponible en forma gratuita, no existe razón por la cual un padre o apoderado querría optar por una educación privada. 

La entrega de recursos para la educación es indispensable para dar efecto pleno a la reforma. Las reformas tributarias son un paso importante en esa dirección. Al adoptar Chile un gran número de nuevas leyes sobre Educación, la creación de una ley sobre el financiamiento de la educación sería importante para asegurar que el proceso de reforma no se restrinja debido a la falta de recursos. Un marco legal para el financiamiento de la educación permitiría dedicar los recursos necesarios a la educación de forma permanente y sostenible.

Permítanme decir, antes de concluir, que la educación no es un privilegio de los ricos y adinerados. Debemos apoyar los esfuerzos realizados por Chile para cambiar el actual sistema de educación y plantar la semilla del cambio cultural que claramente identifica a la educación como un derecho humano y ya no como un bien de consumo. La educación es un derecho inalienable de toda niña y niño. La comunidad internacional, las Naciones Unidas y todos nosotros no deberíamos perder la oportunidad de apoyar los actuales esfuerzos encomiables de Chile hacia la realización efectiva del derecho a la educación. Se deberán mantener en primera línea los principios de justicia social y equidad para conseguir que las reformas impulsadas ayuden a construir un Chile mejor para las generaciones presentes y futuras.
 
Muchas gracias.