Europa/inmigración: El acuerdo policial de cinco países agrava la crisis y pone en peligro a inmigrantes vulnerables -- Zeid

GINEBRA (25 de febrero de 2016) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó el martes su grave preocupación por las medidas de seguridad adoptadas en la reciente reunión de jefes de policía de cinco países europeos*, que ya ejercen una repercusión negativa sobre los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes en Europa Central y Meridional, y están agravando la situación excepcionalmente difícil que existe en Grecia.

“En la estela de la adopción de esas medidas la semana pasada, el trato que reciben los refugiados y los inmigrantes que transitan por algunos de esos países parece estar cambiando, con graves consecuencias adversas para sus derechos humanos”, afirmó Zeid. “Los últimos informes sugieren que se están produciendo deportaciones continuas a lo largo de la ruta terrestre de los Balcanes, que pasa por Austria, Eslovenia, Croacia, Serbia y la ex República Yugoeslava de Macedonia, en dirección a Grecia. Además, se ha informado que cientos de afganos quedaron retenidos durante cinco días en condiciones abyectas en la frontera entre la ex República Yugoeslava de Macedonia y Serbia, y a muchos otros se les negó la autorización para pasar de Grecia a la ex República Yugoeslava de Macedonia, al parecer únicamente a causa de su nacionalidad”.   

El Alto Comisionado lamentó también que, según los informes recibidos, determinadas autoridades denegaran la entrada a cualquier persona que llegase a sus fronteras, si no llevaba consigo los documentos estipulados en el acuerdo.

“El que una persona posea o no determinado documento no determina si es o no un refugiado”, dijo Zeid. “Existen muchísimas razones para que un refugiado tenga que huir de su país sin llevar documentos de viaje válidos. La falta de un documento nunca debe ser motivo para denegar el acceso a un procedimiento de asilo”.

“Comprendo el reto que afrontan las autoridades de algunos países europeos, que tratan de gestionar un gran número de inmigrantes que llegan a su territorio o que transitan por él, y realmente son de agradecer los esfuerzos que realicen para mejorar la gestión de esa situación”, declaró Zeid. “Pero este acuerdo extraordinario de jefes de policía establece en cinco Estados una política con medidas que parecen incompatibles con las obligaciones de derechos humanos de los países en cuestión, que están todos sujetos al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho que ampara a los refugiados”.  

“En particular, me preocupa que el acuerdo parece autorizar la expulsión colectiva de personas de otra nacionalidad, un acto explícitamente prohibido en el derecho internacional”, dijo Zeid. 

La prohibición de la expulsión colectiva otorga a cada extranjero el derecho a un examen individualizado de todos los argumentos empleados contra la decisión de expulsarlo. Esa prohibición representa una importante garantía de debido proceso para prevenir las expulsiones arbitrarias de personas de otra nacionalidad. Un elemento integral del derecho a protegerse de una expulsión colectiva y del derecho a acceder a un remedio eficaz, es que la expulsión se suspende hasta que se determina en última instancia que cumple con las normas del derecho internacional de los derechos humanos.

El acuerdo, esbozado en la “Declaración conjunta de los jefes de servicios de policía” de los cinco países, que se publicó el 18 de febrero, parece que autoriza el uso de perfiles policiales y la limitación de la “entrada por razones humanitarias”, por el simple motivo de su nacionalidad y de que posean o no documentos de identificación, y no sobre la base de una evaluación individual de si la persona necesita o no asilo o alguna otra forma de protección internacional de sus derechos humanos.

El acuerdo establece criterios sumamente estrictos para autorizar la entrada al país –“que huyan de la guerra”—sin mencionar el concepto de “persecución”, que es un criterio decisivo para reconocer la condición de refugiado, en virtud de la Convención del Refugiado de 1951, su Protocolo de 1967 y el derecho internacional pertinente. Esta interpretación restringida parece invalidar también cierto número de otras razones jurídicas, según las cuales se puede autorizar la entrada de una persona en el territorio de otro Estado (por ejemplo, según las circunstancias, por motivo de reunificación familiar), en virtud del derecho internacional y europeo de los derechos humanos.  

“Lo que es alarmante, habida cuenta del deber primordial de la policía de proteger a las personas, es que en el acuerdo no figuran medidas para proteger a estos individuos tan vulnerables –mujeres, niños y hombres que se desplazan-; por ejemplo, ni siquiera se mencionan medidas especiales de protección para personas que podrían correr un riesgo cierto de padecer violaciones de derechos humanos, tales como los niños, las personas discapacitadas, los miembros del colectivo LGBT, los ancianos, las víctimas de la tortura, de la violencia de género o del tráfico de seres humanos”, dijo Zeid. “En vez de eso, el acuerdo parece ocuparse únicamente de aplicar limitaciones estrictas de entrada a las personas que viajan por la llamada Ruta Terrestre de los Balcanes y estipular cláusulas para el ‘traslado supervisado de migrantes’, sin otorgar las salvaguardas suficientes”.

La adopción de estas medidas policiales se produjo tras el anuncio del gobierno de Austria de que limitará tanto el número de refugiados que aceptará en 2016 como el número de personas que autorizará a transitar por el país.  

“Estas medidas agravan el caos y el sufrimiento a lo largo de toda la ruta, y especialmente en Grecia, país que ya está saturado. El cierre de fronteras más al norte ejerce una enorme presión sobre un país muy necesitado de ayuda. Estas medidas podrían acarrear consecuencias imprevistas y devastadoras para Grecia y para el nutrido contingente de personas que ya están en su territorio. Exhorto a los cinco países que suscribieron el acuerdo la semana pasada a que vuelvan a examinar con sumo cuidado la estrategia de sus fuerzas de policía y la ajusten plenamente al derecho internacional”.

El Alto Comisionado destacó las reiteradas peticiones formuladas a la Unión Europea por el organismo de las Naciones Unidas para los refugiados, ACNUR, y por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, para que ponga fin a la continua restricción de los derechos humanos de refugiados y migrantes.

Zeid instó a la Unión Europea y a otros países europeos a que “adopten medidas para combatir la mitificación, el estereotipo, el racismo y la xenofobia que han distorsionado y politizado el debate migratorio, y han socavado los esfuerzos para dirigir los movimientos de refugiados y migrantes de una manera racional, que a la vez proteja sus derechos y alivie las dificultades de gestión que afronta Europa en su conjunto”.

FIN

* Austria, Croacia, la ex República Yugoeslava de Macedonia, Serbia y Eslovenia.

El manual Principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales, publicado por el ACNUDH, (2014) está disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf

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