Día Mundial de la Alimentación

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, ha emitido el siguiente comunicado con motivo del Día Mundial de la Alimentación, celebrado el 16 de Octubre de 2008.


Necesitamos un nuevo sistema de producción para afrontar la crisis alimentaria global, afirma el experto de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación

La persistente violación del derecho a la alimentación de centenares de millones de personas en el mundo tiene su fuente en un sistema de producción obsoleto e inadecuado, más que en la cantidad de alimentos disponibles actualmente. “La solución se sitúa en un enfoque de derechos humanos”, asegura el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter.

La situación del hambre en el mundo es alarmante. Como resultado de la crisis actual, más de 100 millones de personas se han visto abocadas a la extrema pobreza. Hoy 925 millones de personas pasan hambre en el mundo, produciéndose así un incremento en los 848 millones del período 2003-2005. El progreso hacia la consecución del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, erradicar la extrema pobreza y el hambre, está en retroceso en todas las regiones.

Pese a que los precios de los alimentos en los mercados internacionales han descendido desde que en Junio alcanzasen su punto más alto, cuando los niveles se encontraban un 64 por ciento por encima de los de 2002, los precios en los mercados locales se mantienen aún en niveles históricamente altos.

En muchos países, particularmente aquellos en desarrollo e importadores netos de alimentos, el crecimiento brutal de los precios en 2007 y en la primera mitad de 2008 tuvo serios efectos sobre las familias más pobres. Estas familias han reducido la cantidad de alimentos que consumen, empobreciendo sus dietas, las cuales no cuentan con los micronutrientes necesarios para el desarrollo de los niños. Han recortado igualmente sus presupuestos escolares y sanitarios, lo que ocasiona un daño irreparable en la salud y en la educación de millones de niños. Además, muchos deben vender sus activos productivos- tierras o instrumentos de labranza- que les llevará tiempo recuperar.

Pero hay una esperanza en esta crisis. Si se hace ahora una elección correcta, el impacto puede ser incluso beneficioso ya que ofrece a los gobiernos y agencias internacionales la oportunidad de aprender de lo ocurrido.

Lo que esta crisis ha demostrado es que la lucha contra el hambre en el mundo no debe ser confundida con la lucha por aumentar la producción, ni con los intentos por reducir los precios globales por cualquier medio. Por supuesto, la demanda de productos agrícolas está incrementando y el cambio climático amenaza la capacidad de alimentarse de regiones enteras. Este es un reto que debemos afrontar. Los altos precios han tenido un impacto severo sobre los más pobres, para los cuales constituye un impuesto regresivo, ya que son ellos quienes dedican la mayor parte de su presupuesto familiar a la compra de alimentos.

Pero el reto real se halla en otra parte: no sólo en el incremento de producción, sino en asegurar que dicho incremento haga aumentar los ingresos de aquellos que más lo necesitan -pequeños productores que a duras penas viven de sus cosechas, trabajadores sin tierra y pescadores. Esto significa no sólo mantener los precios a un nivel asequible, sino reducir la brecha existente entre los precios pagados a los productores y los precios pagados por el consumidor, para que la reducción del impacto de los altos precios sobre los más pobres no se haga en detrimento de los pequeños productores, que constituyen la mayoría de aquellos para los que el suministro de alimentos es hoy inseguro.

Situar la búsqueda de soluciones a la crisis alimentaria en el derecho a la alimentación significa que los gobiernos tendrán que tomar en cuenta las necesidades de la población más vulnerable: las iniciativas públicas deben asegurar que las soluciones adoptadas benefician a esta población, más allá del simple incremento de la cantidad de alimentos disponibles para aquellos que pueden pagarlos.

Las soluciones pueden encontrarse en dar respuesta a las necesidades tanto de los pequeños agricultores como de los pobres en centros urbanos: estos dos grupos de víctimas no deberían ser vistos como grupos con intereses contrapuestos, sino como dos grupos que necesitan ser ayudados mediante estrategias conjuntas.


Los pequeños productores deben ser apoyados mediante el refuerzo de su capacidad de producción, y al mismo tiempo deben ser protegidos de las consecuencias de la volatilidad de los precios internacionales y del riesgo de una competencia desleal de los productores agrarios de países industrializados, que se benefician de importantes subsidios gubernamentales. Otras medidas incluyen el fortalecimiento de su capacidad para negociar los precios con las grandes compañías de alimentos que imponen sus precios sobre los productores; favorecer formas de producción agraria respetuosas con el medioambiente; y emplear insumos menos dependientes del precio del petróleo o de las compañías propietarias de variedades de plantas patentadas.

Los pobres de las zonas urbanas deberían recibir ayuda de redes de seguridad social, mediante programas de trabajo por alimentos, o trabajo por transferencias en efectivo, los cuales incrementarían su poder adquisitivo y les ayudaría a afrontar periodos de altos precios.

Estos grupos tienen derecho a ser protegidos de la volatilidad de los precios internacionales: por una parte, la intervención estatal en el almacenaje de reservas de alimentos, su obtención y distribución, y por otra parte, la protección de los productores locales frente a la llegada masiva de productos agrícolas importados, proteger mejor a los mercados locales de la imprevisible y frecuente irracionalidad de los mercados globales.

La diaria y masiva violación del derecho a la alimentación tiene su fuente, no en la producción insuficiente de alimentos sino en un sistema de producción de alimentos cuyas limitaciones son ahora evidentes. Un nuevo sistema debe ser puesto en marcha, construyéndolo sobre las ruinas del viejo sistema.

Debemos considerar el derecho a la alimentación como una brújula que nos ha de guiar en esta empresa. El derecho a la alimentación requiere una coordinación de iniciativas a nivel nacional e internacional. Las implicaciones institucionales del reconocimiento del derecho a la alimentación, como un derecho humano reconocido en el derecho internacional, pueden ser la clave para combatir el hambre, favoreciendo el establecimiento de mecanismos de recurso contra aquellos gobiernos que violan sus obligaciones respecto al derecho a la alimentación; reforzando los derechos de los trabajadores agrícolas o los derechos de las mujeres al acceso a los recursos productivos en igualdad de condiciones, y afirmando las responsabilidades de las compañías con respecto al derecho a la alimentación.

Debemos defender el derecho a la alimentación ahora. Este es el primer paso para hacerlo realidad.