Skip to main content

Comunicados de prensa Procedimientos Especiales

Experta independiente de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza culmina su visita al Ecuador

14 noviembre 2008



14 de noviembre de 2008

QUITO -- La Experta Independiente de Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza, Magdalena Sepúlveda Carmona, concluye su visita a Ecuador realizada entre los días 10 y 14 de noviembre 2008.

La experta agradece al Gobierno Ecuatoriano por la invitación y la plena colaboración durante su visita. La experta también agradece al Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador, en especial al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) por el excelente apoyo prestado en la organización de su visita.

Durante su visita, la Sra. Sepúlveda se reunió con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, los Viceministros de Coordinación de Desarrollo Social y de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, representantes del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y de la Dirección General de Derechos Humanos y Asuntos Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. La experta también se reunió con el Defensor del Pueblo, la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU), el Secretario Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE), y representantes del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) y de la Alcaldía de Guayaquil.

Asimismo, la experta se reunió con numerosas organizaciones de la sociedad civil de todo el país, incluyendo representantes de organizaciones de derechos humanos y de movimientos sociales afroecuatorianos, indígenas, de mujeres y minorías sexuales. La experta también tuvo reuniones con representantes de las agencias, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, de agencias de cooperación internacional, embajadas acreditadas y del sector académico.

Además de la capital, Quito, la Sra. Sepúlveda visitó la comunidad de Curingue en la parroquia de Guangaje, en la provincia de Cotopaxi, y el barrio Batalla de Tarqui, en la ciudad de Guayaquil, y se reunió con grupos de personas que viven en estas comunidades.

La experta agradece a todos los representantes gubernamentales y no gubernamentales por su tiempo y colaboración.

La experta toma nota con reconocimiento que la nueva Constitución ecuatoriana incorpora una amplia gama de derechos humanos y garantías constitucionales para su protección. Reconoce además los esfuerzos que se están desplegando en el país para ir plasmando dichos derechos en la realidad.

La experta acoge con complacencia que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 busca promover la generación de mecanismos jurídicos que permitan la exigibilidad y plena aplicación de los derechos humanos, es decir, de los derechos civiles, económicos, culturales, políticos y sociales. Desde esta perspectiva, la experta toma nota, de manera especial, de la promoción de la gratuidad y universalidad en el acceso a la educación pública y servicios de salud, así como su mejoramiento rápido y sustancial. Así también, se reconoce en dicho Plan la consolidación de un sistema de protección social universal y el acceso a una vivienda digna.

La experta aplaude la incorporación del principio de no discriminación en la planificación estatal, con el cual se tiene por objetivo la eliminación de toda forma de discriminación, exclusión o subordinación por opción sexual, género, raza, edad, situación geográfica, condición social discapacidad o creencias, entre otros.

A pesar del marco normativo favorable, la experta considera alarmante que, de acuerdo a las estadísticas más optimistas, cerca de 38% de la población ecuatoriana viva en situación de pobreza y 12% en situación de extrema pobreza II Informe Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Alianzas para el Desarrollo, Ecuador, 2007.. Aunque la experta reconoce que el Estado ha incrementado el gasto (inversión) en los sectores sociales, se constata que estos avances solo le han permitido corregir parcialmente el gran rezago en que se encontraba el país. El Ecuador continúa situándose entre uno los países de América Latina con menor gasto social por persona y con una alta tasa de desigualdad en la distribución del consumo.

Durante su visita a las comunidades, la experta pudo observar directamente las terribles condiciones de vida y la falta de ejercicio pleno de los derechos humanos por parte de las personas que viven en extrema pobreza tanto en zonas rurales como urbanas. A estas personas se les niega el disfrute de varios derechos, tales como el derecho a la salud, educación, vivienda y alimentación adecuadas, agua y a un nivel de vida adecuado.

Entre los varios programas sociales dirigidos a las personas que viven en extrema pobreza, la experta observó con especial atención el programa Bono de Desarrollo Humano (BDH). Se acoge con complacencia que el Estado reconoce como un derecho de la ciudadanía el recibir transferencias en efectivo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010.. La experta reconoce que, desde su creación, el programa ha sido perfeccionado y ampliado en cobertura y monto. Desgraciadamente, todavía existe un alto grado de incertidumbre y temor entre los titulares respecto al disfrute de dicho derecho.

Asimismo, se miran con satisfacción, los esfuerzos del Estado por integrar gradualmente al programa una oferta más amplia de prestaciones sociales y mejorar la focalización. Sin embargo, mayores esfuerzos son necesarios para perfeccionar el BDH. Estas medidas deberán ser implementadas en el menor tiempo posible.

El Gobierno deberá tomar todas las medidas necesarias para coordinar e integrar todos los programas sociales y la inversión social, para permitir a las familias receptoras del BDH superar su situación de pobreza e indigencia.

El Estado tiene grandes desafíos por delante. Por una parte, debe dar cumplimiento al mandato constitucional y asegurar el pleno disfrute de todos los derechos y garantías previstas en él, así como en los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado. Por otra parte, tiene que responder a los desafíos impuestos por circunstancias económicas globales. En este sentido, el Estado está obligado a que las políticas públicas en materia social garanticen de manera inmediata el respeto, la protección y el ejercicio por lo menos de mínimos esenciales de derechos tales como una vida digna, que tenga en cuenta alimentación y vivienda adecuadas, el derecho a la salud y educación, y que se aumente progresivamente su cobertura, calidad, disponibilidad y mecanismos de participación. La experta considera que cualquier retroceso injustificado sería contrario a las obligaciones de derechos humanos.

El Estado deberá asegurar los recursos fiscales –su asignación y ejecución efectiva- para dar cumplimiento a los programas sociales, con base en las normas constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos, el respeto irrestricto a las diferencias culturales y de género y adoptando medidas afirmativas a favor de los grupos de atención prioritaria y demás grupos desaventajados y marginados en la sociedad.

Asimismo, el Estado deberá asegurar la participación ciudadana en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los programas sociales para lo cual deberá promover las condiciones que permitan una participación informada y efectiva en las decisiones y en el control de las instituciones públicas y las políticas sociales. La reducción de la pobreza y las desigualdades no será posible sin contar con la plena participación ciudadana, tanto individual como colectiva. Especial atención ha de prestarse a las normas previstas en la constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos sobre la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
La experta independiente elaborará un informe con las conclusiones de su visita, que será presentado a la décima primera sesión del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2009.

VER ESTA PÁGINA EN: