COMUNICADO

Santiago de Chile, 23 de julio 2004


El Representante Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Roberto Garretón, manifestó su inquietud por la presentación del Gobierno de Panamá a la Asamblea Legislativa de un proyecto de reforma al régimen de responsabilidad penal de adolescentes.

Entre las medidas propuestas, el proyecto intensifica las penas para niños y adolescentes; considera poder aplicar a los menores de edad las mismas penas que a los adultos, incluyendo penas privativas de libertad de hasta 20 años para ciertos delitos, así como penas de prisión obligatorias sin posibilidad de discreción judicial.

Preocupa al Representante Regional que se justifique la iniciativa, en un supuesto aumento de crímenes violentos cometidos por adolescentes. En efecto, el informe del Gobierno presentado recién en diciembre de 2003 al Comité sobre los Derechos del Niño expresa que las “estadísticas recogidas en la última década muestran que la delincuencia juvenil no es la más grave”. En consecuencia, no se sostiene el actual argumento que al castigar tan duramente a los adolescentes se resolverá el problema de violencia social. Así como lo recogió el Comité de los Derechos del Niño al analizar el informe en Junio de 2004 recomendando al Estado modificar su legislación en materia de justicia juvenil en consonancia con la Convención y establecer un programa de reintegración y rehabilitación tras los procesos judiciales.

Las medidas propuestas por el Gobierno ponen en peligro los derechos de los niños y adolescentes que la Convención de los Derechos del Niño, de la que Panamá es parte, busca proteger, y conculca directamente las obligaciones del Estado parte al no acoger las recomendaciones del Comité. La realidad en un gran número de países ha demostrado que las políticas de “mano dura”, no solo no resuelven sino que agravan la violencia. Toda política penal, especialmente la dirigida hacia los niños, debe privilegiar el rol rehabilitador del menor de edad por sobre el punitivo.

Por consiguiente, el Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, insta al Estado y a la sociedad panameña a recapacitar, para evitar un retroceso en el respeto a los derechos humanos y buscar medidas más efectivas para combatir la violencia, como son todas aquellas tendientes a una mayor justicia social, y la apertura de oportunidades para el desarrollo pleno de niños, niñas y adolescentes.