ACDH FELICITA A PERU Y LE INSTA PARA QUE CONTINUE DANDO PASOS HACIA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS ORGANOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

3 Febrero de 2003



El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Sergio Vieira de Mello, ha manifestado su satisfacción por los pasos que está dando el Estado peruano para cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales que tienen como objeto de reparar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el pasado Gobierno del Presidente Alberto Fujimori. La sentencia del 3 de enero del 2003, del Tribunal Constitucional de la República del Perú, relativa a la inconstitucionalidad de diversas normas legales destinadas a combatir el terrorismo, constituye un paso inicial hacia el cumplimiento de dichas recomendaciones.

Diversas normas legales habían sido fuertemente cuestionadas por diversos órganos de las Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias luego de su visita al país en 1998, el Relator Especial sobre la Independencia de Jueces, Fiscales y abogados, el Comité de Derechos Humanos y otros, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Alto Comisionado sostiene que la lucha contra el terrorismo ha de ceñirse siempre a los principios del debido proceso y del respeto de los derechos fundamentales de los acusados, entre ellos, el derecho a la defensa, el derecho ser juzgado por un Tribunal competente, independiente e imparcial, el derecho a no ser torturado y el derecho a la presunción de inocencia. El Alto Comisionado reitera que cuando la justicia militar asume competencias sobre asuntos que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y en consecuencia, el derecho a un debido proceso. Solamente los tribunales ordinarios deben juzgar cualquier clase de delito no militar, lo que ha sido, desde hace largos años, un reclamo de los órganos internacionales de derechos humanos tanto de las Naciones Unidas como del sistema interamericano. Estos principios del Estado de Derecho también deben respetarse para los enjuiciados por los graves delitos cometidos durante las décadas de los 80 y los 90 en Perú.

El Alto Comisionado espera que el Estado peruano respete las obligaciones asumidas frente a la comunidad internacional y ante su propio pueblo a la mayor brevedad posible, tomando las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales de protección y promoción los derechos humanos. Por una parte, dictando nuevas normas acordes con los instrumentos internacionales de derechos humanos y, por otra parte, reparando las violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas que fueron procesadas bajo el imperio de la ley contraria a la Constitución del Perú y a los tratados internacionales en la materia.



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