Expresamos nuestra preocupación por los riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrentan una cifra sin precedentes de migrantes y refugiados quienes deciden cruzar el Tapón del Darién, la densa selva tropical que separa Colombia de Panamá, en su camino hacia América del Norte. En lo que llevamos de este año, más de 330.000 personas han cruzado el Tapón del Darién, la cifra anual más elevada registrada hasta la fecha. Una de cada cinco personas era un niño o niña. En comparación, se calcula que aproximadamente 248.000 personas cruzaron esta región durante todo el año de 2022.

Los migrantes y los refugiados y refugiadas están expuestos a múltiples violaciones y abusos de derechos humanos durante todo su viaje, incluyendo violencia sexual, la cual es un riesgo especialmente grave para niños y niñas, mujeres, personas LGBTI y personas con discapacidades. Se producen también asesinatos, desapariciones, trata de personas, robos, e intimidación por parte de grupos delictivos organizados.

La limitada atención humanitaria que se presta tanto en Panamá como en Costa Rica empeora las condiciones de vida ya de por sí precarias en la zona y aumenta las vulnerabilidades de las personas afectadas.

Los riesgos son aún mayores dado los peligros que entraña cruzar esta selva de cerca de 5,750 kilómetros cuadrados de extensión. En la estación seca, las personas caminan un promedio de cuatro a siete días para poder cruzar el Tapón del Darién. Durante la estación lluviosa, la cual dura nueve meses, esta travesía se puede demorar hasta los 10 días.

El Gobierno de Panamá, con el apoyo de la comunidad internacional, ha construido dos centros de acogida para migrantes en la provincia de Darién y otro más en la frontera con Costa Rica con el fin de proporcionar refugio, alimentos, atención sanitaria, además de agua y saneamiento. No obstante, el elevado número de personas que se desplazan ha puesto a prueba la capacidad de las autoridades panameñas sobre el terreno para poder seguir prestando protección y para atender a las necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes.

Comprendemos las dificultades y reconocemos los esfuerzos empleados por Costa Rica y Panamá para hacer frente a las necesidades humanitarias de las personas en el contexto de desplazamientos combinados de gran magnitud en las fronteras. Hacemos un llamamiento a los Estados para promocionar soluciones con base en los derechos humanos para los desafíos en materia de gobernabilidad de la migración y a que aseguren una gestión de las fronteras en línea con el derecho y las normas internacionales. También recordamos la necesidad de evitar las narrativas discriminatorias y contra la migración.

Para abordar los retos en materia de migración se necesita de esfuerzos y soluciones colectivos a nivel regional e internacional, y esta es la razón por la que también solicitamos a la comunidad internacional que refuerce su apoyo para los Estados de las Américas con el fin de poder atender estas deficiencias en la protección.

También animamos a los Estados de la región a que hagan frente a los factores estructurales que obligan a las personas a abandonar sus hogares y a embarcarse en desplazamientos llenos de peligros en busca de seguridad y de una vida más digna, tanto para ellas como para sus familias.