En una decisión reciente, el Tribunal Supremo de Brasil falló en favor de los pueblos indígenas en un caso en el que se planteó la posibilidad de limitar el periodo legal de reclamaciones sobre las tierras ancestrales. Este dictamen es muy alentador.

La histórica decisión, -que contó con el voto favorable de nueve de los once magistrados del Tribunal Supremo Federal (TSF)- falló en contra del argumento conocido como “marco temporal”. Según esa teoría jurídica, los pueblos indígenas que no vivían en sus tierras ancestrales en 1988, cuando se aprobó la actual constitución brasileña, no habrían podido solicitar la demarcación de sus tierras.

Limitar la demarcación según ese criterio habría tenido consecuencias sumamente graves, entre otras la de impedir que dichas comunidades pudieran regresar a sus tierras, de las que habían sido desplazadas, y la de limitar el disfrute conexo de sus derechos humanos. También hubiera agravado y perpetuado las injusticias históricas que padecen los pueblos indígenas de Brasil.

Tomamos nota del hecho de que el Tribunal Supremo todavía debe deliberar sobre la cuestión de las compensaciones que han de recibir quienes adquirieron de buena fe las tierras indígenas. Exhortamos a una rápida resolución de este asunto, pero insistimos en que esta decisión no debería impedir el acceso de los pueblos indígenas a sus tierras.

Seguimos preocupados porque en la actualidad se debate en el Congreso un proyecto de ley que trata de establecer por la vía legislativa la misma restricción temporal que acaba de ser rechazada por el Tribunal Supremo. Este proyecto de ley incluye también nuevos obstáculos al proceso de demarcación.

El ACNUDH hace hincapié en que, si bien el proceso de demarcación es fundamental, no es suficiente por sí solo para proteger de manera exhaustiva los derechos de los pueblos indígenas.

En particular, es necesario establecer un conjunto de medidas dinámicas que protejan a los pueblos indígenas de la violencia, especialmente de la violencia que practican quienes invaden sus tierras ilegalmente. Un ejemplo evidente de esa necesidad está reflejado en los actos de violencia cometidos por mineros que se establecieron de manera ilícita en el territorio de los indígenas yanomami, en el Estado de Roraima, una zona que ya había sido demarcada como tierra indígena hace más de tres decenios. 

FIN