Ecuador – Violencia en las cárceles

En vista de las graves noticias procedentes de Ecuador de que docenas de reclusos murieron en una prisión el lunes pasado, reiteramos nuestra profunda inquietud ante la violencia que periódicamente sacude a ese país.

Según las autoridades, al menos 44 personas murieron y más de una docena resultaron heridas en el motín que estalló en una cárcel de la ciudad de Santo Domingo, en el norte del país.

Según la policía, los disturbios fueron provocados por el traslado de un recluso conocido como “Anchundia”, vinculado a la pandilla R7, de la prisión de La Roca, situada en el suroeste de Ecuador, a la de Santo Domingo.

Los hechos de violencia del lunes son los últimos incidentes que han estallado en las cárceles del país. El 25 de abril, los enfrentamientos entre presos de diferentes pandillas causaron 15 muertos en la prisión de El Inca (Quito). Tres días antes, el 22 de abril, los disturbios que se produjeron en la prisión Esmeraldas 2, en la costa septentrional, se habían saldado con 12 reclusos heridos.

Estos inquietantes incidentes ponen de relieve una vez más la urgente necesidad de realizar una reforma exhaustiva del sistema de justicia penal que abarque también a las instituciones penitenciarias, con el fin de abordar una crisis que ya se ha hecho endémica en el país. De diciembre de 2020 a mayo de 2022, no menos de 390 personas han muerto en las prisiones ecuatorianas, entre ellas unos 20 reclusos que fallecieron en una cárcel del sur del país el pasado 3 de abril.

Debemos hacer hincapié en que la responsabilidad de todo Estado por la seguridad de la población reclusa genera una presunción de responsabilidad de las autoridades estatales por estas muertes y exige una investigación exhaustiva de dichos incidentes.

En febrero, el Presidente Lasso inauguró una política oficial de rehabilitación social destinada a los presos. Esta nueva política, como señalamos en su momento, se elaboró con un considerable apoyo técnico de la Oficina del ACNUDH y en consulta con una amplia muestra representativa de la sociedad ecuatoriana, incluso con familiares de los reclusos y con los mismos presos.) Exhortamos al Estado ecuatoriano a que tome medidas enérgicas y aporte los recursos necesarios para aplicar esta política.

Además, instamos al gobierno a que examine atentamente las recomendaciones prácticas encaminadas a reducir la violencia, las muertes y las lesiones graves en situaciones de reclusión, medidas que figuran en el Informe de 2019 de la Alta Comisionada para los derechos humanos relativo a la administración de justicia  (A/HRC/42/20). El gobierno debería considerar también la hoja de ruta propuesta por la Oficina del ACNUDH y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de reclusión de los ciudadanos privados de libertad y garantizar una mejor gestión de estas instituciones, incluso mediante la lucha contra la corrupción. En la hoja de ruta se recomienda además una reforma de la política penitenciaria con miras a reducir el uso excesivo de las penas de reclusión.

El ACNUDH seguirá colaborando con otros organismos de las Naciones Unidas en este ámbito, ya que mantenemos nuestro compromiso de apoyar a Ecuador para hacer frente a este urgente desafío, sobre la base de los derechos humanos y en consonancia con los criterios y la normativa internacional al respecto.