Estamos sumamente preocupados por las posibles repercusiones para los derechos humanos que puede tener el primer brote oficialmente reconocido de COVID-19 en la República Popular Democrática de Corea así como el posterior confinamiento impuesto por las autoridades. 

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), gestionada por el Estado, informó que, a fecha de 16 de mayo, 56 personas, incluyendo al menos seis niños, habían muerto de COVID-19 y que 663.910 personas estaban recibiendo tratamiento médico por fiebre alta.

En ausencia de un plan de vacunación, la propagación de la pandemia puede tener consecuencias devastadoras para la situación de derechos humanos en el país.  La RPDC cuenta con una infraestructura sanitaria muy limitada para lidiar con una crisis de esta magnitud, ya que carece de capacidad para realizar análisis, medicamentos básicos y equipo.

La RPDC cerró sus fronteras en enero de 2020 cuando la pandemia comenzó a propagarse por primera vez por todo el mundo y limitó la libertad de movimiento dentro del país, lo que resultó en un acceso restringido a alimentos, medicinas y asistencia sanitaria.  También se ha producido un aumento de la represión de los derechos civiles y políticos durante este período, la cual incluyó una medida autorizando el uso de fuerza letal contra personas que intentaran abandonar o entrar en el país, además de sanciones más severas por acceder a información independiente proveniente de fuera de la RPDC.

Las últimas restricciones, las cuales incluyen someter a personas a un aislamiento más estricto e imponer restricciones más severas para viajar, tendrán consecuencias nefastas para aquellas personas que ya tienen dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, incluso para conseguir alimentos suficientes para comer.  Los niños, las madres lactantes, las personas mayores, las personas sin hogar y aquellos que viven en zonas rurales y fronterizas más aisladas son especialmente vulnerables.  Las personas detenidas están especialmente expuestas al riesgo de contagio debido a las grandes concentraciones de personas que existen en espacios confinados y al acceso limitado a higiene y asistencia sanitaria.  La desnutrición estaba ya muy extendida en los centros de detención antes de la aparición de la COVID-19.

Apelamos a las autoridades de la RPDC a que garantice que todas las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia son necesarias, proporcionadas, no discriminatorias, tienen una duración limitada, y cumplen de forma estricta con la legislación internacional de derechos humanos.  Hacemos un llamamiento a las autoridades a que evalúen el impacto que tiene cualquier medida para las poblaciones vulnerables, teniendo en cuenta la experiencia previa en otros lugares a la hora de abordar la pandemia de forma efectiva, así como a mitigar cualquier consecuencia negativa poniendo en práctica políticas públicas responsables y designando suficientes recursos estatales.

Una respuesta adecuada a la COVID-19 exige solidaridad y cooperación entre los Gobiernos y la comunidad internacional.  La Alta Comisionada ha instado previamente a la comunidad internacional a relajar las sanciones con el fin de permitir ayuda humanitaria y ayuda urgente relacionada con la COVID.  Animamos a la RPDC, con carácter de urgencia, a estudiar con las Naciones Unidas la apertura de canales para facilitar el apoyo humanitario, incluyendo medicinas, vacunas, equipamiento y demás apoyo vital.  También instamos a las autoridades a facilitar la vuelta a la RPDC del personal de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales para que colaboren con la prestación de ayuda, incluyendo a poblaciones vulnerables y a aquellas personas que viven en zonas rurales y fronterizas.