MONTEVIDEO (26 de mayo de 2023) - El Gobierno de Uruguay ha tomado medidas importantes para abordar la venta, la explotación y el abuso sexual de menores, pero se necesita un planteamiento más integral y concreto para atacar las causas profundas de estas prácticas, dijo hoy una experta de las Naciones Unidas.

"A pesar de ciertos avances, el cuidado de los niños, niñas y adolescentes sigue estando fragmentado", afirmó en un comunicado Mama Fatima Singhateh, la Relatora Especial de la ONU sobre la venta, la explotación y el abuso sexual de niños, al término de una visita de once días al país.

La Relatora instó al Gobierno a adoptar una estrategia integral, centrada en los menores, con una perspectiva de derechos, que permita el abordaje de los traumas sufridos y sea sensible a las cuestiones de género para combatir y erradicar los fenómenos de la venta, la explotación y el abuso sexual de menores, así como a ejecutar una coordinación intersectorial eficaz que se centre en la cohesión estructural, fortalezca las instituciones, asigne recursos adecuados, promueva la participación de los menores y establezca objetivos a corto y largo plazo con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

Singhateh celebra los esfuerzos del Gobierno por establecer un marco jurídico sólido para la protección de los niños, niñas y adolescentes que prevé la creación de un sistema sofisticado de protección de la infancia, así como iniciativas encomiables como el proyecto Travesía y el Consejo Asesor y Consultivo del Directorio del INAU.

"Los organismos y los prestadores de servicios de protección infantil están desbordados y su capacidad para recibir y apoyar a los menores se ve sobreexigida", afirmó la experta de la ONU. "Esto podría poner en peligro los avances logrados hasta ahora y aumentar el riesgo de revictimización de los menores víctimas y sobrevivientes".

La Relatora Especial instó a Uruguay a promover una estrategia más coordinada y sostenible en la aplicación del marco jurídico y los protocolos existentes para garantizar la protección de todos los niños, niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes, sin discriminación, y permitir una mejor coordinación y optimización de los recursos.

"La explotación y el abuso sexual de menores son extremadamente comunes en el país y están normalizados social y culturalmente", afirmó Singhateh, y señaló la existencia de una gran cantidad de parejas entre niñas y adolescentes y hombres adultos, y de abusos y violencia intrafamiliares. "La educación sexual en las escuelas puede cumplir un papel fundamental para informar a los niños, niñas y adolescentes sobre los riesgos inherentes a las relaciones sexuales, la autonomía corporal y el embarazo precoz", afirmó.

La experta señaló que la lentitud del proceso de investigación y las demoras en el procesamiento y resolución de los casos alimentan la percepción de impunidad que siguen teniendo algunos presuntos autores, y no permiten apoyar y rehabilitar eficazmente a los niños, niñas y adolescentes víctimas y sobrevivientes, a sus familiares y testigos de la venta y la explotación sexual.

La Relatora Especial instó al Gobierno a abordar, como estrategia de prevención, los factores que aumentan la vulnerabilidad a estas prácticas, como la desigualdad de género, la pobreza, todas las formas de discriminación, la persistencia de ciertas normas sociales, la incitación a cualquier tipo de actividad sexual, especialmente a través de Internet y de las redes sociales, la demanda constante del mercado de la industria del sexo, el trabajo infantil, la exclusión social, el abandono escolar, y el abuso físico y sexual en el seno de las familias.

Durante su visita, Singhateh se reunió con representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, autoridades locales y municipales, organismos de la ONU, sociedad civil, responsables de la protección de la infancia, educadores, trabajadores sociales, psicólogos, miembros del sector privado y del mundo académico, comunidades locales y con niños, niñas y adolescentes. Viajó a Montevideo, Paysandú y Chuy.

La experta de la ONU presentará su informe al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2024.