Resumen

En el presente informe, el Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd, expone las convincentes pruebas de que un proceso secretista de arbitraje internacional denominado solución de controversias entre inversionistas y Estados se ha convertido en un serio obstáculo a la adopción de las urgentes medidas necesarias para responder a las crisis climática y de los derechos humanos a que se enfrenta el planeta. Hay inversionistas extranjeros que utilizan el proceso de solución de controversias para reclamar indemnizaciones exorbitantes a los Estados que amplían la protección del medio ambiente, y las compañías mineras y del sector de los combustibles fósiles ya han obtenido más de 100.000 millones de dólares en indemnizaciones en virtud de laudos. Esos casos provocan un “enfriamiento normativo”. El Relator Especial señala medidas concretas que los Estados tienen que adoptar para evitar futuras demandas en el marco del proceso de solución de controversias entre inversionistas y Estados y poder cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.