ACNUDH – Oficina Regional para América del Sur

Perfil

Creada en 2009, la Oficina Regional para América del Sur colabora con las instituciones estatales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones regionales e internacionales y las Naciones Unidas a fin de fortalecer las capacidades de estas instancias para promover y proteger todos los derechos humanos. Actualmente, la Oficina establece convenios de trabajo con los Gobiernos y otras entidades para el nuevo período de planificación 2018-2021 en siete países a fin de proporcionar asistencia técnica en la elaboración de leyes y políticas, así como formación y capacitación en todas las esferas temáticas.

La Oficina desplegó asesores nacionales de derechos humanos para apoyar a los coordinadores residentes de las Naciones Unidas en todos los países.

Logros

• La Oficina Regional constituye cada vez más una referencia clave y proporciona asistencia técnica para la incorporación de las normas de derechos humanos en la legislación y las políticas a diversos encargados de la adopción de decisiones, como los parlamentos, los Gobiernos y otras instituciones públicas (el poder judicial, los fiscales, las defensorías de oficio, las instituciones nacionales de derechos humanos y los mecanismos nacionales de prevención) en una amplia variedad de cuestiones, entre otras, los derechos de los pueblos indígenas, las personas privadas de libertad, el uso de la fuerza, los derechos de los migrantes, la libertad de reunión y la libertad de expresión, y las repercusiones que tiene para los derechos humanos la pandemia de COVID-19.
• La Oficina ha llevado a cabo actividades de vigilancia más sistemáticas sobre cuestiones como la violencia policial en el marco de protestas y conflictos sociales y en el contexto de la aplicación de restricciones relacionadas con la COVID-19, los ataques a los defensores de los derechos humanos y la situación de las personas en movimiento.
• La Oficina ha fortalecido la relación entre los mecanismos internacionales de derechos humanos y los Estados, así como la sociedad civil. Las medidas de fomento de la capacidad en la esfera de las normas internacionales se han centrado en diferentes grupos de destinatarios: el poder judicial (Ecuador), las defensorías de oficio y los legisladores (Uruguay, Chile), y los defensores y observadores de los derechos humanos (Chile).
• La Oficina subrayó que apoya a los defensores de los derechos humanos en diversos contextos (como protestas, la defensa de la tierra y el territorio, etc.). Cabe destacar la organización de un foro regional centrado en la situación particular de los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medioambiente, las dificultades que entraña su protección y las prácticas óptimas.
• La Oficina desempeña una función destacada en la promoción del programa relativo a las empresas y los derechos humanos en la subregión. Después del Foro Regional sobre las Empresas y los Derechos Humanos celebrado en 2020, la mayor reunión anual de América Latina y el Caribe sobre este tema, se promovió la implicación regional y se redobló el apoyo a los planes de acción nacionales (PAN) y a las políticas al respecto en Argentina, Brasil, Chile (países que examinaron su primer PAN e iniciaron el proceso para su actualización), Perú (cuyo primer PAN está aún en fase de desarrollo) y Ecuador (se ha iniciado el proceso para su primer PAN).
• En el contexto de la COVID-19, la Oficina fue pionera en propiciar la colaboración regional de los mecanismos nacionales de prevención para responder a la pandemia y creó redes efectivas con expertos sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Asimismo, elaboró un documento para promover la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos por distintas instituciones a fin de reducir el hacinamiento en las cárceles durante la pandemia mediante la puesta en libertad de algunos grupos de prisioneros atendiendo a su vulnerabilidad (por ejemplo, prestando apoyo a cambios en la legislación y las políticas del Perú, Argentina y Brasil). La Oficina también colaboró con las instituciones pertinentes de todos los países para lograr la plena inclusión de los pueblos indígenas en la respuesta sanitaria y humanitaria durante la pandemia, así como en los planes de recuperación.

Asociados y donantes

Asociados: Centros de investigación y equipos de las Naciones Unidas de siete países, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Gobiernos, parlamentos y poder judicial, instituciones nacionales de derechos humanos, numerosas organizaciones de la sociedad civil y universidades.

Donantes: España, fondo fiduciario del EPU, fondo fiduciario con múltiples donantes.

Esferas de interés de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos

Última revisión: diciembre de 2020