Antecedentes

Tradicionalmente, la vejez se ha asociado a la fragilidad, la vulnerabilidad y el deterioro mental y cognitivo. Aunque la vulnerabilidad suele ser la base de la protección frente al abuso y la explotación, los grupos etiquetados como vulnerables también pueden sufrir discriminación y exclusión adicionales. Cuando se considera que las personas de edad son intrínsecamente débiles y vulnerables, se les puede privar erróneamente de sus derechos a ejercer su capacidad jurídica, vivir de forma autónoma y dar su consentimiento informado.

La Experta Independiente ha alertado en informes anteriores sobre los riesgos a los que se enfrentan las personas de edad a la hora de ejercer su capacidad de elección y jurídica y ha reiterado la conclusión del análisis de los expertos sobre la inadecuación del marco jurídico internacional existente para abordar estas cuestiones. Los informes de la Experta Independiente incluyen varios ejemplos de privación de la capacidad jurídica de las personas de edad o de anulación oficiosa de sus voluntades y preferencias, especialmente en entornos asistenciales, como por ejemplo mediante la institucionalización forzosa y cuando el apoyo se presta a través de medios tecnológicos. El mandato también aclara que la privación del poder de decisión puede constituir una forma de abuso emocional.

Para garantizar los derechos humanos en la vejez, hay que superar los estereotipos y prejuicios de que las personas de edad son menos dignas y menos capaces. Conservar el control sobre las decisiones de la vida cotidiana afecta al disfrute de todos los demás derechos humanos; el derecho a elegir dónde y con quién vivimos, cómo gastamos nuestro dinero, cómo empleamos nuestro tiempo y con quién nos relacionamos, entre otros. Por otra parte, la negación de la autonomía se asocia a la pérdida de los derechos civiles básicos y la libertad de que disfrutan los adultos. Por ello, los estudios recientes y la interpretación de las normas de derechos humanos han dado prioridad a la autonomía como fundamento de los derechos humanos en la vejez.

Objetivos

La Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad, Dra. Claudia Mahler, centrará su próximo informe temático en la capacidad jurídica y el consentimiento informado de las personas de edad. El informe se presentará en la 57th sesión del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2024.

En este informe, la Experta Independiente examinará los derechos humanos de las personas de edad que se ven privadas de capacidad jurídica y de la posibilidad de dar su consentimiento informado, así como las causas subyacentes de la restricción de estos derechos en la vejez. El informe hará balance de las leyes y políticas que abordan las cuestiones de la autonomía en la toma de decisiones, la capacidad jurídica y el consentimiento informado de las personas de edad, incluidas las medidas vigentes para ayudar a las personas de edad a conservar su capacidad jurídica e impugnar las decisiones que las privarían de ella. El informe también explorará la tensión entre protección y autonomía que impregna el discurso sobre los derechos de las personas de edad, y se basará en las normas existentes para examinar cómo el derecho a la capacidad jurídica y el consentimiento informado pueden entenderse y aplicarse en el contexto de la vejez.

La Experta Independiente abordará la cuestión desde una perspectiva interseccional, al explorar las interacciones con otros factores sociales como el género, el sexo, la raza, la etnia, la lengua, la identidad indígena, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la condición social, el lugar de origen y la situación migratoria.

El objetivo del informe es ofrecer un catálogo de buenas prácticas aplicadas por los gobiernos, así como un análisis de las lagunas del marco existente y de los retos a los que se enfrentan las partes interesadas.

Preguntas clave y tipos de contribuciones/comentarios solicitados

Marcos jurídicos, políticos e institucionales

Identifique los marcos jurídicos, los planes y las políticas nacionales existentes y previstos. Si procede, facilite información detallada y los documentos pertinentes.

1. ¿Existe una legislación nacional o un marco político que aborde las cuestiones relativas a la autonomía en la toma de decisiones, la capacidad jurídica y el consentimiento informado de las personas de edad?
   1. En caso afirmativo, ¿cuál es el alcance de estas disposiciones?
   2. ¿En qué medida las personas de edad participaron de forma significativa en el desarrollo y perfeccionamiento de estos marcos?
2. ¿Permite la legislación nacional la privación de la capacidad jurídica, la tutela (u otras formas de sustitución en la toma de decisiones) y/o el tratamiento o internamiento involuntarios, por ejemplo, en centros sanitarios y asistenciales, sólo por motivos de edad o en combinación con otros motivos?
   1. ¿En qué circunstancias/qué tipo de evaluación o criterios se utilizan?
3. ¿Existen leyes nacionales que establezcan el derecho a la toma de decisiones con apoyo para las personas de edad y medidas para garantizar el acceso efectivo a los servicios de toma de decisiones con apoyo?
   1. ¿Existen en su país otras garantías jurídicas para el pleno ejercicio de la capacidad jurídica en la vejez?

Datos e impacto

4. ¿A qué retos (formales e informales) se enfrentan las personas de edad en el ejercicio de su capacidad jurídica y en qué contextos?
5. ¿Cuáles son los impactos sobre los derechos humanos a los que se enfrentan las personas de edad como consecuencia de estar privadas de capacidad jurídica?
6. ¿Existen encuestas nacionales u otro tipo de información sobre las experiencias de las personas de edad privadas o en riesgo de ser privadas de su capacidad jurídica? En caso afirmativo, facilite cifras y datos.

Interseccionalidad

7. ¿Cómo influyen otros factores (es decir, el género, el sexo, la raza, la etnia, el idioma, la identidad indígena, la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la condición social, el lugar de origen y la condición de inmigrante) en el disfrute del derecho de las personas de edad a la capacidad jurídica?
8. ¿Cómo influyen estos factores en los impactos sobre los derechos humanos a los que se enfrentan las personas de edad como consecuencia de estar privadas de capacidad jurídica?

Acceso a la justicia

9. ¿Qué canales existen para que las personas de edad puedan solicitar reparación por la denegación de su derecho a ejercer su capacidad jurídica o su consentimiento informado?

Acceso a la información y sensibilización

10. ¿Tienen las personas de edad acceso a información proporcionada de forma accesible sobre las opciones para manifestar su elección, para apoyarles y para evitar abusos en su proceso de toma de decisiones?

Acceso a medidas y servicios de apoyo

11. Sírvase proporcionar ejemplos de buenas prácticas para prestar apoyo y prevenir el abuso en el ejercicio de la capacidad jurídica y el consentimiento informado entre las personas de edad, incluidos los servicios de apoyo, las directivas anticipadas jurídicamente vinculantes para expresar su voluntad y sus preferencias y el asesoramiento jurídico, entre otros.
12. Facilite información sobre la disponibilidad y las limitaciones de estas medidas (por ejemplo, si sólo están disponibles en determinados entornos, si son accesibles o asequibles, etc.).

¿Cómo se utilizarán las contribuciones?

Las propuestas se publicarán en la página web de la Experta Independiente en el momento de la publicación del informe, salvo aquellas que incluyan una solicitud clara de no divulgación pública.